Juntos pero no revueltos, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo acuden este martes al Congreso a defender su primer gran acuerdo en años. Todo ello en plena tensión política entre ambos dirigentes por las sucesivas cesiones del socialista al independentismo catalán. El PP reivindicará la necesidad de modificar el artículo 49 de la Constitución para cambiar el término 'disminuido' por 'personas con discapacidad', aunque sea de la mano de Sánchez por el bien del sector; el PSOE, por su parte, defenderá el texto que sella con los populares ante la amenaza de sus socios de Gobierno que quieren aprovechar la apertura de la Carta Magna para incluir la posibilidad del referéndum. Ambos líderes escenificarán un acercamiento que, según parece, supondrá un paréntesis en la legislatura.
En la tarde de este martes, ambas formaciones traen al debate parlamentario uno de los asuntos que llevan dos décadas abordando sin llegar a un acuerdo. No por el fondo, ya que comparten la urgencia de responder a la reivindicación del sector de la discapacidad, sino por el fondo, debido a la falta de confianza del PP en que los independentistas y nacionalistas quieran aprovechar esta reforma para introducir otros cambios. El planteamiento de los socios no ha cambiado, pero sí la garantía del PSOE de que Sumar no exigirá hacer una consulta a los españoles sobre este cambio constitucional.
La propuesta de PSOE y PP es se basa en un cambio de redacción del artículo 49, de forma que haya un primer punto que establezca que "las personas con discapacidad" ejercen los derechos previstos en el Título I de la Carta Magna -el dedicado a los derechos y deberes fundamentales- "en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas", y que "se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio".
"Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad", proponen.
Desde el PP justifican que si aceptan ahora el pacto con el PSOE es porque se ha diseñado como ellos han exigido. A diferencia de otros asuntos, como la renovación del CGPJ, Feijóo está de acuerdo con el fondo y las formas: tanto la promesa de que no se se incluirán otros asuntos como con el procedimiento parlamentario que seguirá la reforma: una tramitación de urgencia y lectura única para que pueda ser aprobada esta misma semana, en solo dos sesiones de la Cámara.
También creen en el PP que la reforma del artículo 49 debe trascender las siglas políticas y que no se entendería que renunciaran a cumplir con la reivindicación del sector por sus roces con el PSOE. "La Constitución será mejor tras la reforma del artículo 49: será inclusiva con cuatro millones de españoles que tienen algún grado de discapacidad", señaló este lunes Alberto Núñez Feijóo.
Y esto es lo que prioriza frente a las críticas que asumen que recibirán de Vox por pactar con el PSOE: "¿Podríamos condenar a las personas con discapacidad a que no se cumpla con su reivindicación solo por no pactar con Sánchez?", preguntan de forma retórica tras concluir que lo que diferencia al PP de Vox es la "oposición inteligente". Por otro lado, se muestran convencidos de que el PSOE, al que siempre acusan de ceder a cualquier precio, esta vez cumplirá con su palabra pese a las amenazas de Junts y PNV. "Sánchez es débil cuando le faltan apoyos, pero ahora los tiene", dicen los populares, ya que PP y PSOE suman los dos tercios del Congreso necesarios para sacar adelante la iniciativa. Aun así, otras formaciones ya han avanzado que intentarán introducir sus enmiendas. Por ejemplo PNV introducirá, entre otras iniciativas, el derecho a decidir de Euskadi o eliminar el artículo 155 que se aplicó en Cataluña en 2017.
La izquierda a la izquierda del PSOE, por su parte, llega al que ha sido uno de sus grandes objetivos, la puesta en marcha de una reforma constitucional, inmersa en una pelea interna a cara de perro. Ni Podemos ni Sumar han dedicado demasiados esfuerzos en intentar erigirse como protagonistas del cambio que se llevará a cabo esta semana, aunque los morados, este lunes, sí reclamaron que cualquier reforma en la Carta Magna debería conllevar la celebración de un referéndum, una reivindicación que Sumar no comparte.
"Apoyaremos esta reforma que salda una deuda simbólica, aunque no económica, con las personas con discapacidad", pero "el paso de esta semana tendría que suponer perder el miedo a abrir también otras posibles reformas que necesita nuestra Constitución", defendió este miércoles la portavoz de Podemos, María Teresa Pérez. Para Podemos, "el pueblo soberano debería votar toda modificación de nuestra Carta Magna, precisamente para evitar que el PP y PSOE nos cuelen modificaciones graves de espaldas a la ciudadanía", afirmó Pérez.
El problema para Podemos es que las reformas constitucionales únicamente están obligadas a someterse a referéndum cuando lo pidan, al menos, 35 de los 350 diputados del Congreso, y los morados cuentan con tan solo cinco escaños. Para forzar esta consulta haría falta el apoyo, además, de los 26 parlamentarios de Sumar y de, por lo menos, otros cuatro de formaciones nacionalistas o independentistas. Y Sumar no parece por la labor de poner en marcha una votación sobre esta modificación puntual de la Constitución, ya que, preguntado al respecto, el portavoz y ministro Ernest Urtasun echó balones fuera este miércoles y evitó respaldar la convocatoria de un referéndum.
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