La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avanzó este lunes la apertura de un nuevo frente judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez, esta vez a cuenta del nuevo Plan Hidrológico del Tajo. El Canal de Isabel II, el ente público que gestiona el agua en la región, ha presentado una demanda en el Tribunal Supremo contra el plan que aprobó el Ejecutivo a principios de este año.
Uno de los argumentos que esgrime ese recurso es las dificultades que plantea a las movilizaciones de agua entre embalses de la misma cuenca pero de diferentes ríos. En concreto, el nuevo Plan Hidrológico plantea que para realizar estas operaciones se tendrá que pedir autorización previa a la Conferencia Hidrográfica del Tajo, que es una entidad adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, cuando en regulaciones previas este trámite no era necesario, de acuerdo con fuentes del Ejecutivo regional.
Para el Canal de Isabel II este aspecto es una "limitación encubierta" de las concesiones para el aprovechamiento de aguas para abastecer a la población que tiene otorgadas por el Estado desde casi 30 años. "Nos pone impedimentos a los trasvases necesarios para que llegue el agua a las casas de los madrileños, nos impide cumplir los requisitos de depuración y nos obstaculiza la planificación", detalló este lunes Isabel Díaz Ayuso al anunciar la presentación de la demanda.
"Estas concesiones no están supeditadas a la solicitud y al otorgamiento de una autorización administrativa para la derivación de caudales", recoge la demanda presentada por la Comunidad a la que ha tenido acceso 20minutos. Sobre el régimen previo al nuevo Plan Hidrológico del Tajo, se explica que el Canal de Isabel II estaba "obligado a comunicar" el uso que pretendía realizar con las concesiones que tiene sobre el agua, pero el nuevo sistema "impone" someter su "derecho" al arbitrio de la Administración central en forma de autorización administrativa. "Se sustituye de forma injustificada e innecesaria un sistema de control ex post por otro de control preventivo ex ante", se sostiene.
Este aspecto del Plan Hidrológico afecta especialmente a los trasvases entre los embalses de Valmayor (Jarama-Guadarrama) y San Juan (Alberche), hasta tal punto que desde la Comunidad se afirma que el régimen autorizatorio que "impone" el Plan del Tajo va referido "única y exclusivamente" a las movilizaciones de caudales que se producen entre estos embalses integrados en el título concesional del Canal. "Supone la introducción de una norma de caso único que implica, de facto, una modificación de las condiciones del título concesional", se afirma para concluir que "se está modificando el título concesional mediante real decreto y al margen del procedimiento previsto para ello".
"Que Madrid se rinda por sed"
Para la Comunidad, el nuevo Plan "cambia radicalmente" las reglas establecidas hasta el momento y "boicotea" el sistema de abastecimiento de agua de Madrid. "El mayor de España y uno de los mejores del mundo", dijeron desde el Ejecutivo de la Puerta del Sol. Las mismas fuentes insistieron en que el real decreto del Gobierno "pone impedimentos" a los trasvases necesarios e "impide" cumplir los requisitos de depuración y "obstaculiza" la planificación del agua que hace Canal.
"Sánchez pretende que Madrid se rinda por sed", remarcó elevando el tono de sus palabras Díaz Ayuso y señalando que el objetivo de este plan hidrológico es "sitiar" a la Comunidad de Madrid. "Está utilizando el agua como arma política, para asediar a la capital de España, que no se doblega ante sus atropellos", abundó la jefa del Ejecutivo madrileño.
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, no tardó en contestar. La también ministra de Transición Ecológica tildó la demanda como una "ocurrencia" para "irritar a la gente" y aseguró que la Comunidad llega "fuera de plazo" porque ya no se pueden recurrir los planes hidrológicos.
"Esta señora demuestra una vez más que probablemente piensa en otro tipo de cosas que no es el interés de los madrileños y en la resolución de problemas, sino en la generación de nuevos problemas", aseguró Ribera en referencia a Díaz Ayuso.
Críticas de la oposición madrileña
La nueva jefa de la oposición madrileña, Manuela Bergerot, criticó sin miramientos el frente judicial abierto por la Comunidad a cuenta de la gestión del agua. "No pierde oportunidad para hacerle la guerra a Pedro Sánchez", aseveró la portavoz de Más Madrid sobre la presidenta madrileña, para agregar que la ve "más preocupada por disputarle el asiento a Feijóo que por la vida de los madrileños".
Mientras tanto, Rocío Monasterio ligó el planteamiento de gestión del agua del Gobierno central a la Agenda 2030 que Vox quiere suprimir porque, bajo su punto de vista, tiene consecuencias negativas para España. "El control de los caudales hidrológicos de los ríos no es más que una consecuencia" de esta agenda, señaló la portavoz.
El anuncio de la demanda contra el Plan Hidrológico del Tajo por parte de la Comunidad de Madrid coincidió en el tiempo con la escenificación del un acuerdo entre el Gobierno central y el de Andalucía para el desarrollo sostenible de la gestión hidráulica del Parque Nacional de Doñana tras meses de profunda discrepancia, lo que para el líder socialista en Madrid no fue una casualidad. "Es un plan de hace seis meses que es hoy casualmente la causa de la sed de los madrileños... hoy nos preocupa la sed de los madrileños", ironizó Juan Lobato.
La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, se mostró en términos muy parecidos porque consideró que después de todo el tiempo transcurrido desde la aprobación, a la queja de Díaz Ayuso en este momento sólo se le podía atribuir una voluntad de "atizar" y de "acaparar medios y focos". El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, sin embargo, discrepó de los criterios expresados por sus compañeros de partido. José Manuel Caballero vio "razonable" el recurso y aseguró que es una "demanda compartida".
"Estamos de acuerdo en solicitar y trabajar juntos porque se aminore el agua que se va por el Trasvase Tajo-Segura al Levante, para que se pueda garantizar el suministro de agua de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal, que son los territorios a los que afecta el Tajo", señaló Caballero, quien además propuso "trabajar de manera conjunta".
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