La legislatura va a ser -ya está siendo- un tira y afloja constante del Gobierno de coalición con sus socios. Con todos, pero especialmente con Junts. Carles Puigdemont, todavía desde Bélgica, parece dispuesto a hacer que Pedro Sánchez pague un peaje cada vez que quiera sacar adelante una medida, tal como se ve con el llamado decreto Omnibús, que ha complicado los primeros pasos del año al Ejecutivo. En el marco de las conversaciones, Junts pide que se sancione a las empresas que no devuelvan su sede a Cataluña, después de haber cambiado de ubicación durante los años del procés.
Esa línea la marcó el vicepresidente de JxCat, Josep Rius, en declaraciones a la Cadena Ser y afeó al Gobierno que mantenga la ley aprobada por el PP en 2017 que facilitaba la salida de entidades de Cataluña para evitar los efectos del procés independentista. Junts ha puesto la posibilidad de sanciones sobre la mesa si las empresas no retornan, pero desde el punto de vista legal están pidiendo un imposible: estas sanciones serían "contrarias a la legislación de la UE", tal como han confirmado a 20minutos expertos en Derecho de la Unión Europea. En concreto, contraviene la libertad de bienes, personas, servicios y capitales recogida en los Tratados.
La Comisión Europea se mantiene de momento al margen del asunto, pero los especialistas insisten en que las multas son contrarias al TFUE. En concreto al artículo 26.2, referente al mercado interior. "El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados", dice.
Este, que es uno de los grandes pilares de la arquitectura institucional de la UE, se ve también en el artículo 50 del TFUE, aplicable según los expertos a esta situación. "Con arreglo a los Tratados, se considerarán como servicios las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida en que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y personas. Los servicios comprenderán, en particular: actividades de carácter industrial; actividades de carácter mercantil; actividades artesanales; actividades propias de las profesiones liberales", añade esa parte del aparato 'constitucional' comunitario.
El PSOE parece tener en cuenta este escenario porque frente a las sanciones que plantea Junts el Gobierno apuesta por dar incentivos a las empresas que regresen a Cataluña. Una medida, con todo, enfocada desde un punto de vista positivo y que también habría que analizar desde el punto de vista de la UE. Pero el PP no 'compra' ni la propuesta de los independentistas ni tampoco la salida desde Moncloa, porque, dicen en Génova, "perjudicaría al resto de los territorios".
"Si algo caracteriza a este Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas", expuso la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, mientras que el portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López, defendió los incentivos a las empresas pero rechazó la posibilidad de sancionar a quienes decidan no regresar a Cataluña.
Este capítulo es solo uno más en una historia no solo marcada por las tensas negociaciones del Gobierno con sus socios, sino también por los constantes choques entre PSOE y PP. En este sentido, el propio presidente del Gobierno ha acusado a los populares de trabajar para ilegalizar "a los partidos que piensan distinto", mientras él defiende "la pluralidad de España". Así lo ha hecho durante su intervención en la inauguración de la Conferencia de Embajadores en el Ministerio de Asuntos Exteriores este miércoles.
Pedro Sánchez dice querer una España que "practica el diálogo, la negociación y el acuerdo como una democracia madura" y que "asume sin complejos su pluralidad política y también su diversidad territorial, como un activo, no como un freno, a nuestra potencia y a nuestro desarrollo". Frente a eso, ha alertado de la polarización creciente en las democracias occidentales "por el auge de formaciones ultras dispuestas a romper consensos básicos sobre los que hemos construido nuestro modelo de convivencia y progreso".
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