El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el techo de gasto del Estado y los objetivos de estabilidad de todas las administraciones públicas del país, un paso previo imprescindible para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2024, cuya elaboración arrancó oficialmente a finales de noviembre.
El límite de gasto no financiero del Estado se situará en 2024 en 199.120 millones de euros. Una cifra que incluye los fondos europeos de recuperación y que implica un incremento del 0,5% en comparación de la cuantía fijada para 2023. Esto quiere decir que el Gobierno no podrá gastar en 2024 más de esos casi 200.000 millones de euros de referencia, una cifra que no incluye el pago de intereses por la deuda pública ni las transferencias a las comunidades autónomas por el sistema de financiación autonómica.
Si se descuentan los fondos de recuperación —que solo se pueden emplear para proyectos específicos—el techo de gasto se sitúa en 189.215 millones, 16.150 millones más que en 2023 (un 9,3%). No obstante, buena parte de esos 16.150 millones de euros están ya comprometidos. De ellos, al menos 4.746 millones se irán a abonar las subidas salariales de los empleados públicos estatales. Además, hay que tener en cuenta que el Ejecutivo se ha comprometido a ampliar la rebaja del IVA a determinados alimentos hasta junio de 2024 o a la gratuidad de todo el transporte público para jóvenes y parados.
En lo que respecta a los objetivos de estabilidad —los límites legales de déficit en los que pueden incurrir las administraciones públicas— , Hacienda ha establecido un máximo del 2,7% sobre el PIB para el Estado, un 0,1% para las comunidades autónomas, un 0% para las corporaciones locales y un 0,2% para la Seguridad Social.
Estas referencias, que la ministra comunicó el lunes a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), son menos exigentes para comunidades y ayuntamientos de lo que se establecía en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas en abril. Por tanto, estas administraciones contarán con algo más de margen de gasto. Las comunidades autónomas del PP votaron en bloque contra la senda fiscal propuesta por el Gobierno en una reunión tensa en la que acusaron al Gobierno de dar un trato preferente a Cataluña en la negociación sobre financiación autonómica. Además, Hacienda informó el lunes a las comunidades de que contarán con 154.500 millones de euros del sistema de financiación en 2024, de nuevo, la mayor cifra de la historia.
La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado que se trata de un límite de gasto "realista" y que permitirá "continuar con las políticas de modernización de la economía". Además, ha señalado que el Gobierno se ha reservado un margen para mantener o prorrogar algunas de las medidas anticrisis si fuera necesario, una decisión que en todo caso se adoptaría a finales de mes cuando haya más datos de precios disponibles.
"No hemos agotado la totalidad en el techo de gasto de capacidad que teníamos según el Plan Presupuestario comprometido con Bruselas. Hemos sido muy prudentes respecto a la presupuestación para que nos permita mayor holgura para poder abordar alguna medida prioritaria que tengamos que seleccionar", ha agregado la ministra de Hacienda.
Sortear el veto del Senado
Tras aprobar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad para toda la administración pública, el Gobierno debe presentarlos al Congreso y el Senado, donde debe recibir el visto bueno de ambas cámaras. Se da por hecho que el Partido Popular usará su mayoría absoluta en la Cámara Alta para vetar las dos iniciativas. Lo que no está claro es si ese poder de veto será suficiente para tumbar los presupuestos.
Una de las posibilidades es que el techo de gasto y los objetivos de estabilidad decaigan y se interrumpa el proceso presupuestario. Si esto ocurriese, el Gobierno tendría que reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que no sea necesario el sí del Senado, como ocurre en la práctica con la mayoría de proyectos y proposiciones de ley.
Sin embargo, María Jesús Montero sostiene que en ese caso se aplicarían los objetivos de estabilidad que el Gobierno remitió a Bruselas en abril, una interpretación que está avalada por la Abogacía del Estado, según señaló el lunes la ministra. Si finalmente la ministra se sale con la suya, las cuentas públicas podrían seguir adelante en su tramitación con esa senda de déficit que, además, es más estricta para las comunidades autónomas y los ayuntamientos que la aprobada este martes por el Ejecutivo.
Este es uno de los argumentos que esgrime Montero para tratar de disuadir a los populares de que empleen su poder de veto. Siguiendo su razonamiento, como el PP controla buena parte de los gobiernos autonómicos y municipales tras las pasadas elecciones, vetar la senda de déficit sería contraproducente para sus propios intereses dado que implicaría menor margen de gasto para las autonomías que gestiona. "Sería tirar piedras contra su propio tejado", ha señalado Montero, que ha repetido una frase que ya pronunció el lunes.
La Ministra de Hacienda se ha fijado marzo del año que viene como fecha ideal para tener listas las cuentas públicas. Eso sí, ha matizado que la tramitación no depende del Gobierno y ha aprovechado para lanzar un nuevo dardo al PP. "No tengo por qué pensar que el PP se vaya a oponer a esos objetivos de estabilidad que son buenos para las comunidades autónomas y ayuntamientos que ellos gobiernan", ha zanjado.
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