Desde que el grupo socialista presentó el pasado 9 de noviembre la proposición de ley de amnistía, el mayor temor de los partidos separatistas es que la medida de gracia no fuera ejecutable de forma inmediata ante las dudas de los jueces sobre la legalidad de la norma o sobre su aplicación y que, por tanto, el expresident prófugo no pudiera regresar a España sin asumir el riesgo de ser detenido y presumiblemente encarcelado.
De la misma forma, todos los beneficios de la ley para el resto de los afectados quedarían congelados durante un tiempo largo. Aunque el Tribunal Constitucional resolviese de forma favorable en un plazo breve, si algún juez presentase ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial, la aplicación de la amnistía quedaría suspendida.
Ese es un escenario que para Junts era políticamente inaceptable. Por tanto, ha forzado al grupo socialista y al resto de socios a revisar la proposición de ley para que ningún juez pueda acogerse a las dudas sobre la constitucionalidad de amnistía o sobre su encaje en el derecho de la UE para impedir la anulación de las órdenes de detención o de prisión.
También Oriol Junqueras y los otros condenados en el juicio del procés se beneficiarían de ese blindaje, pues la pena accesoria de inhabilitación quedaría inmediatamente suspendida tras la aprobación de la ley pese a los recursos judiciales. Así pues, las medidas cautelares no se aplicarían, y Puigdemont tendría expedido el billete de vuelta a Cataluña sin temor alguno. Este es el aspecto más relevante porque entonces el expresident podría ser candidato a las autonómicas que han de celebrarse en un año, al igual que Junqueras, y eso podría dar al decaído independentismo una nueva baza.
En paralelo, aunque el PSOE afirmó que no aceptaría otras enmiendas que no fueran de carácter técnico, no ha conseguido que Junts, ni tampoco completamente ERC, se desmarquen y entre ambos conviertan la amnistía en una nueva competición por el protagonismo mediático y la disputa del voto independentista.
El ganador es nuevamente Junts que ha ido por libre con sus enmiendas a la ley, con una lectura de máximos de todos los supuestos penales, incluido el de terrorismo, y frente a cualquier resquicio de la justicia. Veremos hasta qué punto el PSOE está dispuesto a ceder sin debilitar la supuesta constitucionalidad de la norma. El acuerdo final entre todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez es inevitable, porque sobre la piedra de la amnistía se levanta la legislatura que ha empezado a andar.
Curiosamente, mientras se tramita el perdón para delitos probados, se exige desde algunos ámbitos políticos y mediáticos (soberanistas y progubernamentales) que se emprenda una acción judicial contra un posible abuso de información policial en tiempos del PP contra el independentismo, lo cual, de ser cierto, es absolutamente reprobable, pero en asuntos de amnistía parece que hay una doble vara de medir.
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