El contador sigue en aumento. Pedro Sánchez ha cumplido un mes desde que debiera haber convocado a los presidentes autonómicos mientras que estos van ampliando el número de quejas por las cesiones del Gobierno central a una sola comunidad. "Los presidentes autonómicos no pueden quedarse callados ni quietos", advirtió este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras retomar la batalla territorial que inició hace ya dos meses contra los pactos del PSOE con el independentismo catalán.
Horas antes de esta advertencia, varios barones populares salieron al unísono a denunciar la falta de información por parte del Gobierno sobre los acuerdos alcanzados, en la tarde anterior y in extremis, con Cataluña. Todos ellos recordaron al presidente del Gobierno su incumplimiento de citarles y le exigieron, una vez más, que convoque la Conferencia de Presidentes. Un órgano que, si bien suele convocarse por iniciativa del jefe del Ejecutivo, también puede darse en el caso de que lo pidan al menos diez dirigentes autonómicos. En este caso, el plazo previsto para su convocatoria es de 20 días y "se puede reducir por razones de urgencia", tal y como subrayaron los populares cuando lo solicitaron por primera vez el pasado 23 de noviembre.
Entonces el objetivo de los presidentes autonómicos era pedir explicaciones a Sánchez sobre cómo van a afectarles sus pactos de investidura con el independentismo. Por ejemplo, la quita de la deuda o la amnistía. No obstante, tras lo sucedido este miércoles en el Congreso, donde PSOE prometió a Junts nuevas cesiones como las competencias de inmigración, los presidentes autonómicos volvieron a mostrar sus dudas y preocupación por la desigualdad que esto puede generar con respecto a sus territorios.
"Con lo que hemos vuelto a ver en el Congreso, Sánchez vuelve a pisotear la igualdad de los españoles y el interés personal por su propio interés político", denunció el castellano leonés Alfonso Fernández Mañueco tras exigirle información a Pedro Sánchez. "Rechazamos estas nuevas cesiones exclusivas a sus socios separatistas en sus competencias, financiación y transportes; son cesiones para sus amigos y desprecio para la mayoría de los españoles". "Los intereses generales, la igualdad de los territorios están secuestradas", apuntó Mañueco.
En términos semejantes se pronunció la balear Marga Prohens, quien dijo seguir esperando que el Gobierno convoque la Conferencia de Presidentes para tratar aquello que afecta a todos los españoles con todas las comunidades: "Sánchez saca sus iniciativas a cambio del desmantelamiento del Estado y de la generación de agravios entre Comunidades, con negociaciones ocultas con Ginebra y Waterloo".
Por su parte, el valenciano Carlos Mazón instó al presidente a dar la cara, ya que, como le recordó, "está incumpliendo el reglamento" al no convocar el órgano en tiempo y forma. En su caso, como presidente de la Comunidad Valenciana puso el acento en la exigencia de Junts de que se se multe a las empresas que dejaron Cataluña en 2017 durante el procés. Mazón ve grave que sea Carles Puigdemont quien dicte "cómo se ataca a las empresas valencianas para que se vayan de la Comunidad Valenciana, cómo se está extorsionando al Estado y cómo se quiebra la separación de poderes".
Pero el PP no puede hacer más que seguir presionando al presidente. Y es que los populares son conscientes de que el mismo reglamento que fuerza al presidente a convocar dicho órgano cuando lo piden diez presidentes de comunidades y ciudades autónomas -lo han hecho 13- no dice qué ocurre en caso de incumplimiento. De ahí que la estrategia del PP siga siendo la de mantener la batalla territorial. Esto al tiempo que despliega una "ofensiva política, jurídica y social sin cuartel y sin descanso contra la extorsión a la que Sánchez somete a la nación".
Así, Feijóo anunció este jueves que obligará a Sánchez a comparecer en el Congreso "para que explique los nuevos pactos alcanzados con Junts a cambio de facilitar la aprobación de las iniciativas del Gobierno en el Pleno celebrado el pasado 10 de enero de 2024" y que sacará de nuevo a los españoles a las calles: "Movilizaremos a todos los ciudadanos el próximo 28 en las calles de Madrid para decir alto y claro que no queremos ser un país extorsionado porque así es imposible gobernar".
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