Las comunidades autónomas dispondrán de un año más para abrir los centros de atención a víctimas de violencias sexuales. El plazo, que en un principio vencía el próximo mes, se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2024, después de que el Ministerio de Igualdad y las consejeras del ramo hayan acordado aprobar la ampliación de la adenda en la Conferencia Sectorial celebrada este lunes.

La medida está contemplada en la ley de libertad sexual —comúnmente conocida como ley del 'solo sí es sí—, que establece la obligación de impulsar los bautizados como centros de crisis: centros especializados, abiertos las 24 horas del día durante todo el año a las mujeres víctimas de violencias sexuales. Implica, además, que haya al menos un recurso operativo en cada provincia, es decir, 52 en total en todo el país, incluyendo a Ceuta y Melilla. 

La ley entró en vigor hace ya un año, en octubre de 2022, pero las comunidades alegaron recientemente problemas de "suministros, transportes y carestía", causados por la inflación y la guerra en Ucrania; y finalmente la Comisión Europea aprobó la prórroga, pues la iniciativa está financiada con fondos europeos. Según explicaron hace unas semanas fuentes del departamento dirigido por Irene Montero, se acordó alargar el plazo después de que las comunidades autónomas lo pidieran "en cadena". Y ese aplazamiento se ha hecho finalmente definitivo tras firmarse en la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Igualdad prepara una 'app' para monitorizar el cumplimiento de sus políticas en las comunidades autónomas

Para Igualdad no es una buena noticia, reconocen en el entorno de la ministra, pero inciden en que el beneficio de aprobar ese aplazamiento es mayor, ya que si no cumplían con ese plazo, debían devolver el dinero que se les facilitó a través de los fondos europeos de recuperación. En total, desde 2021 se han transferido más de 83 millones de euros a las comunidades para que garanticen el derecho a las víctimas a recibir una atención especializada.

Reforzar las medidas frente a la violencia de género

También este lunes se ha informado a las consejeras de igualdad de las conclusiones obtenidas en los seis comités de crisis convocados desde diciembre de 2022 para analizar cada repunte de feminicidios por violencia de género. Hay, según Igualdad, ciertos factores que se repiten en todos los casos: "La mayoría de las mujeres asesinadas enfrentan situaciones de vulnerabilidad o se encuentran en riesgo y/o exclusión social", detallan. 

Así, el ministerio ha trasladado a las comunidades la necesidad de trabajar con mayor esfuerzo temas como la migración, con medidas de "mediación intercultural" en los servicios sanitarios y educativos. Piden también asegurar el enfoque de género entre todos los profesionales que de alguna forma u otra atienden a las víctimas (salud mental, atención primaria, turnos de oficio, etc.); y reforzar los sistemas de protección institucionales cuando no existan medidas judiciales o policiales. 

Plantean, en este sentido, prestar "especial atención" a aquellas mujeres que retiran la denuncia, facilitando que el servicio telefónico de ATENPRO esté también disponible para las mujeres que estén en una situación de riesgo bajo o medio. Y también mejorar la coordinación en el propio municipio, pues muchas de las víctimas no acudieron a los servicios especializados pero sí habían ido a los Servicios Sociales generales, "que no consta que las derivaran a los especializados".

Urgen igualmente a "seguir sensibilizando al entorno de la víctima", tras haber detectado en algún caso de violencia machista "que familiares o vecindario tenían conocimiento de la relación violenta". 

Según los últimos datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 53 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2023 (hay un caso en investigación); 1.237 desde que se empezaron a registrar estos feminicidios en 2003.