El envejecimiento de la población es uno de los grandes retos —si no el mayor— que afrontarán las finanzas públicas españolas en las próximas décadas. En menos de 30 años, los españoles en edad de retirarse aumentarán de 9,7 a 16 millones, con el consiguiente incremento en el gasto en prestaciones públicas que habrá que atender. En este panorama, los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), advierten de que las últimas reformas introducidas en el sistema de pensiones son "especialmente preocupantes", dado que —en su opinión— "han aumentado el gasto en mucho mayor medida que el ingreso".
La reforma de las pensiones introduce nuevas medidas para captar ingresos, que se pueden resumir en tres: una subida de las cotizaciones escalonada para todos los trabajadores, el destope de las bases máximas de cotización y un recargo de cotización para los salarios más elevados. Con ellas se pretende compensar el aumento de gasto que implicará la tendencia demográfica y el blindaje del poder adquisitivo a los pensionistas.
También incluye un nuevo sistema de incentivos para potenciar la jubilación activa, es decir, para que se pueda compatibilizar el trabajo con cobrar una pensión a la vez una vez ha llegado ya la edad de retirarse. En Fedea consideran que en este último punto hay mucho margen de mejora y que las medidas que ha adoptado el Gobierno "no han supuesto un cambio radical respecto a la legislación previa".
Por ello, los investigadores de Fedea plantean un nuevo modelo de jubilación activa que unifique las tres modalidades que existen actualmente y que haga plenamente compatible trabajar y poder cobrar una pensión. "Por norma general, la percepción de una pensión es incompatible con el trabajo retribuido", defienden desde este centro de estudios, financiado en buena parte por varias de las grandes empresas cotizadas del país, pero que cuenta con investigadores de prestigio en sus filas.
La idea es dar incentivos a los trabajadores para que, una vez cumplida la edad legal de jubilación, no desconecten por completo del mercado laboral. Así, se conseguiría amortiguar el aumento del gasto en pensiones y reforzar los ingresos. "La única vía para afrontar con éxito el reto del envejecimiento pasa necesariamente por utilizar parte de las ganancias de longevidad para producir y generar riqueza, alargando la vida laboral", señalan.
Para ello, se propone una transición a la jubilación que sea gradual, adaptada a cada profesión y flexible. Y que, en todo caso, permita que el trabajador sea quien decida si quiere seguir trabajando una vez cumplidos los requisitos para retirarse y cómo combina su pensión con las horas que realiza.
En la misma línea, plantean que los empleados que decidan seguir trabajando cuando les llegue la hora de jubilarse coticen con la misma escala que el resto de españoles. Con el sistema actual, cuando se entra en la jubilación activa o la demorada, se deja de cotizar o se hace a una tasa muy reducida. La propuesta de Fedea implicaría que la pensión de los afiliados que decidan retrasar su jubilación o compaginarla con el empleo se recalcularía una vez finalizado la extensión de la vida laboral. Así, se reforzaría el incentivo a recibir una pensión más elevada si se alargan los años trabajando.
Nuevo contrato sin indemnización por despido
Uno de los grandes obstáculos que enfrenta el plan de Fedea es la reticencia de las empresas a prolongar la vida laboral de sus trabajadores una vez han cubierto los requisitos exigidos para jubilarse con plena pensión. Acceder a ello puede implicar mantener a un empleado que en muchos casos ha acumulado una gran indemnización por despido, lo que dificultaría su salida en caso de que la compañía decidiera prescindir de sus servicios.
Para salvar este obstáculo, en Fedea plantean crear un nuevo tipo de contrato para todos las personas que decidan seguir trabajando pese haber completado su carrera de cotización. Un contrato que no generaría costes indemnizatorios y que permitiría mantener el empleo, ya sea a tiempo completo o con menos horas, en la misma empresa u otra y sin límites de salario. "La pensión sería plenamente compatible con cualquier salario o renta", agregan.
La ausencia de indemnización por despido se justificaría en que el empleado ya tiene la seguridad de que si se queda en paro cobrará su pensión. El contrato sí fijaría un periodo mínimo de preaviso al trabajador y a la empresa para romper libremente el contrato en caso de que alguna de las partes lo buscase.
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