La oposición de las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares a los planes del Gobierno para empezar a cerrarlas a partir de 2027 ha vuelto a resonar esta semana. El expresidente del Gobierno Felipe González fue hace unos días el altavoz en defensa de esta energía que en España afronta un calendario de cierre que clausurará la última en 2035. Mientras el Gobierno se reafirma en sus planes y no piensa modificar el calendario, las eléctricas batallan en contra del "extracoste" del 40% en la gestión de los residuos que dejarán el cierre de las centrales, aunque sin tensar demasiado la cuerda en un momento en el que se mantienen expectantes -y sin información- sobre el rediseño por parte del Ministerio de Hacienda del impuesto a las energéticas que debe incluirse en los Presupuestos Generales del Estado para 2024, que permanecen atascados debido al nuevo retraso de la ley de amnistía.
Todos estos elementos entran en juego en los últimos movimientos del sector de la energía nuclear, que volvieron a primera línea de la actualidad el lunes pasado, cuando el expresidente del Gobierno Felipe González atacó las energías renovables y equiparó sus residuos con los radiactivos que dejan las centrales. En un acto en Sevilla sobre incendios forestales, afirmó que la energía nuclear es "la menos contaminante" y aseguró que contra ella "hay una corriente de opinión enorme" que "se fundamenta en que no sabemos qué hacer con los residuos nucleares". "¿Tienen razón?, Sí. Pero ¿qué vamos a hacer con los residuos de las plantas fotovoltaicas o con los residuos de los aerogeneradores cuando terminen su vida útil".
Al día siguiente, desde el PSOE, Cristina Narbona dio una respuesta indirecta a estas palabras, al asegurar que "no hay otra opción que no sea la descarbonizar con el uso de energías renovables". La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, por su parte, se mantiene en sus planes para el cierre de las centrales, según un calendario que empezará en 2027 por Almaraz 1 para terminar en 2035 con la clausura de Trillo y Valdellós II.
Lo que sí ha hecho es modificado el coste previsto para la gestión de los residuos radioactivos, que corresponde pagar a las propietarias de las centrales, compañías eléctricas como Iberdrola o Endesa a través de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa). Este "extracoste", como lo califica Foro Nuclear, se confirmó el pasado mes de diciembre, cuando el Gobierno aprobó el 7ª Plan General de Residuos Radiactivos. Además de dar carpetazo definitivo al proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) que planificó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en Villar de Cañas (Cuenca) y en su lugar apostar por siete almacenes, uno al lado de cada central, como paso previo al megaproyecto que supondrá la construcción de un Almacén Geológico Profundo, este nuevo Plan elevaba un 40% el coste de gestionar los residuos radioactivos que pagan las eléctricas propietarias de las centrales con respecto al que se pactó en 2019.
Aumento de los costes un 40%
El planteamiento del Ministerio es que los costes han aumentado desde entonces y que la subida no afectará sustancialmente a la cuenta de resultados de unas empresas que han tenido grandes beneficios al cobrar la electricidad generada con nuclear -de la más baratas- a precio del gas cuando este estaban por los aires. Por el contrario, las eléctricas, agrupadas en el Foro Nuclear, han empezado el año intensificando su protesta en contra de unos "extracostes que suponen un cambio sustancial" de las condiciones pactadas en 2019. Además, recuerdan que ya se pactó un incremento de la llamada Tasa Enresa del 20%, que eleva el aporte anual a 450 millones de euros.
"Las soluciones adoptadas en el nuevo Plan suponen un coste muy superior al previsto inicialmente debido a la falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas y, por tanto, en ningún caso deberían imputarse dichos sobrecostes a las centrales nucleares", denunció hace unas semanas Foro Nuclear, que también exigió al Gobierno trabajar para tener listo el Almacén Geológico Profundo antes de 2050. En términos más amplios, volvió a reclamar que se mantenga el parque nuclear español, toda vez que la COP28 de Dubái que se celebró en diciembre incluye a la nuclear como energía limpia que, junto con las renovables, facilitará el camino hacia el final de los combustibles fósiles que pactaron allí los gobiernos del mundo.
A través de Foro Nuclear, las eléctricas propietarias de centrales consideran que no tienen por qué cubrir unos costes que superan los pactados anteriormente y que deben mantenerse "las reglas del juego". Aunque el mensaje es el mismo desde que conocieron las intenciones del Ministerio, tras aprobarse el Plan en diciembre han empezando el año alzando la voz y reclamando más información a Ribera, para intentar presentar alegaciones al documento. Para ello, tras reclamarla a Transición Ecológica, Foro Nuclear ya está estudiando la Memoria del fondo de residuos radioactivos, para preparar y presentar alegaciones en contra, al mismo tiempo que se reprocha al Ministerio que no haya más comunicación sobre estas cuestiones.
A pesar de que aguas nucleares vuelven a bajar revueltas, las propietarias de las centrales nucleares limitan de momento su oposición al aumento del fondo de residuos a esta gestión y a petición de más información al respecto, en una actitud que desde el sector se interpreta como una manera de mantener la tensión sobre el Gobierno, a pesar de que existen nulas posibilidades de que este Ejecutivo vaya a cambiar sus planes de cierre. Sí podría hacerlo un eventual Gobierno del PP, si terminara la legislatura y pasara a gobernar un partido que cree que no debería desaprovecharse una fuente de energía, limpia y que ofrece una generación constante de electricidad, que ahora supone alrededor del 20% del mix español.
Sin pistas del rediseño del impuesto
En la situación actual, sin embargo, no hay previstos más pasos más allá de presentar alegaciones en un momento, para no tensar demasiado la cuerda en un momento en el Ejecutivo tiene entre manos otra decisión financiera que afectaría más a las compañías, el rediseño del impuesto energético para que puedan deducirse inversiones en transición ecológica.
Al mismo tiempo que prorrogaba un año más -al ejercicio de 2024- la aplicación de este gravamen que en principio se creó por dos años en plena crisis de precios de la energía, en diciembre pasado el Gobierno lo prorrogó un año más y se comprometió a reformarlo mientras, para hacerlo permanente pero también dar la posibilidad de reducirlo a cambio de invertir en renovables con unos detalles que quedarían plasmados en los todavía inciertos Presupuestos Generales del Estado para 2024.
Fuentes del sector eléctrico afirman que no tienen pistas sobre los planes del Ministerio de Hacienda al respecto, a lo que se suma el nuevo elemento de incertidumbre que abrió este martes el rechazo en el Pleno del Congreso -particularmente por los votos en contra de Junts- de la proposición de Ley de Amnistía, que ahora regresará durante 15 días a la comisión de Justicia del Congreso. De la aprobación de esta ley depende que los de Carles Puigdemont den su necesario apoyo a los Presupuestos y el Gobierno mantiene en un cajón el proyecto de ley que sacará de dudas sobre el impuesto a las energéticas.
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