La posibilidad de que el Gobierno sufra su primera derrota parlamentaria seria de la legislatura gana enteros conforme pasan las horas. El Ejecutivo no logra desbloquear las negociaciones con Junts para sacar adelante los tres decretos que quiere convalidar este miércoles en el Congreso, y tampoco ha logrado por ahora un acuerdo con el PP que le permita aprobarlos sin necesidad de los independentistas catalanes. Eso significa que el mismo miércoles podrían decaer las medidas del llamado escudo social recién prorrogadas, entre ellas las rebajas del IVA de la luz y el gas o la rebaja del transporte público.
Si eso ocurre, el Gobierno solo tiene una alternativa para que esas iniciativas —y las contenidas en los otros dos decretos, entre ellas la ampliación de la subvención para desempleados que hayan agotado el paro— sigan en vigor: volver a ponerlas en marcha en nuevos decretos, lo que haría que entrasen en vigor de nuevo de manera inmediata. La Moncloa, no obstante, asegura que no está aún en esa fase, y fuentes oficiales afirman que todos los esfuerzos están ahora puestos en intentar convalidar los decretos el miércoles.
En cualquier caso, la alternativa de aprobarlos de nuevo suscita dudas, puesto que algún grupo parlamentario podría llevar al Tribunal Constitucional los nuevos textos argumentando que son prácticamente los mismos que el Congreso ya ha rechazado. Pero, en cualquier caso, si el Gobierno siguiera ese camino, comenzaría a correr otra vez un plazo de un mes, a contar a partir de la aprobación de los nuevos decretos. Ese es el tiempo que, según marca la ley, tiene como máximo el Ejecutivo para enviar el texto al Congreso para su convalidación. Y en ese periodo, la coalición debería intentar convencer a sus socios parlamentarios para que cambien su voto.
El Ejecutivo, no obstante, podría encontrarse con los mismos problemas que le han surgido en la última semana para sacar adelante los textos, por lo que, para asegurarse su convalidación, necesitaría negociar con sus socios parlamentarios las modificaciones con respecto a la propuesta actual. Junts argumenta para no apoyar los decretos que "agravan la infrafinanciación que ya sufre Cataluña, implican recortes de competencias de la Generalitat y ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía", mientras el PP se niega a prestar sus votos para si el Gobierno no acepta alguna de sus medidas económicas, entre las que se incluye la "deflactación" del IRPF.
El Ejecutivo, no obstante, no solo sufre presiones por su derecha para modificar los decretos que se debatirán y votarán el miércoles en el Congreso. Podemos también ha exigido cambios para apoyar su convalidación, aunque en su caso las reivindicaciones son más concretas. Los morados han exigido limitar el precio de los productos básicos de la cesta de la compra y fijar en el 2% el tope a la subida anual del alquiler, que este año está en el 3%. Y, además, quieren retirar del decreto de reforma de la prestación que cobran los parados que se han quedado sin prestación una disposición por la cual las futuras pensiones de los perceptores de este subsidio podrían recortarse —según sus cálculos— hasta 162 euros al mes, en los casos más extremos.
Para sacar adelante los decretos en su actual formulación, el Gobierno necesita que Podemos y Coalición Canaria voten a favor de los mismos y, además, Junts se abstenga, como mínimo. Si los independentistas catalanes deciden votar en contra, da igual lo que haga el resto: sus votos, sumados a los de PP, Vox y UPN, suman 178 escaños, más allá de la barrera de la mayoría absoluta, y por tanto derribarían las medidas del Gobierno.
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