Pedro Sánchez se mostró este lunes "convencido" de que la ley de amnistía "va a salir". Lo hizo en una entrevista televisiva y en el comienzo de una semana en la que empiezan a correr los 15 días que tienen PSOE y Junts para ponerse de acuerdo tras rechazar estos últimos la aprobación definitiva de la medida de gracia hace pocos días. Sin embargo, otros miembros del Ejecutivo no son tan optimistas: comienzan a trasladar dudas mientras se enrocan en su decisión de no ampliar más el articulado como piden los posconvergentes y admiten que es "complicada" la reforma legal para acortar el tiempo de instrucción de los jueces que el presidente del Gobierno lanzó como oferta a los de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia.
Ayer, el Congreso fijó el nuevo calendario para la ley de amnistía: la Comisión de Justicia del Congreso tiene hasta el 21 de febrero para aprobar un nuevo dictamen -aunque se podrá prorrogar dos semanas más-. Y las posiciones siguen enrocadas. Los socialistas, temerosos de que el Tribunal Constitucional termine tumbando la amnistía si se realiza algún cambio más, rechazan incluir todo tipo de terrorismo -en el articulado actual está contemplado que los acusados o condenados por este tipo penal podrán acogerse siempre y cuando no hayan supuesto una violación "grave" de los Derechos Humanos- o el delito de traición. Las pretensiones de Junts siguen pasando por una amnistía "integral", toda vez que la inclusión de Puigdemont está en duda: fiscales del Supremo consideraron ayer por mayoría que hay indicios de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic y el juez del 'caso Voloh' continúa investigando sus posibles lazos con Rusia.
"Sería una pena que no se aprobara", comenta uno de los ministros con más peso político del Ejecutivo, que traslada en privado ciertas dudas sobre si el PSOE logrará finalmente aprobar la ley. Pese a las expectativas del Gobierno de agotar la legislatura, la amnistía es el principal punto que mantiene a Sánchez en la Moncloa, pues los siete diputados de Junts son clave en cada votación y, como deslizan las fuentes gubernamentales, hay posibilidades de que no salga adelante. Las mismas insisten en varias ocasiones en que no hay margen para contentar a Junts con nuevas concesiones en el articulado.
En ese contexto, el presidente del Gobierno propuso a los independentistas una reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal para acortar los tiempos que los jueces instructores tienen para investigar. Lo ofreció, incluso, pese a que podría suponer la reversión de una medida que aprobó el propio Sánchez en la anterior legislatura y que vendió entonces como un paso para luchar "contra la impunidad y la corrupción". "Es un tema que está sobre la mesa", admitió Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, este martes. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros apuntó que "todos somos conscientes de que las instrucciones se alargan" y que es una medida que "va muy en línea de los pasos que ha dado el Gobierno". Asimismo, insistió en que la negociación recae ahora en las formaciones políticas y dijo desear que se apruebe la ley porque es "constitucional, valiente, reparadora y acorde al derecho europeo".
Eso sí, también es un movimiento que desde el Gobierno se ve "complicado" de llevar a cabo, tan solo un día después de que Sánchez lo planteara. Las fuentes consultadas explican que se ha de encontrar un punto de equilibrio para que los jueces tengan todas las herramientas para poder investigar sin que "te puedan tener en un proceso metido durante 15 años". Además, esta propuesta necesitaría la convalidación del Congreso y no todos los socios parlamentarios están de acuerdo. Sumar también pidió "un equilibrio" y Podemos directamente lo rechazó. ERC, la otra gran pata del independentismo catalán, respondió pidiendo no "entretenerse" y exigiendo que se apruebe ya la amnistía.
Por su parte, desde Junts se mostraron prudentes. Lógico, según miembros del Gobierno, que creen que los posconvergentes pagarían muy caro en las urnas rechazar la medida de gracia y ahora deben hacer un giro argumentativo si se proponen dar su sí. Sobre la propuesta del presidente, Laura Borrás, presidenta de Junts, pidió esperar a "los expertos que están trabajando sobre el tema", que "valorarán cualquier cuestión". En una entrevista en RTVE, insistió este martes en que la ley todavía no es lo suficientemente "robusta" si quedan fuera "familias con represalias sin amnistiar". Además, aseguró que hasta que no se apruebe la medida de gracia, no habrá Presupuestos, la ley más importante que deberá aprobar la coalición si pretende seguir gobernando.
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