La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido inadmitir el recurso que planteó Vox contra los nombramientos del exministro Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso, que formó parte del Ministerio de la Presidencia, como magistrados del Tribunal Constitucional. El alto tribunal ha fallado conforme al criterio de la Abogacía del Estado y a su propia doctrina al considerar que un partido político no está legitimado para recurrir una decisión discrecional del Gobierno.
La Abogacía del Estado destacó que Vox no está legitimado para impugnar el nombramiento discrecional de Campo y Díez porque no tiene "un interés legítimo", y así lo ha refrendado este martes el Supremo. Al contrario, Vox sostuvo que negarle esta posibilidad de recurso sería cercenar el control jurisdiccional al Poder Ejecutivo.
Los nombramientos de ambos magistrados, no exentos de polémica y críticas por parte del Partido Popular, tuvieron lugar a finales de 2022 junto a los de César Tolosa y María Luisa Segoviano, propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A mediados de ese mismo año el Gobierno reformó la ley orgánica del Poder Judicial para permitir que el Consejo (capado en sus funciones por estar caducado) nombrara a dos magistrados.
Solo de esta manera el Ejecutivo pudo nombrar a otros dos jueces, dado que la ley establece que el Constitucional se renueva por tercios cada tres años: cuatro jueces los nombra el Congreso de los Diputados, otros cuatro el Senado y los últimos cuatro se reparten entre el Gobierno y el CGPJ.
Con la última renovación, el Ejecutivo logró cambiar el equilibrio de poderes en el Constitucional y, además de conformar una mayoría progresista, aupó al órgano de garantías a dos magistrados que recientemente habían formado parte del Gobierno. Campo y Díez han sido desde entonces objeto de muchas recusaciones, que son el mecanismo por el que un juez queda apartado de un debate en el tribunal de garantías al apreciarse un conflicto de intereses.
El exministro de Justicia, por ejemplo, deberá apartarse del debate sobre la ley de amnistía si la norma acaba sometida a debate en el Pleno del tribunal, porque que estando en el Gobierno elaboró un informe sobre los indultos en el que subrayó que la amnistía es "claramente inconstitucional".
Ahora que el Gobierno y el Partido Popular han retomado las negociaciones para la renovación del CGPJ, los de Génova pretenden incluir en el acuerdo una reivindicación que nació precisamente a raíz de los nombramientos de Campo y Díez: la prohibición de nombrar discrecionalmente para ocupar puestos en la cúpula judicial a personas que hayan ocupado cargos políticos en los últimos cinco años.
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