Hace un año, cuando todavía no había remitido la crisis energética y aún eran muchas las prisas por dejar de depender del gas ruso, la UE tomó una decisión que en España soliviantó a los técnicos de evaluación ambiental y a plataformas de defensa del territorio. Con el objetivo de poder producir toda la electricidad de origen renovable que fuera posible en el menor tiempo, los Veintisiete acordaron una vía exprés para autorizar parques eólicos y fotovoltaicos, que acortaba los plazos y que, con excepciones, suplía con un estudio del propio promotor una evaluación de impacto ambiental que tomaría más tiempo. Era una medida excepcional por la crisis que solo duraría un año y medio. Sin embargo, los Veintisiete buscarán el próximo martes en Bruselas un acuerdo para prorrogarla un año más, hasta junio de 2025.
El acuerdo se espera en el último Consejo de Energía de la Presidencia española, presidido por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a quien corresponderá forjar el acuerdo en torno a esta propuesta de la Comisión Europeo. "Los ministros tratarán de lograr un acuerdo político sobre la prórroga del periodo de aplicación de determinadas disposiciones" de ese reglamento hasta el 30 de junio de 2025, dice el Consejo de la UE en la nota previa a la reunión de ministros de Energía del martes. Según la propuesta de la Comisión, entre estas disposiciones se encuentra aquella que dice que "los Estados miembros podrán eximir a los proyectos de energías renovables, así como a los proyectos de almacenamiento de energía y los proyectos de red eléctrica que sean necesarios para integrar la energía renovable en el sistema eléctrico, de la evaluación de impacto ambiental y de las evaluaciones de protección de las especies", algo de lo que ya quedaban eximidas las zonas protegidas.
El proceso de autorización de los parques renovables es una cuestión muy delicada en países como España. Por una parte, las empresas del sector renovable insisten al Gobierno que es necesario acelerarlo, para poder cumplir con ambiciosos objetivos de generación y de electrificación de la economía que él mismo ha marcado en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Por la otra, las plataformas de defensa del territorio y vecinos de los entornos rurales donde se proyectan los grandes parques recelan o se oponen directamente a instalaciones que modifican el entorno y consideran que perjudican otras actividades económicas, como el turismo rural.
En el medio está la vicepresidenta Ribera, que en España tiene que lidiar con estas dos fuerzas contrarias y que este martes en Bruselas deberá moderar el debate de los ministros europeos sobre la ampliación de este reglamento que se concibió como provisional hasta que la UE se dotara de una normativa sobre la materia. La nueva Directiva Renovables se aprobó definitivamente en marzo de este año y, por lo que respecta al proceso de autorización de parques, establece un plazo máximo de 12 meses en zonas de prioridad para renovables que los países tendrán que crear y 24 meses para el resto. Más allá de este tiempo, el "silencio administrativo" se interpretará como una autorización tácita. Sin embargo, todavía quedan meses hasta que los países la incorporen a sus respectivas legislaciones nacionales, de modo que la eventual extensión del plazo del reglamento extraordinario cubriría el tiempo que tarden para continuar con el despliegue acelerado de renovables.
Prórroga al tope de 180 euros al gas
Esta no es la única medida excepcional y motivada por la crisis energética de 2022 que se espera que los ministros aprueben el martes. También tendrán sobre la mesa acordar una prórroga al reglamento que también en diciembre del año pasado fijó un tope de 180 euros/Mwh al precio del gas, un instrumento que costó mucho acordar y que después nunca se ha tenido que activar y que, igualmente, Bruselas cree que sería positivo tenerlo en pie un año más, hasta el 31 de enero de 2025. Curiosamente, los ministros tomarán su decisión una semana después de que en el acuerdo definitivo para reformar el mercado europeo de la electricidad, el Parlamento Europeo lograra sacar del pacto la prórroga de esta misma herramienta de excepción que el Consejo habría querido introducir por menos tiempo, hasta junio de 2024. Ahora, la eventual decisión por parte de los ministros de Energía no tendría que pasar por el visto bueno del Parlamento Europeo porque se hará por el procedimiento para tomar decisiones de urgencia.
La tercera prórroga que deberán decidir es para extender otro año más, hasta el 31 de diciembre de 2024, la plataforma de compras conjunta de gas con las que las compañías europeas que lo han deseado han podido buscar precios más bajos.
Envases reciclables
Antes del Consejo de Energía del martes, Ribera presidirá este lunes el Consejo de Medio Ambiente que informará de los resultados de la recién clausurada Cumbre del Clima de Dubái e intentará llegar a una posición común para negociar con el Parlamento Europeo -ya, como mínimo, bajo Presidencia belga de la UE, que empezará el 1 de enero- un nuevo reglamento sobre los envases y residuos de envases.
De acuerdo a la propuesta de la Comisión, todos los envases deberán ser reciclables el 1 de enero de 2035, con una fase previa en enero de 2030, y deberán cumplir con una serie de requisitos de composición y tamaño para ello.
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