La Policía Nacional ha detenido a ocho personas en Toledo al desarticular un grupo delictivo dedicado al empadronamiento fraudulento de hasta 289 extranjeros en dos domicilios y un local en el último año. La operación Aladín se inició a mediados de 2023 cuando el Ayuntamiento de Talavera de la Reina comunicó al Cuerpo sus sospechas sobre la veracidad de algunos empadronamientos que se habían tramitado, según se ha informado.
Los arrestados formaban una red que captaba inmigrantes en situación de necesidad. Así, se les cobraba por los empadronamientos, además de ofrecerles altas en la Seguridad Social mediante contratos ficticios a cambio de una contraprestación económica.
En un principio fue la Brigada Local de Extranjería y Fronteras la que comenzó con el análisis de la documentación, pero después se incorporaron los investigadores de la Brigada Local de Policía Judicial. Los agentes averiguaron que uno de los principales responsables del grupo delictivo se dedicaba a empadronar de forma masiva inmigrantes en tres domicilios, llegando a registrarse en el último año 166 personas en una vivienda, 108 personas en un local comercial y otras 15 personas en un tercer domicilio.
Los empadronamientos se realizaban con burdas falsificaciones o bien presentando denuncias manuscritas de sustracción de documentación. La red contaba con la colaboración de dos personas en el padrón municipal, quienes actuaban bien por acción o bien por omisión. Otro de los principales investigados utilizaba su empresa para dar de alta a los inmigrantes en la Seguridad Social, realizando contratos de trabajo ficticios para que pudieran solicitar las correspondientes tarjetas de residencia y trabajo, así como beneficios y ayudas sociales.
Eran conscientes de la ilegalidad
También había otros miembros del grupo dedicados a captar inmigrantes en situación irregular interesados en estos trámites. A su vez, algunos ofrecían sus inmuebles vacíos para que figurasen en ellos los empadronamientos.
Todos los componentes de este grupo actuaban con ánimo de lucro y eran totalmente conocedores de la actividad ilícita que llevaban a cabo, por la que cobraban entre 50 y 5.000 euros por llevar a cabo las tareas asignadas dentro de la organización. En el registro de uno de los domicilios y una oficina, se encontró gran cantidad de documentación y se intervinieron teléfonos móviles y un ordenador.
Las ocho personas han sido detenidas por favorecer la inmigración ilegal, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y delitos contra la Administración de Justicia y la Administración Pública. En esta operación han participado, asimismo, la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) con sede en Madrid.
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