Junts sigue presionando al Ejecutivo de Pedro Sánchez. A menos de 24 horas para que se vote en el Congreso la convalidación del decreto ómnibus, el partido catalán, que ya había dicho que votaría en contra, ha anunciado una nueva condición para votar a favor y sacarlo adelante: sancionar a las empresas que abandonaron Cataluña en 2017 para escapar de los efectos del procés y que se apliquen incentivos fiscales para las que se quedaron o quieran volver.
Así lo ha explicado Josep Rius, vicepresidente y portavoz del partido, que ha dicho que el plan “está sobre la mesa” desde hace años porque los independentistas creen que el decreto que aprobó Mariano Rajoy en 2017 para facilitar la salida de las compañías de Cataluña tendría que haber sido revertido hace tiempo. “Es inaudito que ese decreto siga en vigor. Y, además, siendo un decreto que buscaba perjudicar a la economía catalana”, ha dicho.
El portavoz ha defendido que la petición llega porque su formación es de “obediencia catalana” y quieren que las empresas que tienen su actividad mayoritaria en tierras catalanas “tengan su sede social en Cataluña”. Y las que no, “se puedan sancionar”. No obstante, Rius no ha dado más detalles sobre qué beneficios obtendrían o qué sanciones podrían aplicarse.
Más de 7.000 empresas abandonaron Cataluña
La exigencia de Junts no es nueva. De hecho, en el texto del acuerdo que firmaron Junts y PSOE en noviembre para sacar adelante la investidura, uno de los puntos señala que hay que trazar un plan para “facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios”.
Según los datos, tras la celebración del referéndum del 1 de octubre, más de 7.000 empresas trasladaron su sede social fuera de Cataluña, entre ellas algunas como Endesa, CaixaBank, Pirelli o Allianz Seguros. La mayoría se mudaron a Madrid, aunque se repartieron por todo el territorio nacional.
Y, aunque desde Junts siempre han negado que la marcha de las compañías afectase a la economía catalana, ahora señalan que el traslado supuso un varapalo para Cataluña.
Junts se niega a tramitarlos como proyecto de ley
Junts avanzó el viernes pasado que votarán en contra de los decretos propuestos por el Gobierno, pero varios dirigentes de la formación han reconocido estos últimos días que no están en contra de todos, pero sí de algunos puntos. En concreto de aquellos que afectan a la futura ley de amnistía, como el artículo 43 bis, que recoge que las causas judiciales se paralizarán cuando un magistrado tenga una cuestión prejudicial y se la comunique al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE).
Por eso y otros puntos que, según ellos, recortan competencias de la Generalitat, el partido independentista insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a retirar los decretos y presentarlos uno por uno, separados por temáticas y previamente acordados con su grupo parlamentario.
Pero la negativa de Junts no sorprendió al Gobierno, que actualmente se encuentra a menos de 24 horas sin el apoyo suficiente para sacar adelante los tres decretos. La semana anterior, un día antes del anuncio del 'no' al decreto ómbibus, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán y el secretario general de Junts, Jordi Turull, se reunieron en Barcelona para negociar la posición de los catalanes.
Ante la negativa de estos, el socialista propuso tramitar ese y los otros dos decretos como proyectos de ley. Sin embargo, el partido del expresident Carles Puigdemont se negó. "Eso es postergarlo todo en el tiempo. La experiencia es que el Gobierno ha hecho un abuso de la figura del decreto ley, después lo va alargando y eso genera inseguridad jurídica", dijo Turull.
Pimec pide acabar con el "dumping fiscal"
Las reacciones a las condiciones que quieren imponer desde Junts no han tardado en llegar. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado la propuesta y ha señalado que hacer eso "se llama regulación en vena o se llama comunismo".
Foment ha criticado que el retorno de las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017 tenga que ser así, "bajo sanciones o incentivos", y han explicado que confían en que las que se trasladaron volverán "cuando lo consideren necesario" y haya "normalidad institucional".
Por otro lado, Pimec ha reiterado que tampoco ve con buenos ojos que se multe a las empresas que decidieron cambiar su sede social, pero sí que se incentive su retorno para acabar con el "dumping fiscal".
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