Sólo unas horas antes de que la Unión Europea cerrase su pacto migratorio (que endurece la obtención de asilo) la Asamblea Nacional francesa aprobó este martes una nueva ley de inmigración. El bloque del presidente Emmanuel Macron, los conservadores y la ultraderecha sumaron sus votos para dar luz verde a una reforma migratoria muy discutida y considerada restrictiva.
El debate empezó en noviembre en el Senado francés. El Ejecutivo presentaba la nueva ley de inmigración como una reforma que endurecería las medidas contra los extranjeros sin papeles, pero que a la vez favorecería la integración de los inmigrantes. Pero la propuesta ha ido escorando a la derecha y levantando las reservas de los más centristas del Gobierno y del partido de Macron.
El texto, que finalmente es más duro que al inicio del debate, ha sido criticado por la izquierda, saludado por la extrema derecha y provoca malestar en el seno de la mayoría. La noche de este martes fue aprobado por 349 votos a favor (los del bloque macronista, los conservadores y la ultraderecha) y 186 en contra, básicamente de la coalición de izquierdas.
¿Hay o no crisis de Gobierno?
¿Podría este proyecto de ley de inmigración desembocar en una crisis política? Era el escenario más temido por la primera ministra, Élisabeth Borne. La votación podría tener consecuencias políticas ya que el texto fue aprobado con el apoyo inesperado de la extrema derecha y sin una sección entera de los partidos que componen la mayoría presidencial (27 diputados votaron en contra y 32 se abstuvieron).
Ya hay una dimisión... o eso parece. En teoría, el Ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, presentó su renuncia la noche de este martes (se lo confirmó a Le Monde). Pero Borne ha dicho la mañana de este miércoles que no, que no ha habido dimisión. Sin embargo, según BFMTV, Rousseau no ha estado en la reunión del Consejo de Ministros.
"Regularicemos a los que trabajan"
De modo que el proyecto de ley ha recibido luz verde tanto en el Senado como en la Asamblea Nacional. El Ministro del Interior, Gérard Darmanin, asegura que el proyecto de ley beneficiará a los inmigrantes legales y protegerá a los trabajadores franceses.
"Ningún Presidente de la República, ningún gobierno, ninguna mayoría -ni siquiera François Mitterrand en 1981- ha puesto en la ley de la República el fin de la hipocresía: regularicemos a los que trabajan. Serán 10.000 regularizaciones más a partir del año que viene, esto ser la victoria de la mayoría", declaró Darmanin.
Qué incluye la reforma migratoria francesa
El proyecto de ley crea permisos de residencia temporal bajo ciertas condiciones para trabajadores calificados en campos que experimentan escasez de mano de obra y agiliza el proceso de asilo. También hace que los extranjeros tengan derecho a subsidios estatales, como ayudas para la vivienda, sólo después de haber vivido en Francia durante varios meses o incluso años.
Prestaciones sociales
La derecha pedía un periodo de cinco años para tener derecho a una amplia lista de prestaciones "no contributivas", pero el compromiso alcanzado en la reforma se basa en una distinción entre los extranjeros según estén o no "en activo". Para determinadas prestaciones sociales, se establece un periodo de cinco años para los que no trabajan, pero de treinta meses para los demás.
El proyecto de ley aprobado modifica los permisos de residencia y endurece la recepción de ayudas estatales
Para acceder a la Aide personnalisée au logement (APL), una ayuda económica destinada a reducir el coste del alquiler, que era el principal escollo, se ha fijado una condición de residencia de cinco años para los que no trabajan, y de sólo tres meses para los demás. Estas nuevas restricciones no se aplican a los estudiantes extranjeros. Los refugiados y los titulares de permisos de residencia también quedan excluidos de todas estas medidas.
Regularización de sin papeles
La reforma otorga a los prefectos poderes discrecionales para regularizar a los trabajadores sin papeles en las profesiones denominadas de corta duración. Se concederá un permiso de residencia de un año, caso por caso, siempre que el trabajador resida en Francia desde hace al menos tres años y haya ejercido una actividad remunerada durante al menos 12 de los últimos 24 meses. Este "experimento" sólo se aplicará hasta finales de 2026.
Cuotas de inmigración
Se limita el número de extranjeros admitidos en el país (excluidos los solicitantes de asilo) "durante los próximos tres años". Aunque el bando de Macron considera inconstitucional la introducción de "cuotas", el Presidente aceptó esta medida y la celebración de un debate anual sobre inmigración en el Parlamento.
Reagrupación familiar
Las condiciones de reagrupación familiar se endurecen. Aumenta la duración de residencia del reagrupante a 24 meses (en lugar de 18). Además, necesitará disponer de recursos "estables, regulares y suficientes", de un seguro de enfermedad, y una edad mínima para el cónyuge de 21 años (ya no 18).
Pérdida de la nacionalidad
El texto incluye la pérdida de la nacionalidad francesa para los ciudadanos con doble nacionalidad condenados por homicidio doloso contra cualquier persona en posición de autoridad pública. Además, se pone fin al derecho automático a la nacionalidad francesa al alcanzar la mayoría de edad para las personas nacidas en Francia de padres extranjeros: tendrán que solicitarla entre los 16 y los 18 años. También, en caso de condena penal, será imposible naturalizar a un extranjero nacido en Francia.
Delito de residencia ilegal
Se restablece este delito, que conlleva una multa sin pena de prisión, se ha mantenido. Además, se ha incluido la prohibición de mantener detenidos a menores extranjeros.
¿Elementos inconstitucionales?
Un día después de que el Parlamento respaldase el nuevo proyecto, la primera ministra ha reconocido en una entrevista a France Inter que algunas de las concesiones pueden haber traspasado la barrera de la legalidad. "Por ejemplo, se prevé que si mañana alguien se casa con un canadiense o un japonés, no pueda venir a Francia si no habla bien francés", ha dicho, al aludir a alguno de los aspectos de fondo y forma sobre los que el Gobierno tiene ahora recelos.
Aun así, Borne ha explicado que pidió el voto a favor para responder a las preocupaciones de los franceses: "Queríamos votar un texto con medidas útiles, eficaces, esperadas por nuestros ciudadanos, con dos objetivos: expulsar más eficazmente a quienes no tienen derecho a estar en Francia y supervisar mejor a aquellos a los que queremos acoger".
Una victoria de Marine Le Pen
La líder de la extrema derecha Marine Le Pen se atribuye el mérito de los cambios en el proyecto de ley. El texto tuvo que ser reelaborado y endurecido como lo habían exigido los partidos de derecha, lo que llevó a la presidenta del Rally Nacional (RN) a afirmar que era una victoria para ella.
"Todavía podemos alegrarnos de un avance ideológico, de una victoria incluso ideológica de la Agrupación Nacional, ya que la prioridad nacional ahora está consagrada en esta ley", ha dicho Le Pen.
Sintonía europea
Lo cierto es que Francia no va sola por ese camino. Es la misma senda que ya recorre Alemania y, qué casualidad, la que se pretende para toda la Unión Europea. Este miércoles ha cerrado su pacto migratorio, rubricado tras las conversaciones entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, este ahora bajo la presidencia rotatoria de España.
Las claves están en un mayor control de las fronteras exteriores de la UE y una solidaridad obligatoria "pero flexible" para los 27. De este modo, los países tendrán que compensar económicamente cada acogida que rechacen.
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