El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este lunes a las autoridades que devolvieron a menores migrantes de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 e incurrieron en una ilegalidad según ha confirmado este mismo lunes el Tribunal Supremo. Aunque ha manifestado su "respeto a todas las resoluciones judiciales", también ha señalado desde el Congreso de los Diputados que las devoluciones se llevaron a cabo con "el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor".
Acto seguido, Marlaska ha subrayado que "este es un principio que rige de una forma taxativa y expresa al conjunto de poderes del Estado" y ha insistido en que "en este caso, como en otros", las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trataron en todo momento de ajustarse a la legalidad.
No lo lograron, según la sentencia de 19 folios recién aprobada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal. El órgano judicial aprecia en las devoluciones una "violación de la integridad física y moral de los menores". Indica que las autoridades no se ajustaron a la ley de extranjería ni al Convenio Europeo de Derechos Humanos ni a la Convención de los Derecho del Niño.
Las devoluciones de menores se sucedieron en agosto de 2021 tras la llegada de 12.000 migrantes provenientes de Marruecos en mayo del mismo año. Esta oleada migratoria se produjo tras estallar las relaciones con el país vecino cuando se supo que el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, estaba ingresado por covid-19 en un hospital de Logroño.
Esa "avalancha" justificó, al parecer de la Ciudad de Ceuta y la Delegación del Gobierno, la adopción de un pacto para la expulsión de menores. Las devoluciones se coordinaron con las autoridades marroquíes en virtud del acuerdo "cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada".
Este pacto firmado con Marruecos en 2007 establece, entre otros, los siguientes objetivos: "La adopción de medidas de asistencia y protección de los menores marroquíes no acompañados que se encuentren en territorio español" y "Favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social".
Sin embargo, durante todo el mes de agosto de 2021 se procedió a expulsar en grupo a decenas de menores sin realizar "ningún trámite" más allá de "tomar notas de los nombres de los retornados", según relata el Tribunal Supremo.
El PP: "Es el ministro más condenado de España"
La diputada popular Ana Belén Vázquez ha arremetido contra el ministro del Interior, "el más condenado de España", por el varapalo que ha supuesto la sentencia del Tribunal Supremo. La parlamentaria ha exclamado que Marlaska va "de varapalo en varapalo" y ha recordado, en este sentido, la sentencia del Supremo que concluyó que el cese del Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid fue "injustificado".
"La derrota final de su señoría ante los tribunales ha sido rotunda", ha relatado en relación a este último asunto el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro. Por la parte del PP, Vázquez ha reprochado al ministro Marlaska el "récord histórico de llegadas de migrantes" y, más concretamente, ha denunciado la gestión de las solicitudes de asilo en el aeropuerto de Barajas.
"Es una vergüenza, hoy Cruz Roja ha anunciado que deja de actuar ante la dejadez que tienen en Barajas", ha indicado la diputada en referencia al incremento de llegadas de migrantes al aeropuerto, cuyas instalaciones están a día de hoy completamente saturadas.
Sumar: "No hemos escuchado un perdón"
Desde el Grupo Parlamentario Sumar, Félix Alonso ha señalado que la expulsión de menores migrantes fue "un error que corroboró ayer el Supremo", como ya habían denunciado en su momento las ONG. "Interior actuó de forma ilegal y no hemos escuchado la palabra perdón", ha apuntado Alonso, "1.500 menores fueron devueltos en packs, es impropio del Convenio Europeo de Derechos Humanos". Más allá de las críticas, el diputado ha defendido que "España debe garantizar el retorno de los menores " y tomar medidas para que no se vuelvan a vulnerar sus derechos.
Por último, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha apuntado desde la Comisión de Interior que "es obvio que [las autoridades] no estaban cumpliendo la legalidad" cuando expulsaron a los menores de Ceuta.
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