El mercado laboral español demostró el año pasado su pujanza no solo en la empresa privada, también en un sector público especialmente impulsado por el crecimiento del personal al servicio del Estado. Ya sea a nivel estatal, autonómico o local, uno de cada siete ocupados en España trabaja para las administraciones públicas, cuyo volumen de empleados alcanzó en 2023 un nuevo máximo en la serie histórica al superar los 2,98 millones de afiliados.
El sector público ganó terreno sobre el privado en la creación de puestos de trabajo el año pasado. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, uno de cada cinco empleos generados entre diciembre de 2022 y el mismo mes de 2023 se originó al amparo de las administraciones públicas, una proporción superior a la anotada un año antes, cuando uno de cada siete empleos creados fueron públicos. Las administraciones ganaron a lo largo del año que acaba de terminar un total de 100.939 empleados, lo que supone un incremento anual de un 3,5% en el número de trabajadores. Por su parte, el empleo en la empresa privada creció un 2,5% hasta superar los 17,85 millones de ocupados.
En concreto, en el último año destaca el dinamismo de la creación de empleo en el Estado, que ha ganado 32.282 nuevos trabajadores. Estas incorporaciones se han traducido en un aumento de un 8% en la plantilla estatal, un alza que triplica en términos relativos el incremento en el volumen de ocupados anotado en la empresa privada. También las administraciones autonómicas sumaron un total de 68.662, según los datos de afiliación a la Seguridad Social de diciembre.
No obstante, el peso del aumento del personal es menos marcado a nivel autonómico -supone un alza del 3,9%-, ya que las comunidades aglutinan un mayor volumen de ocupados. De hecho, casi dos de cada tres empleados públicos trabaja en las administraciones autonómicas, cuya plantilla la engrosan especialmente profesores y personal sanitario -estos colectivos representan respectivamente el 32,2% y 42,1% del personal autonómico-. Por su parte, las administraciones locales (ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares) emplean a uno de cada cuatro trabajadores públicos, concretamente a un total de 733.400 personas, una cifra que apenas ha variado en el último año.
La concentración de personal docente y especialmente sanitario en la administración autonómica hace que las mujeres predominen entre los empleados de este nivel territorial, ya que ambos sectores son los dos que cuentan con una mayor presencia femenina -las mujeres ocupan respectivamente el 66,3% y 76,9% de los puestos-. De hecho, dos de cada tres trabajadores al servicio de las comunidades son mujeres, mientras que en el conjunto del sistema representan algo menos de la mitad del total de ocupados (47,3%). En cambio, en la plantilla del Estado, el predominio de hombres en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad rebaja la proporción de mujeres. Según los últimos datos del Registro Central de Personal, ellas representan apenas el 18,1% de los efectivos en la Policía Nacional, el 13% en las Fuerzas Armadas y el 9,5% en la Guardia Civil.
No solo funcionarios
No todos los empleados públicos son funcionarios. También hay personal laboral, es decir, personas que trabajan para la administración después de haber firmado un contrato. Aunque con diferencias, tanto a nivel estatal como autonómico predominan los funcionarios de carrera, que representan respectivamente el 78,8% y 47% de los empleados, de acuerdo al Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, publicado esta semana por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. En las comunidades, la proporción se reduce especialmente por la preponderancia de personal laboral en las universidades públicas -el 58,5% de los trabajadores está contratado de este modo-.
El boletín actualizado esta semana, que recopila los datos hasta julio del Registro Central de Personal, incorpora también como novedad respecto a ediciones anteriores al personal en formación o prácticas "con el objetivo de proporcionar una imagen global" más completa del empleo público, según defienden los autores en el propio documento. Esta novedad refleja la existencia 4.831 trabajadores en formación en los ministerios, la mayoría de ellos personas que han aprobado y obtenido plaza en una oposición pero deben realizar un curso antes de incorporarse.
Paliar el déficit estructural
UGT se hizo eco esta semana de los datos recogidos en el boletín publicado por Función Pública y los valoró positivamente, atribuyendo el aumento de efectivos al servicio del Estado a las voluminosas ofertas de empleo público aprobadas por el Gobierno y negociadas por los sindicatos para paliar el déficit estructural de personal. "El calado de estos pactos ha logrado revertir la progresiva destrucción de empleo público en la Administración General del Estado entre 2010 y 2016, que provocó un déficit de recursos humanos en muchos servicios y el envejecimiento global de la plantilla", valoran desde el sindicato.
No obstante, la administración estatal tiene todavía por delante el reto de seguir renovando su plantilla. Según el Registro Central de Personal, el 20,3% de los empleados de los ministerios tienen 60 o más años, lo que significa que se jubilarán en poco más de un lustro. Desde UGT piden además "celeridad" tanto para convocar plazas como a la hora de efectuar los nombramientos de los nuevos empleados públicos, aunque prevén una mayor disminución del déficit de personal a medida que en los próximos meses se resuelvan los procesos selectivos que están pendientes.
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