La Policía Nacional se ha topado con un patrón común al investigar los delitos cometidos por bandas juveniles en Madrid: el uso de menores. Como ha explicado este jueves la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, estos grupos violentos y organizados emplean a "jóvenes de muy corta edad" porque son "inimputables". Según explican a 20minutos fuentes policiales, "los capos saben que la Ley del menor los ampara y eligen a los más pequeños para cometer los delitos más graves, como las cuchilladas". La solución que propone el Ayuntamiento pasa por que el nuevo Gobierno de España "endurezca las leyes" para que quienes participen en una reyerta o perpetren un robo no se vaya de rositas, tengan la edad que tengan. 

La también delegada municipal de Seguridad y Emergencias ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno donde que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una labor "complicada" para luchar contra estas bandas, dado que no cuentan con "toda la potencia legal que se podría tener". Se refería a la conocida Ley del Menor, que señala en su artículo 3 que "cuando el autor de los hechos sea menor de 14 años, no se le exigen responsabilidades, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes". En la práctica, el Ministerio Fiscal deriva el caso a Servicios Sociales, pero no actúa contra el menor porque legalmente no es responsable. Y eso lo aprovechan los líderes de estas organizaciones criminales...

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Las palabras de la vicealcaldesa se enmarcan en una semana que ha revuelto las páginas de sucesos, con hasta tres hechos delictivos donde podrían haber participado estos grupos juveniles. Uno de los más sonados dejó a un joven de 16 años herido grave en la noche del pasado lunes después de ser apuñalado en la pierna con arma blanca en Topete, una calle de Tetuán. En los otros dos resultaron heridos leves dos jóvenes, víctimas de sendos robos con cuchillos en las calles del madrileño barrio de Malasaña, el mismo lunes y el martes. 

En lo que va de 2023, se han detenido a 1.300 personas relacionadas con bandas juveniles y se han realizado 35.000 actuaciones en materia de grupos violentos, en la Comunidad de Madrid, según informó este miércoles el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Este tipo de organizaciones se integra por miembros de diferente procedencia, como españoles, marroquís, rumanos… y no solo personas de origen latinoamericano, en base a la Memoria Anual de la Fiscalía. Y los jóvenes que se adhieren a estas bandas persiguen por motivos muy diversos, como el reconocimiento social o la protección.

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"Hecha la ley, hecha la trampa"

A la luz de los datos, muchas veces ocultos, Sanz ha considerado que la Policía ha hecho "una labor importante" con detenciones que han hecho mella en las fuentes de financiación de dichas bandas, "pero es evidente que no han conseguido desarticularlas totalmente y que siguen produciéndose hechos delictivos". El siguiente paso, a su parecer, es llevar a cabo "modificaciones normativas", al tiempo que ha recordado que, al hablar de organizaciones de delincuencia, "quien tiene las principales competencias es la Policía Nacional". 

"Hecha la ley, hecha la trampa. Los más mayores les comen la cabeza a los chavales, prometiéndoles entrar en la banda si se meten en peleas o realizan algún hurto", relatan voces de la policía. Posteriormente, en caso de ser un menor de catorce años quien comete el delito, "es fiscalía de protección de menores quien abre un expediente, y hace un seguimiento del mismo, de su entorno socio-familiar, para detectar riesgos y sugerir medidas o recursos públicos, como psicólogos, que le impidan reincidir", señala Elena Ruiz Escalera, Coordinadora Servicio de Orientación Jurídica del TSJ ICAM. 

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Ante lo que la abogada penalista advierte: "Explotar a menores u obligarles a llevar a cabo hechos delictivos o en contra de su voluntad también es un delito en sí mismo". Desde el Consistorio también quieren que se revise el ordenamiento jurídico para castigar a los adultos que se aprovechan de los menores. 

El "muro" contra los 1.000 policías

Por la parte que le toca, la vicealcaldesa ha garantizado que la Policía Municipal ha hecho "todo lo que está en su mano". No obstante, ha vuelto a denunciar "el muro" con el que se encuentra el Consistorio madrileño cada vez que reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que elimine la tasa de reposición para que la capital pueda incorporar más policías municipales.

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Concretamente, desde el Consistorio calculan que faltan 1.000 efectivos gestionar las necesidades crecientes de seguridad de la ciudad, con apenas 6.000 agentes, mil menos que en la época del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011). Asimismo, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida se ofrece a sufragar cualquier coste y