¡Hecho!, tenemos Gobierno comprado por Pedro Sánchez y con malos presagios sobre su complicado futuro. Nace con reducidas esperanzas de que logre resolver los problemas más apremiantes que tienen una buena parte de los españoles. Transportes públicos gratis no colma las necesidades. El presidente reelegido no tanto por los votos directos como por su empeño en mantener el poder a cualquier precio, merece sin embargo dos reconocimientos, digamos técnicos y no elogiables del presidente. Uno es sin duda conseguir unir a una mayoría de españoles en contra de sus ambiciones y otro que sus socios variados de investidura se hayan fiado de sus promesas a pesar de saber que su pasado reciente está saturado de tantas incumplidas.

Estrenar un Gobierno siempre despierta cierta confianza ante el futuro. Sería bueno, hay que reconocerlo, que en esta ocasión los malos presagios se frustrasen. Habrá que esperar a ver si el burdo malabarismo político de Sánchez da la sorpresa y acabemos aplaudiéndolo. Después de escuchar sus palabras en la sesión de investidura se concluye que el principal objetivo del gabinete es frenar a los ultras. Está bien. Es un objetivo elogiable. Los ultras, sea cual sea su calaña, son nefastos para la convivencia. Se trata de ciudadanos como los demás, pero se impone marginarlos y sancionarlos cuando se salgan de la Ley e intentar convencerles de que su fanatismo ideológico carece de sentido y es peligroso.

"Criticar a ciudadanos normales puede ser oportuno, pero ensalzar a atender a las exigencias de terroristas, golpistas, huidos y violadores de la Constitución de todos, no"

Claro que también carece de sentido la solución que propone Sánchez para erradicarlos: desautorizar y desprestigiar a la Justicia que condenó a los más peligrosos y amnistiarlos, tanto da que su actitud ultra les haya llevado a matar con tiros en la nuca, a intentar golpes de Estado y salir corriendo, como aterrorizar las calles rompiendo contenedores, quemando coches o agrediendo a quienes no comparten sus ideas radicales. Todo por no hablar del agravio que eso supone para uno de los poderes del Estado.

Los jueces están amenazados con una desautorización mercantil del Ejecutivo y el Legislativo que amenaza la paz, la lucha contra la delincuencia y ejemplifica para esperanza de los delincuentes la invalidez de las leyes y de quienes las defienden. El independentismo es una pretensión incompatible con la unidad y el buen entendimiento, administrativamente los partidos que lo defienden son legales, pero las actuaciones de los avanzados en el intento por imponer su voluntad, no. La delincuencia es una amenaza constante, incompatible con la actividad política, y los encargados por vigilar y penalizar sus vulneraciones, merecen respeto y máxima consideración. La desautorización que está sufriendo la Justicia es un verdadero atentado contra la democracia.

Además de polémica de partida, la investidura de Pedro Sánchez, generada durante semanas desde la opacidad garantizada por la humillación de tramarla desde el extranjero, resultó bastante reveladora de cuanto ofrece y cuanto oculta. El candidato, lejos de volcar su intervención en convencer a la Cámara y a los que seremos sus gobernados, se centró en lanzar acusaciones contra sus adversarios, que al contrario de sus aliados en esta ocasión al menos nada delictivo han hecho más allá de discrepar de sus actitudes. Criticar a ciudadanos normales puede ser oportuno, pero ensalzar a atender a las exigencias de terroristas, golpistas, huidos y violadores de la Constitución de todos, no.