El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha cargado este miércoles contra la filtración de un informe interno que elaboró uno de sus miembros, el fiscal Álvaro Redondo, en favor de la imputación de Carles Puigdemont por terrorismo, para después presentar un informe oficial en sentido contrario. "Los documentos de trabajo pertenecen a la absoluta privacidad del ámbito en que se han realizado. Si se ha traicionado esta privacidad, si tenemos que tener cuidado hasta con qué compañero hablamos, tenemos un problema", ha señalado García Ortiz.
Acto seguido, ha afirmado que el único informe que él conoció durante la reunión que mantuvo con Redondo el pasado martes es el que finalmente se trasladó, ese mismo día, a la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo. "Lo demás, por supuesto, son especulaciones", ha zanjado en relación a las informaciones que apuntan hacia posibles presiones por parte del fiscal general para que Redondo cambiase el sentido de su borrador, que finalmente fue desestimado por la junta de fiscales este martes.
Este organismo tenía la encomienda de elaborar un texto que definiera el criterio de la Fiscalía en respuesta a la petición que trasladó en noviembre el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El magistrado solicitó que se investigue allí la implicación de Carles Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg en las presuntas acciones terroristas de Tsunami Democràtic. Al estar ambos aforados, la Sala de lo Penal del Supremo es la única competente para investigarlos.
Sobre esta petición, Álvaro Redondo, encargado de elaborar un borrador para someterlo a votación en la junta, elaboró un primer documento en el que apreciaba indicios de que el expresident estaba involucrado en estos actos, que según escribió podrían encajar en el delito de terrorismo. Este borrador, según ha indicado el propio Redondo, no era oficial. Así que más adelante, tras un "exhaustivo análisis", ultimó un documento contrario a la imputación de Puigdemont. Este informe es el que mostró a la junta de fiscales el pasado martes tras reunirse, esa misma mañana, con el fiscal general del Estado.
Ambos informes fueron filtrados durante el fin de semana, lo que propició una polémica en torno al cambio de criterio de Redondo y la posibilidad de que Álvaro García Ortiz hubiera influido en el mismo. Una idea que el fiscal general ha negado tajantemente al afirmar que él "no miente" y que no conocía el primer borrador.
Tras la votación de este martes, en la que la mayoría de la junta de fiscales rechazó la propuesta de Álvaro Redondo, y ante la discrepancia de los dos fiscales jefes, la decisión se ha elevado en el escalafón. Así que será María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo, quien tenga la última palabra sobre el criterio de la Fiscalía en torno a la posible imputación de Puigdemont por un delito de terrorismo.
El hecho de que la decisión recaiga sobre Sánchez Conde, la número dos de la Fiscalía, ha provocado a su vez una nueva controversia cuando uno de los fiscales del Tribunal Supremo, Salvador Viada, ha señalado que hay una maniobra para que "resuelva el fiscal general del Estado". Al respecto, García Ortiz ha pedido que dejen trabajar "en paz" a la teniente fiscal.
"Los instrumentos de la Fiscalía funcionan, ya veremos cuál es el sentido de quien tiene el difícil encargo de resolver las controversias que, como en cualquier otra institución, ocurren en la Fiscalía española", ha subrayado el fiscal. "A esta persona que tiene esa encomienda, nada menos que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la número uno real de la carrera, hay que dejarla trabajar en paz", ha insistido.
Finalmente, ha defendido que si los fiscales no son capaces de generar "espacios de tranquilidad", si no reconocen la profesionalidad en sus superiores", están "en el camino equivocado".
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