La Asamblea Nacional francesa adoptó el pasado martes el proyecto de ley de inmigración de Emmanuel Macron, con 349 votos a favor y 186 en contra (65,23 %), en una polémica votación que ha dividido a los propios miembros de la coalición de gobierno, Renacimiento, de cuyos 170 diputados 20 han votado en contra y 17 se han abstenido.
Según informa Le Monde, el texto endurece la propuesta inicial y limita a 10.000 nuevos trabajadores extranjeros al año, pero no bloquea el objetivo del Gobierno de regularizar a los inmigrantes indocumentados que se desempeñen en sectores que no encuentran mano de obra, como la construcción o la hostelería.
Además, extiende a cinco años, desde los actuales seis meses, el período de espera a que los inmigrantes legales extracomunitarios pueden solicitar ayudas para la vivienda o de carácter familiar.
También se suprime el derecho automático al trabajo para los solicitantes de asilo (actualmente hay un período de espera de seis meses). Otro elemento es que se endurecen las condiciones de acceso al trabajo para los estudiantes extranjeros.
Adicionalmente, se establece el objetivo de crear cuotas de inmigrantes anuales, se crea el delito de residencia ilegal en suelo francés, penado inicialmente con fuertes multas, y se prevé la retirada de la nacionalidad a los binacionales que cometan ciertos delitos.
En cambio, se prohíbe el ingreso de menores de edad en centros de detención administrativa para inmigrantes indocumentados y se aumentan las penas para los traficantes de inmigrantes.
Los 88 votos a favor de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen han sido fundamentales para la aprobación de la ley, aunque, según apunta el Gobierno galo, también habría sido suficiente con su abstención, pero el proyecto de ley no habría salido adelante si hubieran votado en contra. Le Pen consideró que la ley aprobada "representa una victoria ideológica indiscutible" para su partido.
La aprobación de esta ley ha dividido a la coalición Renacimiento, del presidente Emmanuel Macron, que integra a varias sensibilidades políticas del centro-derecha y centro-izquierda. Tras las votaciones en el parlamento, el ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, ha comunicado su dimisión a la primera ministra, Élisabeth Borne. "Si se vota el texto, me iré", había dicho el pasado partes: "No doy lecciones de izquierda ni de moral a nadie. Veo clínicamente que no me es posible explicar este texto".
Borne ha reconocido este miércoles que algunas de las medidas de la nueva ley pueden ser contrarias a la Constitución y el Gobierno pedirá examinarlas. "El presidente de la República va a remitirlo al Consejo Constitucional", indicó Borne, en referencia al organismo que se encarga de velar por que las leyes francesas estén acordes a la Carta Magna.
"Es un texto lepenista", ha acusado este miércoles Mathilde Panot, presidenta del grupo de izquierdas Francia Insumisa, en una entrevista para France Info. Para Panot, el texto, "xenófobo", consitituye "un ataque regular a los derechos fundamentales" y ha pedido a Borne su dimisión: "Es increíble, una Ministra aprueba una ley y ella misma reconoce que lo que está aprobando es inconstitucional".
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