Las víctimas de los atentados terroristas del 17-A en Barcelona y Cambrils no están conformes con la sentencia de la Audiencia Nacional y han pedido al Tribunal Supremo (TS) que la anule. ¿El motivo? Aseguran que no se les permitió acusar a los terroristas yihadistas por los delitos de asesinato y lesiones terroristas. “Nos hemos sentido abandonados por la Justicia”, han dicho.
La sentencia tras el ataque en Cataluña condenó a Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza a penas de hasta 43 años de prisión por pertenecer a una organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos de carácter terrorista y, daños en tentativa de carácter terrorista en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave. Pero no por otros delitos. Por eso, las víctimas se han pronunciado en contra de la sentencia en la vista este miércoles.
Las acusaciones –ejercidas por varias víctimas civiles y agentes de los Mossos d’Esquadra- han criticado que el magistrado a cargo de la investigación limitó los delitos que se podían aplicar a los terroristas porque envió el caso a juicio, a pesar de que insisten que la investigación había aportado evidencias suficientes para que se pudiera imputar a los acusados por dichos delitos.
“Justamente los que han sido condenados siguieron las consignas del DAESH. Se instruyeron en base al DAESH con una única finalidad: sembrar el terror en la sociedad”, ha explicado una de las letradas, que también ha enfatizado que “ha quedado probado el dolo y la intencionalidad”.
Piden una nueva investigación por el Imán de Ripoll
También durante la vista, uno de los abogados ha cuestionado la calidad de la investigación tras preguntarse dónde está el cuarto hombre de la célula terrorista, ya que dice que nadie investigó nada. “¿A nadie le importa? A nosotros sí”, ha señalado. Además, las acusaciones han pedido que se abra una nueva investigación para determinar si el Imán de Ripoll murió en la explosión de la casa de Alcanar.
Sin embargo, a pesar de las demandas por parte de las víctimas, la Fiscalía se niega a corregir la sentencia de la Audiencia Nacional y critica las quejas ya que, las considera confusas. Según la Fiscalía, no ve el problema con que se rechazara la intención de las víctimas de acusar a los terroristas por los delitos de asesinato y lesiones terroristas. Además, ha detallado que este caso es “complejo” y hay “muchas víctimas”.
Los acusados piden su absolución
Por su parte, los acusados han aprovechado la ocasión para pedir su absolución. La letrada de Driss Oukabir, que alquiló la furgoneta que el 17 de agosto utilizó Younes Abouyaaqoub para arrollar a los viandantes de Las Ramblas, ha defendido que el acusado pensaba que el vehículo se iba a utilizar para una mudanza y que, en ningún caso, se “acredita que supiese con anterioridad” que se fuese a cometer un atentado. En cuanto al viaje que realizó a Marruecos, ha señalado que “no tiene nada que ver con una célula terrorista”.
La defensa de Houli Chemlal, que grabó los vídeos de la casa de Alcanar donde se veía a los terroristas preparar los explosivos que pensaban utilizar presuntamente en varios ataques, ha recurrido la sentencia porque considera que se ha vulnerado la presunción de inocencia de su representado. Asimismo, ha insistido que este no conocía el plan y no participó en su preparación. “Ayudaba a un amigo. Él no tenía intención de utilizar los explosivos. Ni siquiera era consciente”, ha dicho.
En cuanto a la participación de Said Ben Iazza, que prestó su NIE y una furgoneta para comprar peróxido de hidrógeno, su letrada ha dicho que no ha quedado acreditado que su cliente supiera para qué se iba a utilizar su nombre.
La Fiscalía, por su parte, al igual que ha hecho con los reclamos de las víctimas, ha desestimado todos los argumentos de los acusados y ha defendido que se destinó parte de la sentencia “a los muertos” porque “no es solo contextualizar ni buscar la verdad” sino que es algo más, “establecer unas conclusiones certeras sobre la cuestión principal”.
La sentencia, impugnada
Cabe recordar que en mayo de 2021 la AN condenó a Chemlal y Oukabir a 53 años y 6 meses de cárcel y 46 años de prisión. El tercer acusado, Said Ben Iazza, fue condenado a 8 años de cárcel por colaboración con organización terrorista.
Posteriormente, en julio de 2022, la Sala de Apelación de la AN ratificó los aspectos fundamentales de esa primera sentencia, pero estimó parcialmente los recursos presentados por Chemlal y Oukabir por una cuestión técnica, con lo que fijó sus penas en 43 y 36 años, mientras que la del tercer condenado se mantuvo en 8 años. Ninguno de los tres podrá cumplir más de 20 años de prisión.
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