El transporte público, también el dependiente de las administraciones locales y autonómicas, será gratuito a partir del próximo 1 de enero para parados, menores de edad y jóvenes. Así lo prometió este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la primera jornada de su debate de investidura, si bien tan solo el precio de los trenes de Cercanías depende por entero del Estado: las diferentes redes de metro, líneas de autobús urbano o tranvías son gestionadas por las comunidades y ayuntamientos y, por tanto, su gratuidad deberá ser negociada antes de fin de año con esas administraciones. Sánchez, además, hizo otras promesas en materia social, como el mantenimiento de la rebaja del IVA de los alimentos.
El pacto de Gobierno firmado entre PSOE y Sumar ya contempla la ampliación de los actuales descuentos en el transporte público, puestos en marcha a principios de año para hacer frente a la crisis económica provocada por la guerra de Ucrania. "Mantendremos para todos los ciudadanos la reducción del precio de los abonos de transporte durante 2024", plantea en concreto el acuerdo, que señala que, más allá de ese año, las ayudas que ahora mismo son generales se convertirán en subvenciones para "determinados colectivos", no se aclara cuáles, "con la cofinanciación de las comunidades autónomas y la administración local".
"Ya nos comprometimos a que durante 2024 se mantuviera la reducción del precio del transporte público, pero queremos que esta política sea permanente y se consolide en España", señaló sin embargo este miércoles Sánchez. El presidente, previamente, había asegurado que "lo que tenemos que hacer es ensanchar el Estado del bienestar, justo lo contrario a los recortes y el desmantelamiento de lo público que proclama el pensamiento neoliberal de los de arriba".
Además de esta medida relativa a la gratuidad del transporte público, Sánchez recordó otras dos iniciativas que su Gobierno tomará en el corto plazo, ya conocidas. La primera de ellas pasa por "extender la bajada del IVA de los alimentos básicos hasta julio de 2024". La segunda de ellas, incluida ya en el acuerdo del PSOE con Sumar, es la de ampliar "hasta la renta media (37.800 euros [anuales por hogar]) el umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados" por la subida de los tipos de interés hipotecarios, que básicamente son dos: la ampliación del periodo de devolución del crédito hasta un máximo de siete años y la congelación de la cuota hasta por un año. Estas medidas, no obstante, dependen de que los bancos las concedan, algo a lo que no están obligados.
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De la misma forma, Sánchez se comprometió a impulsar un pacto de Estado en salud mental para fomentar el aumento del número de psicólogos y psiquiatras en los centros públicos y garantizar que "no haya un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda obtenerla". Esta competencia, no obstante, también es de las comunidades autónomas, que son las que deciden sobre la ampliación o reducción de sus plantillas de profesionales, si bien Sánchez apostó asimismo por implantar un plan para lograr una reducción drástica de las listas de espera, reforzar la atención primaria y ampliar la cartera de servicios, bucodentales y oftalmológicos.
En materia educativa, el presidente del Gobierno planteó la necesidad de mejorar "las condiciones y formación del profesorado" y de ampliar "las ayudas de comedor", algo que también es competencia autonómica. También anunció que se mantendrá el bono cultural de 400 euros para los jóvenes, este sí de competencia estatal, y afirmó que su intención es reforzar el Ingreso Mínimo Vital "simplificando los requisitos de acceso" al mismo y los trámites administrativos que deben seguirse para su concesión.
En cuanto a la vivienda, Sánchez también prometió que su nuevo Gobierno aumentará el alcance del bono para el alquiler destinado a los jóvenes, además de recordar dos medidas ya anunciadas hace meses: la creación de una línea de avales para jóvenes que quieran (y puedan) hipotecarse y la habilitación de 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible. Y, de la misma forma, el presidente y candidato aseguró que su Ejecutivo simplificará "los trámites administrativos", establecerá un "nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía, con horarios flexibles y sin cita previa obligatoria" y fijará por ley "un máximo de 30 días para la recepción de prestaciones, como las ayudas a la dependencia".
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