Las comunidades autónomas muestran incertidumbre ante la falta de información sobre el nuevo decreto para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania que el Gobierno central aprobará este miércoles en el último Consejo de Ministros del año. Con ello, el Ejecutivo pretende extender varias medidas que decaen el 31 de diciembre, como la bonificación del transporte público o la rebaja del IVA de los alimentos básicos. Por su parte, desde Madrid o Valencia solicitan información sobre las medidas para poder adoptar las acciones necesarias en el ámbito de sus competencias.
Este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne a su equipo de Gobierno para decidir qué medidas incluirá el nuevo decreto anticrisis. Una de las grandes incógnitas es la decisión que tomará el Ejecutivo sobre la reducción del precio de los abonos y títulos multiviaje en el transporte público. El Consejo de Ministros deberá decidir si continuará bonificando los viajes y concretar cómo articulará la medida que Sánchez anunció durante su discurso de investidura sobre la gratuidad de los viajes para los menores de edad, jóvenes y desempleados tendrían viajes gratis.
Los puntos que se recojan en el decreto-ley influirán en las medidas que las comunidades autónomas deberán aplicar en el ámbito de sus competencias. El Ejecutivo autonómico dirigido por Isabel Díaz Ayuso informó en octubre que tenía los fondos ya preparados para asumir el coste de las ayudas del transporte público durante 2024, pero con la condición de que el Ministerio de Transportes continuara sufragando su parte. En la región, el Gobierno central bonifica un 30% del servicio y la Comunidad de Madrid se hace cargo del otro 30%.
Desde el Gobierno regional continúan sin tener información sobre cómo se articularán las nuevas bonificaciones. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, indicó hace unas semanas que este tipo de cambios que deben realizar el Consorcio Regional de Transportes de Madrid o el Metro "no se pueden hacer de un día para otro", y reclamó información el Gobierno central, ya que, según afirmó, "empezamos a estar preocupados".
El Gobierno valenciano aprobó la semana pasada la prórroga del descuento del 50% y del abono joven gratuito en el transporte público hasta mediados de 2024. El coste estimado para la Generalitat de la aplicación de estas dos medidas es de cerca 18,4 millones de euros.
Sobre las medidas que contemplará el decreto que se aprobará este miércoles, la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, indicó que en Valencia permanecen "a la espera de ver cómo se materializa" por parte del Gobierno de España. La titular del área destacó que la falta de concreción del Ejecutivo nacional genera "un escenario de incerteza" para los ciudadanos que utilizan a diario el transporte público.
En el caso de la Junta de Andalucía, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda se encuentra también a la espera del decreto estatal para tomar una decisión respecto a las bonificaciones en los metros de Sevilla, Málaga y Granada y en los diferentes consorcios metropolitanos de transporte. Mientras, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado ya la congelación de las tarifas de Tussam para 2024 sin que por el momento se contemple en las cuentas de la empresa municipal las bonificaciones que se aplicaban hasta ahora.
Lo mismo sucede en Barcelona. La entrada en 2024 supondrá un aumento de precios en las tarifas del transporte público, tal y como aprobó la semana pasada el consejo de administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM). La subida del precio es del 6,75% en la mayoría de títulos más usados. Pese al anuncio, los nuevos precios no entrarán en vigor hasta que el Gobierno central decrete las nuevas medidas.
Entre los puntos que seguirán en vigencia tras el 31 de diciembre, Sánchez adelantó, que se mantendría la supresión durante seis meses más del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad y la rebaja del 10 al 5% del aceite y la pasta. También se desconoce si se mantendrán las ayudas laborales que el decreto recogía.
La excepción ibérica decaerá en 2024, la medida ha permitido a España y Portugal desacoplar la evolución del precio de la electricidad del precio del gas natural. Fuentes del ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico dan por hecho que no se incluirá en el acuerdo del Consejo de Ministros, tras señalar que España contaba ya con que la prórroga negociada con Bruselas antes de verano fuera la última, teniendo en cuenta que el instrumento lleva sin tener efecto sobre los procesos de casación marginal en los mercados mayoristas desde finales de febrero.
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