El decreto ómnibus salió finalmente adelante en el Congreso de los Diputados. En una votación ajustada y por sorpresa, la propuesta del Gobierno recibió 172 votos a favor y 171 votos en contra, por lo que la reforma salió adelante y quedó aprobada.
Fue la ausencia de los diputados de Junts, que hasta última hora habían asegurado que votarían en contra del decreto, lo que desbloqueó la votación y permitió que el Congreso aprobase una medida clave para la legislatura: su aprobación estaba directamente relacionada con la concesión a España del cuarto desembolso de los fondos europeos, como parte del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El decreto ómnibus, cuyo nombre oficial es "de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluye reformas en cuestiones de función pública, régimen local, mecenazgo y, sobre todo, Justicia. Precisamente en ese aspecto estaba una de las claves de la negativa inicial de Junts: la reforma de Justicia pretendía modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y sus efectos, según defendían desde el partido independentista, podían afectar a la aplicación de la amnistía a los condenados por el procés.
En qué consiste el artículo 43 bis del decreto ómnibus
Entre las disposiciones del decreto ómnibus que introducen reformas en diferentes materias de la Administración de Justicia (adaptación a nuevas herramientas digitales y ciberseguridad, la tramitación electrónica de procedimientos judiciales o la cooperación entre administraciones con competencias en esta materia) figura el artículo 103, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En esa norma se añade un nuevo artículo, el 43 bis, referente a la cuestión prejudicial europea: en esa disposición, se recoge que, cuando se eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se "suspenderá" cualquier actuación "hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
Este fue el punto que provocó la fractura entre Junts y el PSOE: el partido de Carles Puigdemont defiende que, en la práctica, esto podría afectar a la amnistía: cuando se apruebe la ley y los jueces deban aplicarla, el planteamiento de una cuestión prejudicial europea (algo que previsiblemente ocurrirá por parte del Tribunal Supremo) podría paralizar sus efectos hasta que el TJUE resolviera sobre esa cuestión.
Sin embargo, juristas consultados por 20minutos creen que sus efectos serán nulos, porque lo que recoge la norma era ya jurisprudencia del Derecho de la Unión.
Será retirado del decreto tras el pacto Junts-PSOE
En cualquier caso, el artículo 43 bis finalmente no será incorporado a la Ley de Enjuiciamiento Civil después del acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts que incluye, entre otras concesiones y exigencias, la retirada de este punto de la reforma de Justicia en el decreto ómnibus.
En ese sentido, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que este acuerdo "no cambia nada el régimen de las cuestiones prejudiciales en nuestro país": en la actualidad, cuando un juez se dirige al TJUE planteando una cuestión prejudicial, el proceso en cuestión queda suspendido en virtud de lo dispuesto por la jurisprudencia española y comunitaria.
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