Seis de cada diez españoles consideran que la ley de amnistía no respeta la separación de poderes, según revela la encuesta realizada por el Instituto DYM para este periódico. El 21,2% de los encuestados afirmó que la norma no afectaría a la separación de poderes y el 16,1% restante no quiso pronunciare. 

Ni siquiera entre los votantes del PSOE y de Sumar hay una mayoría que piense que la amnistía no incurre en este conflicto. Solo la respalda en este sentido el 36,8% del electorado socialista y el 45,1% del de Sumar. 

Casi nueve de cada diez votantes del PP señala que hay un conflicto con la separación de poderes, mientras que únicamente un 3,6% no coincide con este análisis. Una cifra mínima en el electorado de un partido que desde el primer momento se ha mostrado contrario a la medida negociada entre el Gobierno y el independentismo. Entre los votantes de Vox, que directamente enmarca la amnistía en un "golpe de Estado", ocho de cada diez ven un choque y algo más de uno de cada diez afirma que no lo hay. 

Distinguiendo entre ciudadanos de izquierda y de derecha, se observa una gran diferencia de opiniones: el 54% de la izquierda y el 46,7% del centro izquierda no ven un conflicto entre la medida de gracia y la división de poderes. Los porcentajes caen hasta el 2,8% y el 21,6% respectivamente en el centro derecha y la derecha. 

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La amnistía tampoco pasa el filtro entre los ciudadanos que no se reconocen como votantes del PP, el PSOE, Sumar y Vox. El 52,7% ve en la medida de gracia una vulneración de la separación de poderes y solo dos de cada diez afirma lo contrario. 

Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta DYM en la que se estudia uno de los asuntos centrales de la actualidad política: la introducción de una proposición de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados para beneficiar a los líderes independentistas del procés, a cientos de ciudadanos y a más de 70 policías que intervinieron en la operación contra el referéndum ilegal del 1 de octubre. 

Desde que comenzó a plantearse la posibilidad de un amnistía, el debate sobre su encaje constitucional se ha instalado en varios ámbitos, desde la judicatura y la política a la ciudadanía. Quienes ponen en duda la legalidad de la medida señalan conflictos con el principio de igualdad y con la independencia del Poder Judicial, en tanto que la ley revocaría decisiones de los tribunales españoles y beneficiaría a unos imputados o condenados frente a otros que cometieron el mismo delito en un contexto distinto. 

Sin embargo, desde el PSOE y Sumar se muestran seguros de que la proposición de ley respeta la Constitución, algo que deberá dirimir en último término el Tribunal Constitucional. Sea como sea, los esfuerzos del Ejecutivo por instaurar su relato no han dado grandes resultados por el momento, pues la controvertida ley de amnistía ha sido recibida con indignación por parte de una gran parte de la sociedad española.