La Unión Europea ve la migración como un problema. Es uno de sus grandes temas tabú en los últimos años y periódicamente se dan giros que lo devuelven a primera línea. Esta es una de esas épocas, y por eso los Estados miembros toman posiciones mientras a nivel comunitario sigue sin cerrarse un pacto común que asegure una gestión estable de la cuestión. La guerra entre Israel y Hamás, como antes la invasión rusa de Ucrania o en 2015 el conflicto en Siria vuelven a poner a la Unión ante el espejo. Pero la clave está en que la potestad de la política migratoria sigue estando en manos de los 27... y no todos piensan igual. Francia, Alemania o Italia son tres muestras para un botón.
En París están a vueltas con la polémica ley migratoria que ha lanzado el Gobierno de Emmanuel Macron. El Ejecutivo lo lidera la primera ministra Elisabeth Borne, pero esta norma viaja apadrinada por el ministro del Interior, Gerald Darmanin. El texto ya está siendo debatido en el Senado en torno a una enorme polémica; en una especie de competición por el voto más conservador, Macron camina sobre terreno pantanoso bajo una mayoría parlamentaria que no es nada firme. La ley por la que apuesta el Elíseo endurece las medidas contra los extranjeros sin papeles, pero que a la vez favorece la integración de los inmigrantes, con una vinculación por ejemplo con el mercado laboral.
Ya el pasado mes de febrero empezaron a conocerse detalles de la norma, cuyo debate se ha ido retrasando. Entre otras cosas, el Estado quiere regularizar a los inmigrantes indocumentados que trabajan en "profesiones en tensión", esto es, con escasez de mano de obra; las sombras, la reforma busca restringir la inmigración a Francia y facilitar las expulsiones. Con esta, Francia suma en torno a 30 normas para regular la inmigración, y es la segunda en este sentido desde que Macron es presidente de la República.
Por otro lado, el Ejecutivo galo quiere suprimir las garantías contra la expulsión, en particular las aplicables a los extranjeros llegados a Francia antes de los 13 años, que hayan vivido aquí más de veinte años o más de diez y que sean cónyuges o padres de franceses. También pretende acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo, simplificar los litigios administrativos relativos a los extranjeros y condicionar la concesión de un permiso de residencia plurianual a un nivel mínimo de francés. El equilibrio, no obstante, es complejo, porque también se prevé aumentar los días máximos de detención para las personas indocumentadas.
A la vez, el texto que debate el Senado pretende favorecer la regularización e integración de los inmigrantes que trabajan en sectores con escasez de mano de obra, como la construcción o la hostelería. Gobiernos de izquierda han regularizado dos veces a gran escala a los inmigrantes indocumentados. Fueron 130.000 en 1981 y 80.000 en 1998. Eso sí, las personas sin papeles perderán con esta norma facilidades en lo que a la asistencia sanitaria se refiere.
Alemania también ha tenido un cambio de discurso. De las "puertas abiertas" de Merkel en 2015 al "tenemos que deportar más rápido" de Scholz en 2023, este quizás en una especie de pánico por el ascenso de los ultraderechistas de AfD en las encuestas. Hace ocho años Berlín lideró en la UE la política de acogida a refugiados sirios, pero ahora la situación ha cambiado y el Ejecutivo semáforo acaba de cerrar con los lander un acuerdo para limitar la llegada de inmigrantes. El canciller, de hecho, ha pasado a un mensaje mucho más rotundo, sobre todo en un contexto de rechazo a los ataques terroristas de Hamás sobre Israel.
"Hay que hacer retroceder la inmigración irregular"
"Es un acuerdo histórico", sostuvo el propio Scholz tras la firma. Y en él hay dos claves: por un lado, la aprobación de un mecanismo que acelere las deportaciones, y por otro habrá recortes en las prestaciones que reciben los solicitantes de asilo. El Ministerio de Finanzas que lidera el liberal Christian Lindner calcula que se dará un ahorro de 1.000 millones de euros a las arcas públicas. En sus palabras, con este paso "se reducirá el atractivo del Estado del bienestar alemán"; y Scholz tiene claro cuál es el objetivo final: "Tenemos que hacer retroceder la inmigración irregular".
Italia, por su parte, no engaña a nadie con el Gobierno de Meloni: la migración es un tema capital para Fratelli y así lo demuestra por ejemplo el último acuerdo alcanzado con Albania, con el que Roma construirá en el país balcánico centros de identificación y acogida para los migrantes rescatados por sus equipos de salvamento en el Mediterráneo. Así lo firmaron la propia Meloni y su homólogo albanés Edi Rama esta misma semana en Tirana.
"Albania se confirma como una nación amiga y, aunque todavía no forma parte de la Unión Europea, se comporta como si fuera un país miembro", expresó la líder italiana, entre protestas de las ONG ante el pacto, que consideran "un ataque contra el derecho al asilo". Tan peliagudo ha sido que Bruselas ya ha pedido información al Gobierno italiano sobre lo firmado con Albania, que además es un país candidato a la adhesión a la UE. Estos centros se prevé que tengan capacidad de hasta 3.000 personas y estarán en marcha en la primavera de 2024. En ellos, sostuvo Meloni, se hará tareas tanto de atención como de control, y también parte de los trámites para las repatriaciones.
Mientras, la UE trata de unificar, sin suerte, todos los criterios. Es otro cuento de nunca acabar para el bloque comunitario. "Es probable que no nos vayamos a encontrar nunca un tema tan sensible como este", reconocen fuentes consultadas por 20minutos, que no hacen apuestas de si habrá o no pacto común de migración y asilo. El objetivo es que se alcance antes de que acabe la legislatura, "pero todavía quedan cosas por hacer", concluyen. Las conversaciones llegan ya al punto clave: el trílogo. Consejo, Comisión y Parlamento tienen que alcanzar un acuerdo si no quieren que el asunto vuelva a un cajón... para quizá no salir nunca más, vista la división que provoca el tema.
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