El reloj se ha puesto en marcha. Después del bloqueo a la ley de amnistía vivido en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles, el PSOE y Junts tienen 15 días para buscar un punto de acuerdo que salve una medida de gracia que fue la piedra angular del pacto de investidura del presidente Pedro Sánchez y del que depende la duración de la legislatura, que podría llegar a su fin a partir del 29 de mayo, cuando se cumpla un año de la última disolución de las Cortes. Es un escenario poco probable en la actualidad, aunque para que el articulado salga adelante, posconvergentes y socialistas deberán encontrar un punto medio entre la amnistía "integral" que piden los primeros y los "cambios técnicos" que están dispuestos a hacer los segundos, que no concretan a qué se refieren. En todo caso, el punto de partida serían las enmiendas de Junts que el PSOE ya rechazó.
Lo poco que está claro en lo relativo a la medida de gracia -que fue rechazada por Junts, cuyos juristas participaron en la redacción de una norma que habían apoyado hasta en cuatro ocasiones anteriormente, como recordaron los socialistas- es que PSOE y Junts seguirán hablando. "Nunca se deja de negociar", apuntó este miércoles María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, sabedora de que la estabilidad del Gobierno bicolor depende de los siete diputados de Junts. Si contando con su supuesto apoyo el Ejecutivo ya está comenzando a vivir sesiones parlamentarias infernales -con dos votaciones perdidas en menos de 20 días- sin ellos el Ejecutivo contaría con poca vida, aunque desde la formación afincada en Ferraz recuerdan que la competencia sobre cuánto durará el Gobierno solo la tiene el propio presidente.
En RAC1, emisora catalana, la también vicesecretaria general del PSOE mandó un mensaje muy claro a los de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia: "Lo que toca es que recapaciten" porque la ley es "impecable". No obstante, sí dio pie a introducir cambios en el articulado, siempre que no sean de gran calado. "Siempre hemos dicho que el texto puede incorporar enmiendas que mejoren su calidad, pero no podemos poner en cuestión la seguridad jurídica de la norma", añadió Montero, que se negó a que la amnistía fuera "integral", una condición que los de Junts dicen que es sine qua non.
No es lo único que piden los posconvergentes. "La ley tiene que ser integral, para todo el mundo, y de aplicación inmediata", dijo -antes y en la misma emisora- Jordi Turull, secretario general de Junts. Esto último, según el PSOE, tampoco es posible. "Esa segunda cuestión no es compatible con nuestro derecho y nuestro ordenamiento jurídico, el Estado de derecho tiene todos los recursos para que, en caso de que haya una discrepancia sobre quién se puede acoger o no, se puedan interponer los recursos oportunos", apuntó Montero, que alertó sobre el peligro de que la ley termine siendo inconstitucional.
El margen de acuerdo, pues, es reducido. Pero existe. Según explican fuentes parlamentarias, pese a que el Pleno rechazó el martes las enmiendas de Junts, es una negativa que también decae al no aprobarse definitivamente la ley. Por lo tanto, quedan vivas varias enmiendas de Junts, que podrán transaccionarlas aunque no incluir nuevas. "Solamente se pueden hacer cambios sobre estas enmiendas, que son las que quedaron vivas antes del pleno", añaden dichas fuentes.
Así las cosas -y sin contar las enmiendas que mantienen las formaciones independentistas en conjunto-, Junts cuenta con once posibles cambios a la ley, de los que cinco son los rechazados públicamente por el PSOE: los referidos a que la ley se aplique nada más entrar en vigor -quitando efectividad a la cuestión prejudicial que pueden solicitar los jueces que no estén de acuerdo con la aplicación de la amnistía según el caso-. En otra de las enmiendas, los posconvergentes piden retocar el capítulo de exclusiones para eliminar la diferenciación de los actos de torturas porque "no existe una escala de gravedad de los delitos de torturas: o es degradante o no lo es".
En este mismo capítulo, piden no excluir los actos tipificados como delitos de terrorismo. El PSOE transigió y aceptó incluir algunos casos de terrorismo en la amnistía siempre que no supusieran "una violación grave de los Derechos Humanos" y Junts pide no excluirlos en ningún caso. Cabe recordar que el juez Manuel García Castellón pide investigar a Puigdemont por terrorismo, al igual que a las organizaciones independentistas CDR o Tsunami Democràtic. Hasta el momento, los socialistas se han negado a incluir el terrorismo al completo en la ley.
Los de Puigdemont también quieren ampliar el periodo que abarque la amnistía desde el 1 de noviembre de 2011 -dos meses más, puesto que actualmente está fijada para el 1 de enero de 2012- e incluir los actos "atribuidos" en base a "operaciones policiales artificiosas orientadas a la criminalización de cargos públicos", también de "colaboradores" aunque no estén directamente "vinculados" al procés, un planteamiento que podría ir dirigido a personas como la presidenta de Junts, Laura Borrás -condenada por corrupción- o Gonzalo Boye, el abogado del expresident. Además, solicitan el retorno de las multas económicas, como las impuestas por comunidades autónomas "en materia de mantenimiento de la seguridad ciudadana" y la extinción de los procedimientos tramitados en el Tribunal de Cuentas, aunque la condena sea firme.
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