Los gobiernos autonómicos contarán con 154.467 millones de euros del sistema de financiación autonómica para elaborar sus presupuestos de cara al año próximo. Esta cifra supone un incremento del 14,9% en comparación con los recursos transferidos desde el Estado a la administración regional en 2023. Así lo han adelantado en la tarde de este lunes fuentes del Ministerio de Hacienda y ha confirmado posteriormente la ministra María Jesús Montero, quien ha anunciado también que las autonomías podrán cerrar como máximo con un desequilibrio en las cuentas del 0,1% del PIB, mientras que el Estado lo hará en un 2,7%.
De toda la financiación que recibirán las administraciones autonómicas el año que viene, 134.658 millones corresponden a entregas a cuenta por los ingresos tributarios previstos para 2024, un 8,3% más que lo entregado en 2023. La recaudación fiscal definitiva de los impuestos que corresponden a las autonomías no se conoce hasta más de un año después de elaborar los presupuestos, por lo que el Gobierno adelanta todos los años a las comunidades unos importes estimados en base a las previsiones.
Además, los gobiernos autonómicos recibirán otros 20.746 millones de euros en concepto de liquidación del sistema de financiación de 2022, un año en el que la recaudación fiscal superó todas las expectativas. Estos casi 21.000 millones son la diferencia entre la recaudación que estimó el Estado para las autonomías de cara a ese ejercicio y el resultado que finalmente se obtuvo. Dado que 2022 superó ampliamente las expectativas, la liquidación para las comunidades es especialmente favorable este año.
El Ministerio de Hacienda ha transmitido esta información a los gobiernos autonómicos durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el foro en el que las comunidades y el Gobierno discuten los asuntos de la hacienda pública. Este encuentro había sido convocado la semana pasada por la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para informar a las administraciones de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Es decir, los límites de déficit público en los que pueden incurrir legalmente las administraciones territoriales.
Sobre esta cuestión, María Jesús Montero ha comunicado a las comunidades autónomas que podrán cerrar como máximo con un desequilibrio en las cuentas del 0,1% del PIB, una décima más que lo que el Gobierno comprometió con Bruselas el pasado mes de abril. Esta referencia no ha gustado a algunas comunidades gobernadas por el PP. Por ejemplo, la consejera de Hacienda andaluza, Carolina España, ha criticado que el ajuste es mucho más exigente para ellas que para el Estado —cuyo límite de déficit es del 2,7%— aunque las autonomías asumen un tercio del gasto público nacional.
En lo que respecta a las corporaciones locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos...) deberán cerrar las cuentas en equilibrio presupuestario. Es decir, con equivalencia entre ingresos y gastos. El objetivo que finalmente ha fijado Hacienda para estas corporaciones es algo más suave que el remitido a Bruselas, que establecía una obligación de superávit de 0,2 puntos sobre el PIB.
Las negociaciones para la quita empezarán en enero
La ministra Montero, que ha intervenido en rueda de prensa tras la reunión del CPFF, ha adelantado que a partir de enero Hacienda emprenderá una ronda de contactos con los gobiernos autonómicos para discutir las quitas de la deuda a las comunidades. El departamento de Montero celebrará reuniones individuales con cada comunidad para estudiar su situación y establecer qué parte de su deuda es fruto de la crisis financiera de 2008, que será la que se perdone. Los trabajos son de gran complejidad técnica y la idea es que las comunidades puedan volver a financiarse en los mercados progresivamente, aunque sea de forma parcial al principio.
La condonación de parte de la deuda autonómica saltó a la palestra tras el acuerdo de investidura firmado por PSOE y ERC, que establecía un perdón del 20% de la deuda pública catalana (15.000 millones) en manos del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El propio texto del pacto establecía que ese perdón se extenderá a todas las comunidades, tengan o no deuda con el Estado, aunque no especificaba bajo qué fórmula. Algo que no ha gustado nada a la mayoría de comunidades de régimen común, incluida Castilla-La Mancha, en manos socialistas.
Montero niega reuniones bilaterales con Cataluña
Montero ha aprovechado la ocasión también para negar que Hacienda haya tenido alguna reunión exclusiva con la Generalitat para discutir el modelo de financiación de esta comunidad. "No ha habido ninguna reunión bilateral del modelo de financiación autonómica en Cataluña", ha zanjado Montero. La consellera de Hacienda catalana, Natalia Màs, se había ausentado de la reunión de este lunes alegando que el Govern tiene abierta ya una negociación bilateral con el Estado para pactar una nueva financiación singular. Un comentario que han sentado mal a la mayoría de gobiernos autonómicos, incluido también el de Castilla-La Mancha, en manos del PSOE. Las 12 autonomías gobernadas por el PP han planteado un frente común a Hacienda: han exigido una reforma del sistema de financiación, que lleva pendiente desde 2014 y han reprochado un trato de favor del Gobierno a Cataluña
La ministra de Hacienda ha destacado además que todas las comunidades autónomas han vuelto a recibir la mayor financiación de su historia con este Gobierno, pese a la pandemia y la presencia de una guerra en suelo Europeo. Una financiación que, es importante recordar, procede en casi en su totalidad de la recaudación de los impuestos que legalmente corresponden a los gobiernos autonómicos.
En este sentido, María Jesús Montero ha recordado que el Gobierno central asumió todo el impacto fiscal de la pandemia, que cifra en 30.000 millones de euros. De igual modo, ha añadido que Hacienda ha perdonado a comunidades y ayuntamientos la liquidación negativa del sistema en 2020. Aquel ejercicio, la recaudación fiscal se hundió por la pandemia y las comunidades recibieron entregas a cuenta muy superiores a lo que les hubiera correspondido. El Gobierno, en lugar de reclamar esos importes en la liquidación de ese año, se los perdonó a las autonomías.
Comentarios