Hay barones autonómicos del PP que recelan de que Pedro Sánchez convoque la conferencia de presidentes que exigieron de forma "urgente" hace ya una quincena. El presidente del Gobierno tiene la obligación de citarles en un plazo máximo de 20 días, que se puede reducir por razones de urgencia, como los populares consideran que es este caso. No obstante, los populares son conscientes de que el mismo reglamento que fuerza al presidente a convocar dicho órgano cuando lo piden diez presidentes de comunidades y ciudades autónomas -lo han hecho 13- no dice qué ocurre en caso de incumplimiento. De ahí que unos y otros pongan caras dubitativas cuando se les pregunta por la fecha estimada en la que se verán todos juntos con el presidente. En todo caso, ya hay algunos que han tomado la iniciativa para pedir una reunión privada con Sánchez para abordar los problemas y necesidades de sus territorios, tal y como suelen hacer los presidentes del Gobierno nada más ser elegidos. 

El pasado 23 de noviembre, la dirección nacional del PP reunió a sus representantes territoriales para armar una estrategia común contra los pactos de Gobierno de Sánchez con el independentismo catalán, al entenderlos como un ataque contra la igualdad del resto de comunidades como es la quita de la deuda o la amnistía. El PP pretende que el jefe del Ejecutivo informe a los presidentes de todas las comunidades y ciudades autónomas "sobre el alcance y los efectos que tendrán los acuerdos para su investidura sobre principios básicos como la equidad de trato entre los españoles o la independencia judicial, entre otros", tras impulsar una ley de amnistía para los protagonistas del procés o prometer la quita de parte de la deuda a Cataluña.

De este modo, el PP volvería a exhibir poder territorial para hacer oposición a Sánchez, como hizo en el Senado en octubre durante la reunión de presidentes autonómicos para debatir sobre la amnistía. Y es que tal y como informan desde la dirección nacional, los presidentes del PP buscan acudir a dicha reunión para defender los intereses generales de España, la vigencia del Estado autonómico y de las instituciones "frente a los intentos de quebrar la igualdad entre ciudadanos, y la solidaridad entre territorios". En realidad, también, para hacer oposición al Gobierno desde su mayor baza electoral: los territorios.

No obstante, desde el Ministerio de Política Territorial invocan el artículo IV del Reglamento de la Conferencia de Presidentes, que establece que "será convocada por el presidente del Gobierno, por propia iniciativa, a petición del Comité preparatorio o de diez presidentes de comunidades autónomas y ciudades autónomas". De este modo, fuentes de este ministerio apuntan a que "es una competencia del presidente" y dicen desconocer cuándo pretende Sánchez convocar la siguiente conferencia. La última se celebró en marzo de 2022 en la isla de La Palma y allí se reformó el procedimiento para que se celebraran cada seis meses. Han pasado ya cerca de dos años. Sin embargo, fuentes del departamento que ahora dirige Ángel Víctor Torres se escudan en los dos procesos electorales celebrados este año. 

Ante esta respuesta, los populares desconfían de que el presidente ponga fecha a la cita y toman la iniciativa para trabajar por sus territorios. Como es la presidenta de la Comunidad de Madrid o el presidente de la Xunta de Galicia. Por un lado, Isabel Díaz Ayuso se plantea pedir una entrevista a Pedro Sánchez para tratar el problema de Cercanías y la autonomía fiscal. Alfonso Rueda, por su parte, asegura que mandó hace diez días una misiva al presidente para darle a conocer la situación de su comunidad, pero aún no ha recibido respuesta. Otros barones avanzan que no se pondrán en contacto con el presidente hasta que no lo haga él, que es a quien le corresponde hacerlo al haber sido reelegido recientemente. Mientras, el resto de populares consultados no lo descartan.