Las violencias machistas no solo tienen un impacto en las mujeres víctimas, sus familiares o la sociedad. También afectan a la economía de un país, mediante los recursos que se destinan a reparar el daño, pero también por las consecuencias indirectas que acaban abarcando a múltiples espacios. En España, solo la violencia de género y las violencias sexuales fuera del ámbito de la pareja, implican un coste de casi 5.000 millones de euros, lo que supone el 0,37% del PIB del país. Unos 104 euros per cápita, según el estudio Impacto de la violencia de género y de la violencia sexual contra las mujeres en España: una valoración de sus costes en 2022, elaborado por el Ministerio de Igualdad.
Se trata de la segunda edición del estudio que ya se realizó en 2019 y que en esta ocasión incorpora también estimaciones de los costes de la violencia sexual contra las mujeres fuera del ámbito de las relaciones de pareja. Concretamente, la investigación estima que estas dos formas de violencia contra las mujeres supusieron un "coste tangible" de hasta 4.933 millones de euros en 2022: 4.085 millones por la violencia de género (en el ámbito de la pareja o expareja) y 848 millones por la violencia sexual fuera de la pareja.
"El estudio pone de relieve, de manera incuestionable, el elevado coste económico que tiene el impacto de las violencias contra las mujeres. Y este precio lo pagamos toda la sociedad", ha aseverado este jueves la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, durante la presentación de los principales resultados del informe.
En definitiva, el objetivo principal del estudio es calcular la cuantía que implica no reducir o erradicar la violencia machista, así como estimar las ganancias que se derivarían de hacerlo. El informe, realizado por un equipo multidisciplinar del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, establece dos enfoques: el microeconómico y el macroeconómico. En cuanto al primero, valora los costes directos que soportan aquellos actores que, de alguna forma, están involucrados o más próximos a la violencia. Entran ahí los costes "tangibles", que tienen un valor de mercado, como podrían ser los que se dan en el ámbito laboral-productivo, sanitario o legal-policial.
El precio del dolor
"De forma separada, se ha realizado también una aproximación a los costes intangibles de ambas formas de violencia. En este caso, son costes emocionales y aunque se trata de monetizar para no invisibilizarlos, es verdad que son más complejos de encontrar un valor adecuado", ha explicado Elena Mañas, profesora titular de Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá e investigadora del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES).
La horquilla de estos costes intangibles —que no se han agregado a los demás—, según el estudio, va de los 5.000 a los 8.000 millones de euros al año. "Incluyen, por un lado, la estimación del dolor y sufrimiento de las mujeres y sus hogares, así como las pérdidas de ingreso debido a las muertes prematuras de las mujeres víctimas de violencia de género, pero también de los agresores", ha precisado María Gallo, también profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá y subdirectora del IAES.
"Cuesta poner precio al dolor, pero hay que ponérselo. El dolor tiene un precio, y a través de estudios de este tipo se intenta calcularlo. Porque el sufrimiento de las mujeres, de los hijos… hay que estimarlo", ha aseverado la delegada del Gobierno.
El 85% de los costes lo soporta el sector público
En cuanto al enfoque macroeconómico, las investigadoras lo han aplicado únicamente a la violencia de género. "Esta perspectiva va más allá de los costes directos, y permite también estimar los efectos en cadena que ocasionan estos costes directos en el conjunto de la economía", ha detallado Mañas. La profesora de la Universidad de Alcalá (UAH) ha precisado que este enfoque aborda también los impactos que tienen otros actores y sectores que no están tan vinculados con las violencias machistas, pero que sufren los efectos indirectos, "por las relaciones intersectoriales que funcionan dentro de la economía".
Así, por categorías, el ámbito legal, policial y sanitario son los que reúnen los costes más elevados de la violencia de género, seguidos del laboral-productivo. Y, por tipos de agentes, los que soportan los mayores costes económicos son el sector público (en torno al 85% del total), seguido de las víctimas (8,2%) y los empleadores (5%). Dentro de los gastos públicos se engloban los pagos directos realizados por las administraciones a causa de la violencia de género, como las prestaciones por desempleo, las bajas laborales, la asistencia sanitaria, la atención jurídica gratuita o el coste de los procesos judiciales.
Pero están también los "costes de oportunidad y renuncia", que derivan de la pérdida de ingresos por una menor actividad laboral femenina, "y la consecuente merma en las cotizaciones sociales que supone para el sector público", ha detallado Gallo.
En el caso de las mujeres víctimas, la violencia de género tiene un coste tanto para las que están empleadas como para las que realizan actividades domésticas o de cuidado no remunerado. Son también costes derivados de desembolsos directos —penalizaciones salariales por permisos de trabajo o los costes que tienen que afrontar por traslados o mudanzas—; y de oportunidad, por esa menor actividad laboral femenina.
"Invertir en políticas de prevención de dichas violencias, puede repercutir en menores costes directos e indirectos que supondrían o bien un ahorro en los presupuestos públicos o bien la posibilidad de asignar dichos recursos económicos a usos óptimos", reza la investigación.
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