Llegó un momento que parecía que nunca iba a llegar: la UE ha cerrado este miércoles su pacto migratorio, rubricado tras las conversaciones (trílogo) entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, este ahora bajo la presidencia rotatoria de España. De este modo, se rubrica un asunto que era tabú desde hace casi una década y que ha encontrado numerosos obstáculos sobre todo entre los Estados miembros. Este, de hecho, era uno de los grandes retos de lo que queda de legislatura antes de las elecciones europeas que se celebran entre el 6 y el 9 de junio de 2024.
Las claves están en un mayor control de las fronteras exteriores de la UE y una solidaridad obligatoria "pero flexible" para los 27. De este modo, los países tendrán que compensar económicamente cada acogida que rechacen. Para las voces más críticas, el acuerdo vira hacia las posiciones de la derecha radical, que pedía una mayor firmeza y un mayor control en las entradas, un argumento que además había repetido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: "Nosotros decidimos quién y cómo entra" en la UE. Ahora tanto los 27 como el pleno del Parlamento Europeo tendrán que refrendar el acuerdo.
Han hecho falta tres días y noches de intensas negociaciones para terminar de cerrar los últimos escollos del complejo paquete legislativo que la Comisión Europea propuso en 2020. "El Pacto de Migración y Asilo es en sí un éxito en la medida en la que es un paso adelante respecto de la situación insatisfactoria e insostenible de la que venimos. A partir de su entrada en vigor, por fin contaremos con una respuesta europea al hecho migratorio y sus desafíos, especialmente ante situaciones de crisis", destacó Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión europarlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE).
El acuerdo, en total, consta de cinco reglamentos diferentes, que tratan de abarcar todos los matices posibles de la política migratoria. El Reglamento de gestión de Asilo y Migración (RAM) es la pieza principal y supone la reforma del Reglamento de Dublín, que hasta ahora ha asignado al Estado de primera entrada la responsabilidad de las solicitudes de asilo y de las ayudas que emanan del Estatuto de Refugiado. En contraprestación, contiene medidas de solidaridad. El reglamento que regula las situaciones de crisis: un Estado puede solicitar a la Comisión la activación de una respuesta de emergencia ante una avalancha migratoria inesperada. Este punto fue el que más ampollas levantó entre los 27, y acabó en un consenso 'manchado' por los discursos duros de los gobiernos húngaro y polaco.
Por otro lado, se incluye la reforma del Reglamento de Eurodac (sistema de comparación de impresiones dactilares usado para ayudar a determinar el Estado miembro responsable del estudio de una solicitud de asilo), así como el reglamento sobre el control de migrantes en las fronteras exteriores. Este es el elemento que más se refuerza, con unos requisitos de entrada más rotundos. El acuerdo se completa con la reforma del Reglamento de procedimientos comunes y garantías, con el objetivo de mejorar la coordinación entre los socios comunitarios.
El objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente. De esta manera se destierra el sistema de cuotas obligatorias, algo que reclamaron hasta el final tanto España como Italia.
El precedente de 2015 era la referencia para la UE, y aquello no salió bien. La crisis derivada de la guerra en Siria provocó cifras récord de llegadas de refugiados a Europa, y trató de pactarse un sistema de cuotas que vetaron los países del Este (igual que hacen ahora). La foto de 2023 no es muy diferente, sobre todo en el sur: en 2022 se detectaron alrededor de 331.000 entradas irregulares en las fronteras exteriores de la UE, el nivel más alto desde 2016. En lo que va de año, a España han llegado más de 41.000 (con cifras hasta el 31 de octubre), y Canarias asume más de la mitad.
Tanto la comisaria Ylva Johansson como la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han calificado el pacto como histórico. "¡Éxito! Después de años de estancamiento político, hemos llegado a un acuerdo", ha anunciado uno de los eurodiputados del equipo de negociación, el democristiano holandés Jeroen Lenaers. En la misma línea se pronunció también otro comisario, Margaritis Schinas.
Pese a que las negociaciones en trílogo han llegado a un sí común, los grupos situados más a la izquierda en el Parlamento Europeo no están satisfechos con el acuerdo. "En lugar de buscar soluciones humanas y prácticas para gestionar la migración de forma ordenada y segura, los Estados miembros de la UE han estado aplicando políticas peligrosas que están convirtiendo el Mediterráneo en un cementerio. Lamentablemente, el resultado de estas negociaciones no hará más que solidificar este enfoque", comentó Philippe Lamberts, copresidente de Los Verdes en la Eurocámara. Mientras, para el grupo de La Izquierda, este es "un día oscuro" para la UE.
El pacto, con todo, llega en un escenario en el que varios países han ido mostrando posiciones más duras respecto a la migración. Hungría y Polonia abanderan el discurso más drástico, pero también Italia, tal como muestra el último acuerdo alcanzado con Albania, con el que Roma construirá en el país balcánico centros de identificación y acogida para los migrantes rescatados por sus equipos de salvamento en el Mediterráneo; Bruselas de hecho ha pedido más información sobre este pacto.
Pero también Francia o Alemania han virado hacia posturas más rotundas, en parte incluso para frenar el auge de la derecha radical. En París están a vueltas con la polémica ley migratoria que ha lanzado el Gobierno de Emmanuel Macron. El Ejecutivo lo lidera la primera ministra Elisabeth Borne, pero esta norma viaja apadrinada por el ministro del Interior, Gerald Darmanin. El texto ha sido aprobado también este miércoles con una enorme polémica; en una especie de competición por el voto más conservador, Macron camina sobre terreno pantanoso bajo una mayoría parlamentaria que no es nada firme. La ley por la que apuesta el Elíseo endurece las medidas contra los extranjeros sin papeles, pero que a la vez favorece la integración de los inmigrantes, con una vinculación por ejemplo con el mercado laboral.
Berlín también ha tenido un cambio de discurso. De las "puertas abiertas" de Merkel en 2015 al "tenemos que deportar más rápido" de Scholz en 2023, este quizás en una especie de pánico por el ascenso de los ultraderechistas de AfD en las encuestas. Hace ocho años Berlín lideró en la UE la política de acogida a refugiados sirios, pero ahora la situación ha cambiado y el Ejecutivo semáforo acaba de cerrar con los lander un acuerdo para limitar la llegada de inmigrantes. El canciller, de hecho, ha pasado a un mensaje mucho más rotundo, sobre todo en un contexto de rechazo a los ataques terroristas de Hamás sobre Israel.
El acuerdo también ha tenido reacciones por parte de las ONG. "Las reformas se basan en gran medida en la premisa de que el endurecimiento de los procedimientos fronterizos reducirá el número de solicitantes de asilo en Europa. Sin embargo, la gente seguirá buscando seguridad, medios de subsistencia o reunirse con sus seres queridos", explican desde Cruz Roja. "Tememos que los nuevos procedimientos previstos en las fronteras expongan a las personas a más riesgos y dejen sin cubrir necesidades críticas", afirma Mette Petersen, directora de la Oficina de la organización en la UE.
"Por ello, los colegisladores deben hacer todo lo posible para que las normas de migración de la UE sean más sostenibles y centradas en el ser humano", concluye. En el mismo tono se ha pronunciado Médicos Sin Fronteras, para quienes el pacto "no abordará condiciones de acogida seguras ni dignas, ni espacio para solicitar asilo ni tampoco salvaguardará el derecho a una asistencia humanitaria independiente que salve vidas".
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