Victoria pírrica y con sabor agridulce para el Gobierno. La coalición logró este miércoles convalidar dos de los tres decretos que estaban encima de la mesa. El PSOE consiguió que una mayoría de diputados del Congreso, esta vez situados excepcionalmente en el Senado por las obras en la Cámara Baja, apoyaran el decreto ómnibus y, también, el que incluye las medidas anticrisis. Lo hizo gracias a que los de Junts, después de tener todo el día al Gobierno negociando in extremis, decidieron ausentarse y permitir así salvar la mayoría de proyectos de Pedro Sánchez por un nuevo acuerdo entre socialistas e independentistas, que consiguen, entre otras cosas, la cesión total de las competencias en inmigración para la Generalitat de Cataluña. No obstante, Sumar cosechó una derrota parlamentaria de calado al decaer las medidas sobre el desempleo propuestas por la vicepresidenta Yolanda Díaz por la negativa de Podemos a apoyarlos por, denunciaron, el "recorte" del subsidio.

Moncloa llevaba días confiando en salvar este 'matchball'. Eso sí, los socialistas habían rebajado el tono de euforia tras el discurso de Míriam Nogueras, portavoz de los posconvergentes, que dejó caer que su formación mantendría el 'no', lo que hubiera provocado la primera gran derrota de un Ejecutivo que fue investido hace menos de dos meses y que se jugaba poder recibir 10.000 millones de fondos europeos o que se mantuviesen medidas como la revalorización de las pensiones, el descuento en el transporte público o la subida gradual del IVA de la luz a partir del 5%. Los de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia en Bélgica, finalmente volvieron a salvar a Sánchez. Previo pago, eso sí.

Junts anunció, a última hora y tras conocerse que sus diputados se ausentarían de la votación -un movimiento con consecuencias similares a las de la abstención-, que había llegado a un acuerdo con los socialistas. Se incluye en el mismo la delegación de competencias sobre inmigración a la Generalitat; la publicación inmediata de los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales o la reforma de la ley de sociedades de capital mediante Consejo de Ministros para revertir un decreto que aprobó el PP en 2017 para que "las empresas puedan volver a Cataluña". Ningún rastro de las sanciones a las compañías que abandonaron el territorio en el punto álgido del procés, una condición que Moncloa se inclinaba por rechazar y que hubiera tenido difícil aplicación por la legislación europea y por estar en la Constitución Española reflejada la "libertad de empresa". 

Eso sí, Junts también logró que el IVA del aceite sea del 0%, que el dinero previsto para la digitalización de la Justicia se multiplique por cinco al pasar de 1,2 a 6,2 millones de euros de dotación o el reconocimiento de "los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local". Esto último no fue explicado por los posconvergentes. Tampoco por los socialistas, que se centraron en celebrar las votaciones y no entrar en una nueva polémica que se extenderá durante días por el nivel de las cesiones. Por último, los de Puigdemont también obligarán al Gobierno a asumir completamente "el coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público". Hasta ahora, el Ejecutivo financiaba un 30% y las autonomías, un 20% o más -como en el caso de Madrid, que también financiaba un 30%-.

Podemos derriba la reforma de la ayuda para quien se quede sin paro por incluir un "recorte" en sus pensiones

Los de Puigdemont tampoco votaron el decreto con medidas de empleo propuesto por Díaz, que terminó tumbando Podemos -que consumó su ruptura con Sumar al marcharse al grupo mixo a finales de 2023-. El decreto recogió 176 votos en contra y 167 a favor, por lo que si los cinco diputados de Podemos lo hubieran apoyado, habría salido adelante. La secretaria general morada, Ione Belarra, confirmó horas antes de la votación el sentido del voto de Podemos, si bien los morados creían que Junts también votaría en contra y no sería únicamente su decisión la que acabaría con el decreto. La reforma del subsidio para las personas que han agotado su prestación por desempleo elevaba la ayuda que perciben estos parados de más de 52 años a 570 euros mensuales durante los seis primeros meses. No obstante, el texto también reformaba el modelo de cotización para la pensión de quienes empiecen a cobrar el subsidio para desempleados que pierdan su prestación a partir de junio, y lo hacía a la baja.

Una votación 'in extremis'

Con todo, el Pleno de este miércoles fue casi infinito -duró más de 12 horas- y de lo más surrealista por lo ajustado de la votación. Había quien se acordaba de la agónica votación con la que se aprobó la reforma laboral de Díaz gracias a un error de un diputado del PP. Los diputados estaban en sus escaños a las nueve de la mañana, cuando el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, comenzó a defender uno de los decretos. El llamado ómnibus, por incluir en el articulado varias reformas de diferentes ámbitos. "Cuando llegue el momento de votar, les pido que piensen en las personas que estamos representando y no en intereses partidistas", dijo el 'superministro', en línea con el argumentario desplegado desde Ferraz en los últimos días. Los temas a debatir se iban entremezclando en los diferentes puntos, aunque todos tenían en mente una hora: las tres de la tarde, la hora límite para votar telemáticamente.

Finalmente, se retrasó media hora tras denunciar el PP problemas en el sistema de votación. Ahí empezaron los nervios y la incertidumbre, mientras el hemiciclo debatía las enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía de PP y Vox, que decayeron con los votos de la mayoría de la investidura. Sobre las seis de la tarde, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dio a conocer los resultados de la votación. Fue entonces cuando se confirmó la aprobación del decreto ómnibus con 172 votos a favor y 171 en contra. También se confirmó la caída del decreto de Díaz. Y, por sorpresa, un empate a 171 en el último decreto, el que contenía las medidas anticrisis.

Fue Gerardo Pisarello, de Sumar, quien se equivocó al votar. Armengol suspendió el Pleno y, nada más reanudarlo, el PP pidió que la votación fuera a viva voz. Fue entonces cuando apareció Pedro Sánchez, que había decidido ausentarse de la votación con la que se rechazó, pocos minutos antes, las enmiendas a la totalidad de la amnistía. Ya con casi todos los diputados en el hemiciclo -hubo algunos que tenían pedido el voto telemático y pudieron realizarlo-, el Pleno se alargó dos horas más con tres votaciones, que confirmaron que el Gobierno salvaba los muebles por el momento y en el último minuto, como recalcaban algunos socialistas: "Ya sabíamos que esto iba a ser así".