El Senado da luz verde a tramitar la reforma exprés del reglamento propuesta por el PP para retrasar la amnistía

Europa Press
El PP ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para avalar su propuesta.
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El Senado ha dado el primer paso para ralentizar el avance de una ley declarada urgente por el Congreso de los Diputados y, por tanto, retrasar la puesta en marcha de la futura ley de amnistía si finalmente termina presentándose. Este miércoles, la mayoría absoluta con la que cuenta el PP en la Cámara Alta aprobó empezar a tramitar la reforma del reglamento impulsada por los propios populares de manera exprés, que básicamente permitirá a la Mesa, el órgano de gobierno del Senado en el que el PP también tiene la mayoría, decidir si se aplica o no el procedimiento de urgencia a la segunda fase de la tramitación de la amnistía cuando esta llegue a la Cámara Alta desde el Congreso.

La toma en consideración de la reforma —que ahora tendrá que pasar a ser debatida y aprobada definitivamente, algo que también se hará por la vía más urgente y que el PP prevé que ocurra el próximo martes— salió adelante con 152 votos, básicamente del PP y los cuatro senadores de Vox (3) y UPN (1), y fue rechazada por el resto de los partidos con representación, que tan solo suman 113 escaños. En concreto, la reforma reglamentaria supone modificar el artículo 133 del reglamento del Senado para que, en las proposiciones de ley, la Mesa pueda decidir si aplica el procedimiento de urgencia declarado por el Congreso o el Gobierno. 

Además, a última hora el PP ha aprovechado para incluir en el texto que se someterá ahora a debate un apartado por el cual el presidente del Ejecutivo o los ministros estarán obligados a comparecer en la Cámara Alta cuando así lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores. 

El reglamento del Senado estable que en las iniciativas legislativas que el Congreso hubiera tramitado por procedimiento de urgencia, la Cámara Alta tiene que acortar igualmente la tramitación: de los dos meses de plazo máximo que tiene habitualmente, deben aprobarse o rechazarse en un periodo de tan solo 20 días. Eso seguirá siendo así en el caso de los proyectos de ley, las normas impulsadas por el Gobierno, tal y como establece la Constitución, pero el cambio que se aprobará próximamente —la mayoría absoluta del PP así lo permitirá— se refiere únicamente a las proposiciones de ley, las iniciativas que promueven los grupos parlamentarios, como muy probablemente será el caso de la amnistía.

Y es que el PP ha aprovechado una interpretación textual de la Carta Magna para aprobar la modificación del reglamento del Senado, ya que el artículo 90 de la Constitución solo menciona expresamente los proyectos de ley cuando establece que "el plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar" dichos proyectos "se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados". Por tanto, interpretan los populares, la normativa sobre la urgencia de las proposiciones de ley puede regularse en el reglamento del Senado, y por ello ahora podrá revocarse su carácter urgente para dilatar su aprobación.

"Las proposiciones de ley que se han utilizado en los últimos tiempos como alternativas a los proyectos de ley por parte del Gobierno, única y exclusivamente por no requerir la elaboración de los informes preceptivos, trataban de tapar la inconsistencia de las normas jurídicas que ha planteado este Gobierno", argumentó en defensa de la reforma el senador del PP Eloy Suárez. Para los populares, la capacidad de revocar el procedimiento de urgencia permitirá que el Senado dé "un plazo mayor" para que los parlamentarios puedan analizar las normas y "que la formación de la voluntad de esta Cámara se lleve a cabo con las máximas garantías".

"No ha habido un grupo que en tan poco tiempo haya hecho tanto daño a la institución", espetó en respuesta el senador socialista Francisco Manuel Fajardo, que aseguró que el PP está "infringiendo de forma deliberada lo que el reglamento establece". "No han hablado absolutamente con nadie, ni han buscado el consenso para reformar el reglamento", denunció Fajardo, que aseguró que "con esta forma de actuar" el PP está yendo "contra la Constitución".

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