Tres meses después de que la legislatura comenzase a andar, ya se ha abierto la batalla fiscal. El primer golpe lo asestaron este miércoles los presidentes populares de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana con un invitado estrella: Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y único socialista en la ecuación. Todos ellos denunciaron la "infrafinanciación" de sus comunidades y solicitaron 3.000 millones de euros, algo que el Gobierno ya ha rechazado porque supondría "romper el sistema". Además, Moncloa lo desvincula de la reforma de la financiación autonómica, en la que sigue insistiendo en que la postura de los 12 barones del PP no será común.
En el PP se muestran impasibles ante la maniobra del presidente manchego. Al fin y al cabo, ven razonable que cada comunidad defienda sus intereses particulares, y más aún cuando se trata de la financiación autonómica, que es el recurso más poderoso del que disponen para ejecutar proyectos en sus territorios. Tampoco hablan de batalla fiscal entre comunidades, sino de una búsqueda de financiación. "No pelean entre sí, sino que van contra el Gobierno".
Si bien el reclamo de los recursos económicos viene de décadas atrás, el PP cree que Pedro Sánchez ha desatado una mayor "preocupación" tras sus cesiones al independentismo. "Lo que no vamos a consentir es un reparto que parta de las migajas tras la entrega a Cataluña de lo que se pide en Ginebra", sostienen desde la dirección nacional en relación al prófugo Carles Puigdemont. Tras conocerse que el Gobierno ya ha pactado de forma bilateral condonar 15.000 millones de deuda a Cataluña -una medida a la que podrán acogerse el resto de autonomías, según Moncloa-, la pregunta que cabría esperar, según los populares, es si "alguien se atreve a decir que el reparto de los fondos económicos quede exento de las negociaciones con los socios".
De ahí que vean lógico que se unan presidentes de distintas siglas políticas, como ocurría este miércoles en Fitur, para defender sus intereses. Es más, recuerdan que el propio Alberto Núnez Feijóo en su etapa de presidente de la Xunta de Galicia lideró un frente de autonomías con intereses económicos similares, con dirigentes de otros signos políticos.
Por eso, en Génova no solo avalan que sus barones se dividan en este asunto y aseguran que no les preocupa pese a que Feijóo tenga como principal estrategia exhibir músculo territorial, sino que les animan a defenderse sabiendo, en todo caso, que todos "tendrán que ceder un poco" llegado el momento por el bien del resto de los territorios: "Sánchez tiene complicado callar tanto a dirigentes del PP como a los suyos, sean Page o [Adrián] Barbón, ya que [María] Chivite recita lo que le dicen".
En el Gobierno, no obstante, han puesto ya freno a las intenciones de Page, Fernando López Miras, Juanma Moreno y Carlos Mazón. El jueves, la ministra de Hacienda -que también es vicepresidenta primera- lo rechazó en el Congreso asegurando que esta cuestión ya se puso sobre la mesa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el pasado mes de diciembre "y el conjunto de las comunidades dijo que no". Dicho fondo superaría los 3.000 millones de euros. Fuentes cercanas a la vicepresidenta insisten en que supondría "romper el sistema".
Con todo, la "minicumbre" de Fitur ha amenazado con romper los planes de Moncloa, que pasan por aprovechar el gran poder autonómico del PP para dividir a los de Feijóo a través de la reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva caducado casi una década. Los populares gobiernan en 12 de las 15 autonomías afectadas por esta reforma -todas salvo Navarra y País Vasco- y, según fuentes del Gobierno, "será difícil que se pongan de acuerdo Alfonso Rueda, de Galicia, Isabel Díaz Ayuso, de Madrid, o Juanma Moreno, de Andalucía". Insisten ahora en esta idea para, además, repetir que solo realizarán la reforma cuando haya consenso. "Estamos esperando la propuesta unánime de los presidentes del PP", concluyen fuentes de Hacienda.
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