El Gobierno elimina el límite de 67€ para los contratos de electricidad y fía una nueva escalada al 'irreal' tope al gas de 180€ de la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al inicio de la sesión de control al Gobierno que este miércoles celebra el Congreso, donde informa sobre los últimos consejos europeos. Junto a él, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. EFE/ Chema Moya
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Teresa Ribera. EFE/ Chema Moya
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al inicio de la sesión de control al Gobierno que este miércoles celebra el Congreso, donde informa sobre los últimos consejos europeos. Junto a él, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. EFE/ Chema Moya

El año 2024 empezará sin salvaguardas nacionales ante un nuevo incremento descontrolado de los precios de la energía. Después de renunciar a pedir una nueva prórroga del mecanismo ibérico que Bruselas no habría autorizado, este miércoles el Gobierno dejó caer otro límite, el que prohibía cobrar más de 67 euros/Mwh en los contratos de electricidad, que desde 2021 había minorado así los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas, que asumían la diferencia con el precio real. Sin una extensión, esta medida expirará el 31 de diciembre y ya solo quedará en pie el tope del 180 euros al precio del gas en toda la UE, que nunca ha sido activado por ser demasiado elevado.

La continuidad de la llamada minoración de beneficios de las eléctricas era una de las incógnitas de cara al nuevo decreto anticrisis que aprobó este miércoles el Gobierno, en el que empezó a retirar algunas, como el IVA de la luz y el gas, tal y como pidió hace meses la Comisión Europea y sustentado en el hecho de que los precios de la energía que les dieron lugar están estabilizados y cerca de la normalidad. El texto publicado este jueves en el BOE no contempla una extensión de este instrumento.

El tope de 67 euros el megavatio hora al que las eléctricas podía cobrar la luz en sus contratos con consumidores desaparecerá el 31 de diciembre, más de dos años después de su creación en octubre de 2021, para intentar que las eléctricas contribuyeran con parte de sus ingentes beneficios a reducir el coste de la luz, que a las puertas del ataque de Rusia en Ucrania llevaba ya meses a niveles muy superiores a los normales. En un primer momento, este límite de 67 euros se aplicó solo a nuevos contratos pero se amplió a todos, también a los que se renovaran, en marzo de 2022, cuando la crisis de precios de la energía ya era más que una realidad.

Como ha ocurrido con cada medida del Gobierno para intervenir los precios de la energía, el sector eléctrico se ha mostrado muy crítico con este tope, que consideraba el más restrictivo de los otros que existían en Europa y, a pesar de ello, se contemplaba la posibilidad de que el Gobierno optara por prorrogarlo.

Un tope demasiado alto

No ha sido así, como tampoco ocurrirá con el mecanismo ibérico, que desde febrero de este año no se activaba porque el precio del gas en el mercado no superaba desde entonces el límite fijado. Aún así, el Gobierno lo defendía como una "red de seguridad" por si los precios volvían a desmandarse pero finalmente renunció a pedir una segunda prórroga porque la Comisión Europea dejó claro que no la aprobaría más allá de diciembre, en un momento en el que el precio del gas en el mercado ibérico está en torno a los 33-34 euros/MWh, casi la mitad del tope de 65 euros marcados para este último mes de existencia. 

Según explican fuentes de la Comisión, si el Gobierno desea de ahora en adelante volver a subsidiar la generación de electricidad con gas natural -que es lo que, a la postre ha sido el mecanismo ibérico, que logró así desacoplar su precio, más caro, del de otras tecnologías más baratas- podría dirigirse a ella para pedir una ayuda de Estado según la regulación europea.

Así las cosas, con el fin del mecanismo ibérico y del tope de 67 euros/Mwh para los contratos de electricidad el único instrumento que le queda 'vivo' a España para contener el precio de la electricidad si volviera a dispararse sería el tope de 180 euros/Mwh para el precio del gas que la UE acordó el año pasado y que hace unas semanas decidió prorrogar hasta junio de 2024. Fue un acuerdo de mínimos que logró sortear las presiones en contra de Alemania pero que nació siendo inservible. Aunque el verano de 2022 el gas llegó a escalar hasta los 200 y cerca 300 euros/Mwh horas, estos precios son algo que difícilmente se vuelvan a ver y, hasta la fecha, tampoco se ha visto el de 180 euros, de modo que este tope -ya de por sí muy superior a los precios normales o aceptables del gas-, no se ha activado ni una sola vez.

Descuento del combustible y TUR vecinal

Por otra parte y tal y como se preveía, el Gobierno ha decidido no extender más allá de 2023 el descuento para la gasolina o el gasoil que empezó siendo de 20 céntimos por litro para todos los conductores en abril de 2022 y que, con el paso de los meses y la bajada del precio del carburante, fue siendo cada vez más residual.

En diciembre del año pasado se limitó solo a los transportistas y a los trabajadores agrarios, que después pasó a ser de 10 céntimos y en su última modificación, en enero de 2023, el descuento quedó reducido a 5 céntimos por litro solo para estos colectivos profesionales.

El decreto de medidas urgentes aprobado este miércoles no lo contempla, de modo que su vigencia expirará con el final del año.

Lo que sí se extiende es la tarifa regulada del gas para las comunidades de vecinos con calefacción central (TUR4), para lo que se prevé un gasto de 300 millones. Aunque con una excepción: las comunidades que el 1 de octubre no hubieran cumplido la obligación de instalar contadores individuales o enviado la declaración responsable que se fijó a cambio de acceder a esta tarifa más ventajosa no podrán seguir beneficiándose de la TUR4 en 2024. 

Las que no lo hicieron en esa fecha ya estaban pagando un recargo del 25% de su consumo de gas en noviembre y diciembre antes de pasar en enero al mercado libre, algo que podrán evitar las comunidades que hicieran el trámite en plazo y que quieran seguir con la tarifa regulada. Según el decreto, tienen hasta el 15 de enero de 2024 para rescindir "sin penalización" sus nuevos contratos de gas con comercializadoras libres que hubieran suscrito antes de saberse que se prorrogaría la TUR4.

El Gobierno da una nueva oportunidad a las comunidades vecinales para que instalen contadores individuales o repartidores de costes: las que se acojan a esta prórroga y no los tuvieran instalados el 1 de octubre de 2023 tendrán que hacerlo antes del 1 de octubre de 2024. En caso contrario, se les aplicará un cargo del 25% del coste de todo el gas consumido desde que se acogieron a la TUR4.

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