El 40,8% de las mujeres asesinadas por violencia de género en el año 2022 (20 de las 49 víctimas) había presentado denuncia previa contra su agresor. Es la cifra más alta de toda la serie histórica desde que en 2003 se comenzaron a contabilizar los casos de violencia machista, periodo en el que la cifra promedio se sitúa en el 25,6%. Además, el 75,5% de las víctimas convivía con el agresor en el momento del crimen.
En cinco de los 49 casos (10,2%) de mujeres asesinadas en 2022 existía una medida de alejamiento en vigor; en todos ellos, el crimen se cometió en el domicilio de la víctima. En otros tres casos habían existido medidas con anterioridad, pero estaban canceladas en el momento de los hechos.
Estos y otros datos están recogidos en el 'Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja durante 2022', hecho público este martes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y realizado a partir de información extraída de los procedimientos judiciales. Las cifras al cierre de 2023 van a superar con creces a estas de 2022, pues a falta de varios días para que termine este año ya han sido asesinadas 55 mujeres, seis más que las de 2022.
La media de edad de las mujeres asesinadas en 2022 fue de 44,6 años, una cifra muy similar a la del año anterior (44,3). La más joven tenía 17 años y la de más edad, 88. Como en años anteriores, casi la mitad de las mujeres asesinadas (42,8%) tenía entre 26 y 45 años, pese a que esa franja de edad representa menos de un tercio de la población de mujeres mayores de 25 años.
El 67,3% de las mujeres asesinadas en 2022 eran españolas. El porcentaje de víctimas de otras nacionalidades (32,7%) es inferior al de la serie histórica 2003-2022, que es del 34,9%. En cinco de los 49 casos analizados, la agresión se extendió a otras personas cercanas a la mujer asesinada, lo que causó seis víctimas mortales más. Un total de 37 menores quedaron huérfanos como consecuencia de la violencia machista; otros dos fueron asesinados por sus padres biológicos.
El método utilizado con más frecuencia para cometer el crimen fue el arma blanca (65,2%), seguido por la asfixia o estrangulamiento (15%), el arma de fuego (8,7%) y los golpes, con o sin objetos (6,5%), entre otros. El 61% de los crímenes cometidos con arma de fuego terminó con el suicidio del agresor, circunstancia que se reduce hasta el 16% de los casos cuando el crimen se comete utilizando otros medios. En más de la mitad de los casos de 2022 (55,1%), el agresor resultó detenido tras cometer el crimen y en uno de cada cinco (el 22,4 %), se suicidó.
Las denuncias que habían presentado las mujeres asesinadas el año pasado dieron lugar a 32 procedimientos, pues en siete casos la víctima presentó más de una denuncia. El Observatorio ha realizado el análisis a partir del contenido de los 25 procedimientos a los que ha tenido acceso. En 17 de los 25 casos (68%), la denuncia fue presentada directamente por la víctima, en otros seis fue fruto de una intervención policial de oficio y en los dos restantes, fue presentada por terceras personas. Los hechos denunciados consistieron en el 92% de los casos (22 de 25) en violencia física, a la que en diez de esos casos se añade también la violencia psicológica. En el 8% restante, la denuncia se produjo por el quebrantamiento de las medidas impuestas al agresor.
Según el relato que hicieron las víctimas en su momento, la violencia física consistió en empujones, tirones de pelo, toda clase de golpes e intentos de asfixia y la violencia psicológica en amenazas de muerte, amenazas de privarlas de sus hijos, insultos, desprecio, vejaciones, acoso y control de las comunicaciones.
Los casos en los que la víctima solicitó la adopción de medidas de protección en sede policial se refirieron a 11 de las 18 mujeres cuyos procedimientos judiciales previos al feminicidio han podido ser analizados por el Observatorio. Sólo en uno de los casos se denegó la medida, por lo que el porcentaje de estimación de las mismas -consistentes en su mayoría en prohibición de aproximación y prohibición de comunicación- fue muy alto.
Dichas medidas fueron retiradas en cuatro de los casos analizados: tres a petición de la víctima y una tras dictarse sentencia absolutoria. En tres de los 20 casos con denuncia previa las medidas de protección estaban vigentes en el momento de producirse el crimen. Las víctimas ratificaron en el juzgado la denuncia en nueve de los 25 procedimientos analizados (36%), y en 13 ocasiones (52%) renunciaron a ejercer acciones penales o se acogieron al derecho a no declarar.
En 11 de los casos, la instrucción concluyó con el sobreseimiento de las actuaciones y en otros siete se abrió juicio oral por delitos de maltrato, lesiones y amenazas. En dos de los casos, la instrucción seguía abierta cuando se produjo el feminicidio.
Durante el año analizado, sólo cinco comunidades autónomas no registraron feminicidios: Asturias, Cantabria, Baleares, Galicia y La Rioja. La más castigada, con una tasa de feminicidios por cada millón de mujeres de más de 15 años del 8,08 fue Castilla-La Mancha. Por provincias, fue en Madrid (7), Barcelona (5) y Sevilla (4) donde se produjeron un mayor número de asesinatos machistas.
Comentarios