A menos de 24 horas de que se voten tres decretos de vital importancia para el Ejecutivo y que contemplan las medidas anticrisis o el desembolso de 10.000 euros de fondos europeos, el Gobierno sigue sin tener atados los apoyos que le garanticen evitar la que sería su primera gran derrota de la legislatura. Moncloa se inclina por descartar la última oferta de Junts, que pide sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña en el momento álgido del procés, pero se muestran confiados de que convencerán a los de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat ahora fugado de la Justicia en Bruselas. Es aquí donde aparece como posible la opción de dar incentivos a las compañías que sí quieran regresar a la autonomía o que nunca se hayan ido. Menos optimistas son con la posibilidad de terminar pactando con el PP, al que ven con "poco ánimo negociador".
Tras haber estado días atrás anunciando su "no como una casa" a los decretos que votará este miércoles el Congreso de los Diputados, Junts ha anunciado esta mañana que se abrían a dar su apoyo. El vicepresidente y portavoz, Josep Rius, lo ha condicionado a que se apliquen sanciones a las empresas que abandonaron Cataluña en 2017 para escapar de los efectos del procés y que se apliquen incentivos fiscales para las que se quedaron o quieran volver. El Gobierno, como ya acostumbra en estas ocasiones, ha optado por jugar a una ambigüedad calculada. "Si algo caracteriza a este Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas", ha respondido la portavoz y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría.
No ha sido más concreta en la respuesta a las otras tres preguntas similares que se le ha realizado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Tampoco el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha hecho hincapié en el "compromiso clave del Gobierno para seguir garantizando el marco jurídico que dé confianza y seguridad a las empresas". Fuentes cercanas al sucesor de Nadia Calviño, ya presidenta del Banco Europeo de Inversiones, han asegurado después que la Ley de Sociedades, que es la que pide cambiar Junts, "está bien como está". Por lo que no parece que Moncloa termine cumpliendo esta petición de Junts, aunque tampoco avanzan en qué aspectos tienen margen para terminar convenciendo a los de Puigdemont y si podrían aceptar los incentivos para las empresas que sí vuelvan, que es diferente a imponer sanciones.
La puerta del PP, cada vez más complicada
Si finalmente Junts no se aviene a sumar sus votos a los de la mayoría de la investidura, la otra opción para el Ejecutivo reside en la bancada de la oposición. Más concretamente, en el Partido Popular. De hecho, en los últimos días se habían intensificado los contactos con los 'populares'. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y de Justicia, llamó a Cuca Gamarra, secretaria general del PP. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, hizo lo propio con Borja Sémper, portavoz de la formación conservadora.
En la rueda de prensa, Alegría ha vuelto a instar a los de Feijóo a dar sus votos por la "importancia" del contenido de los decretos, "Es decir sí a los jóvenes, a los trabajadores, que utilizan el transporte público, a los pensionistas... Los principales beneficiarios son millones de españoles", ha declarado la ministra de Educación. No obstante, en privado no son tan optimistas si dependen del PP, grupo al que no ven con "ánimo negociador". Aunque el Ejecutivo tampoco aclara en público qué puede -o qué está dispuesto- darle a cambio a los 'populares', que siguen pidiendo deflactar el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros, bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas -tal y como lleva pidiendo el PP desde la legislatura pasada- y reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas -que plantea el nuevo paquete anticrisis-.
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