La enmienda del PP a la ley de amnistía reafirma la oposición de la formación de Alberto Núñez Feijóo contra las aspiraciones independentistas. Los populares han subido el tono al plantear en su texto alternativo al 'borrado' del 1-O la disolución de las organizaciones que promuevan referéndums ilegales o declaraciones de independencia, incluidos los partidos políticos. La propuesta ha sido recibida con reproches por parte de Vox, que va un paso más allá e insiste en su habitual exigencia de ilegalizar las formaciones independentistas. El PP marca distancias con los de Santiago Abascal, después de afanarse en revestir de "normalidad" el encuentro mantenido entre representantes del PP y Junts en verano.
Los populares han aprovechado su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía registrada este miércoles en el Congreso para poner sobre la mesa una reforma del Código Penal en la que sugieren considerar como delitos de "deslealtad constitucional" la organización de referéndums ilegales, la declaración de la independencia de una parte del territorio nacional y la incitación a la desobediencia de las legislación vigente. Como castigo ante esos hipotéticos delitos, el PP pone sobre la mesa penas de prisión de entre 5 y 10 años e inhabilitación de 6 a 12 años para los cargos o funcionarios públicos a los responsables de impulsar dichas prácticas y la disolución -o suspensión de actividades si hay colaboración con la Justicia- para las organizaciones promotoras.
La propuesta incluida en la enmienda a la ley de amnistía no supone ninguna modificación a la ley de partidos, sino que se circunscribe los cambios al Código Penal y limita la posible disolución de organizaciones a la comisión de un delito. "En España no se persigue a nadie por sus ideas, sino por sus actos si son delictivos", ha recordado este jueves el portavoz del partido en el Congreso, Miguel Tellado, que ha recalcado que la responsabilidad penal de los partidos políticos "no es nada nuevo", dado que figura en el ordenamiento jurídico desde 2012. "El PP no ha inventado nada", ha subrayado.
Vox ha considerado el planteamiento del PP como un paso adelante hacia su aspiración de ilegalizar los partidos independentistas, a los que acusan de "destruir" la unidad de España. "Pedimos que la gobernabilidad de España no pueda apoyarse en partidos separatistas cuyo único objetivo es destruir la nación, es más pedimos la ilegalización de esos partidos", expresó el miércoles el portavoz adjunto de Vox en el Congreso, José María Figaredo, después de que los de Abascal registraran su propia enmienda a la totalidad a la ley de amnistía.
La petición de ilegalizar partidos es recurrente en el discurso de la tercera fuerza política, pese a no ser atendida por el PP ni por ninguna otra formación del arco parlamentario. De hecho, a finales de noviembre la mayoría absoluta del PP en el Senado tumbó una iniciativa en la que los de Abascal instaban a ilegalizar a ERC y Junts. "La disolución de un partido político es de las medidas más graves que pueden ser adoptadas en democracia. El pluralismo político es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico", afirmó la senadora popular Yolanda Ibarrola durante el debate en la Cámara Alta.
La negativa de los de Feijóo no gustó a Vox, que instaban a los populares a mostrar en la votación su compromiso con la "unidad de España", y fue recordada por el propio Abascal este miércoles en redes sociales minutos después de que los populares presentaran su enmienda a la ley de amnistía. "Las propuestas de Vox son distintas a las que realiza el PP. Vox se refería a la ley de partidos y nosotros estamos hablando de tipificar un delito dentro del Código Penal", ha matizado este jueves Tellado.
Diferencias en torno al diálogo
Las discrepancias entre ambas formaciones son patentes. También lo son los reproches, una lista a la que los de Abascal han sumado esta semana el encuentro mantenido en verano entre representantes de PP y Junts en Barcelona. La reunión salió a la luz el mismo día en el que los populares registraron su propuesta para tipificar como delitos los referéndums ilegales y las declaraciones de independencia. Los de Feijóo admitieron la cita, aunque la rebajaron a un "café" informal del que ni siquiera el líder del partido estaba al corriente. "Los concejales generalmente no llaman a Génova para decir que van a tomar un café", argumentó Tellado, que enmarcó en la "normalidad" el hecho de que los "políticos mantienen contactos con otros políticos en actos públicos, sociales o instituciones, reuniones formales e informales".
Mientras los populares reconocían el diálogo con Junts -pese a recalcar que la interlocución estéril, ya que consideran "inviables" los planteamientos de la formación independentista-, Vox registraba su propia enmienda a la ley de amnistía. La tercera fuerza propone en su texto alternativo al 'borrado' del 1-O considerar como delito la negociación con prófugos de la Justicia como el expresidente catalán Carles Puigdemont.
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