En tres de cada diez divorcios en España se incumple el pago de la pensión de alimentos a los hijos o se impiden las visitas acordadas, según el V Observatorio de Derecho de Familia, que anualmente elabora la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) a partir de una encuesta a los letrados especialistas en familia, menores y discapacidad.
Para conseguir que se abone la manutención de los hijos o se establezca el contacto con los progenitores, los abogados se ven abocados a interponer una demanda ejecutiva para que el juez haga cumplir la sentencia de separación o divorcio en la que se fijaron una serie de obligaciones sobre la patria potestad, la guarda y custodia, el régimen de visitas, la pensión de alimentos o las compensatorias.
Sin embargo, la Aeafa advierte de que las demandas ejecutivas no tienen un efecto inmediato: según las propias estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las relacionadas con procesos de familia tardan una media de dos años y once meses en hacerse efectivas.
Efectos "devastadores" de estos incumplimientos
"De nada sirve disponer de una resolución judicial que no puede ejecutarse o lo hace con tanto retraso que la convierte en estéril porque no llega a tiempo. ¿Cómo se puede vivir más de dos años sin ver a tus hijos? ¿Cómo puedes criarlos sin dinero suficiente?", lamenta la presidenta de la asociación, María Dolores Lozano, que alerta de los efectos "devastadores" de estos incumplimientos en el desarrollo emocional de los hijos.
Lozano indica además que la consideración como delito del impago de las pensiones no ha detenido esta práctica y señala que e muchos de estos casos la persona acusada evita la condena acreditando su falta de disponibilidad económica.
"Cuando la ciudadanía recurre a los tribunales, no desea solo una declaración formal a través de una sentencia, sino su cumplimiento. Por mucho que mejoremos las leyes, si carecemos de cauces efectivos de ejecución estamos ante una pérdida de tiempo", añade Lozano.
Desde la Aeafa reclaman una reforma de las normas relacionadas con la ejecución de sentencias para que sean "ágiles y eficaces" ya que consideran que la actual legislación "está pensada para la ejecución dineraria, pero no para incumplimientos como las visitas".
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