La ley de amnistía encara los últimos pasos de su tramitación para ser aprobada en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja dará este martes luz verde a la proposición de ley, que ahora tendrá que pasar al Senado, donde la mayoría absoluta con la que cuenta el PP podrá retrasar su puesta en marcha hasta dos meses, aunque no bloquearla indefinidamente. Y lo hará, previsiblemente, sin más cambios con respecto a los ya pactados la semana pasada por el PSOE y Sumar con Junts y ERC, entre otras cosas porque el reglamento del Congreso dificulta que se aprueben nuevas modificaciones que no se hayan acordado ya, tras meses de tramitación.
La semana pasada, los partidos que forman parte del Gobierno y sus socios nacionalistas e independentistas pactaron y aprobaron por sorpresa una enmienda con un fin muy claro: blindar la posibilidad de que la medida de gracia se pueda aplicar al expresident fugado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Básicamente, lo que plantea esa modificación es que la futura ley de amnistía se podrá aplicar a los investigados y condenados por delitos de terrorismo relacionados con el procés de independencia de Cataluña siempre y cuando estas acciones no "hayan causado violaciones graves de Derechos Humanos", es decir, no hayan atentado contra el derecho a la vida o tengan que ver con las torturas.
Este cambio no es baladí habida cuenta de que el juez Manuel García Castellón quiere investigar a Puigdemont por un delito de terrorismo para esclarecer la muerte por un paro cardíaco de un turista francés en octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat, durante unas protestas convocadas por la organización independentista Tsunami Democràtic, o por las graves heridas que sufrieron varios policías en los incidentes violentos ocurridos esos días en las calles de Barcelona.
Esa modificación en la proposición de ley y otros cambios menores fueron los únicos pactados por el PSOE, Sumar y los independentistas. Al no haber conseguido llegar a un acuerdo sobre el resto de los cambios que habían propuesto, ERC y Junts mantuvieron vivas el resto de sus enmiendas, lo que en el argot parlamentario significa que forzarán que vuelvan a debatirse y votarse en la sesión plenaria del próximo martes, en la que se dará luz verde a que la amnistía pase al Senado.
En esas enmiendas, Junts pide ampliar el periodo que abarque la amnistía, desde el 1 de noviembre de 2011 —dos meses más— o añadir una disposición adicional para garantizar que la ley se aplique de forma "inmediata" una vez aprobada por las Cortes Generales. Además, los de Puigdemont buscan ampliar los actos englobados en la norma, incluyendo los "atribuidos" en base a "operaciones policiales artificiosas orientadas a la criminalización de cargos públicos". Acotan que se han de amnistiar actos de "colaboradores" aunque no estén directamente "vinculados" al procés, un planteamiento que podría ir dirigido a personas como la presidenta de Junts, Laura Borrás —condenada por corrupción— o Gonzalo Boye, el abogado del expresident.
El PSOE se muestra ambiguo
Este viernes, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, respondió de manera ambigua al ser preguntado por si habría nuevos cambios en la ley de amnistía antes de que fuera aprobada el martes en el Congreso y se limitó a afirmar que "el PSOE está votando las enmiendas que aprueba y que pacta el PSOE". No obstante, el reglamento de la Cámara Baja da pie a interpretar que esa calculada respuesta es, en realidad, una fórmula para confirmar que no habrá más modificaciones en la norma, puesto que la normativa dificulta sobremanera transaccionar —en argot parlamentario, modificar antes de su votación una enmienda presentada tras el acuerdo entre el grupo proponente y otros— el mismo día en el que se vota definitivamente una proposición de ley en el Congreso.
En concreto, el artículo 118.3 del reglamento del Congreso establece que "solo podrán admitirse a trámite enmiendas de transacción entre las ya presentadas y el texto del dictamen cuando ningún grupo parlamentario se oponga a su admisión y ésta comporte la retirada de las enmiendas respecto de las que se transige". Es decir, que si el PSOE y Junts, por ejemplo, llegaran a un acuerdo de última hora para modificar y aprobar alguna de las enmiendas presentadas por los de Puigdemont, necesitarían que ni el PP ni Vox se opusieran a que fuera ese el texto que se sometiera a votación, algo que parece completamente imposible.
Por tanto, y salvo sorpresa mayúscula, la ley de amnistía será aprobada el próximo martes por el Congreso sin más cambios con respecto a los ya aprobados la semana pasada. Eso no significa, no obstante, que vaya a entrar ya en vigor. El texto aún tiene por delante toda la tramitación en el Senado, donde el PP aprobó hace unos meses una modificación reglamentaria que le permitirá levantar el carácter de urgencia de la ley que le concedió el Congreso y, por tanto, dilatar hasta dos meses —el máximo legal— su tramitación y votación. Con toda probabilidad, los populares utilizarán su mayoría absoluta en la Cámara Alta para expresar el rechazo del Senado a la norma, por lo que el Congreso deberá volver a someter a votación el texto para, esta vez sí, aprobarlo de manera definitiva.
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