El Congreso de los Diputados comienza a ponerse en marcha pese a que las negociaciones entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno parecen, en este momento, encalladas. La Cámara Baja ha aprobado este viernes la constitución de las 21 comisiones permanentes legislativas y el reparto de los diputados que les corresponderán a cada grupo. El hemiciclo empieza a dejar así atrás cinco meses de parálisis tras disolverse por las elecciones del 23 de julio; estar inhábil por las vacaciones de verano y acoger la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, del PP.
En total, se han constituido hasta 21 comisiones legislativas permanentes. Son las siguientes: Constitucional, Asuntos Exteriores; Justicia; Defensa; Hacienda; Presupuestos; Interior; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Educación y Formación Profesional; Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Industria, Comercio y Turismo; Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad; Agricultura, Pesca y Alimentación; Política Territorial y Función Pública; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Cultura y Deporte; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Sanidad y Consumo; Ciencia, Innovación y Universidades; Cooperación Internacional para el Desarrollo; e Igualdad.
Según fuentes parlamentarias, las comisiones estarán compuestas por 37 diputados, repartidos por partidos según su resultado electoral. El PP, como fuerza más votada, contará con 14 asientos. El PSOE tendrá 12. Vox y Sumar tendrán tres cada uno y ERC, Junts, EH Bildu y PNV uno por formación. El asiento restante lo ocupará alguno de los partidos del grupo mixto (BNG, Coalición Canaria o Unión del Pueblo Navarro). Así, la derecha tendrá 17 votos y la supuesta mayoría de la investidura que quiere formar Sánchez a su alrededor, 19 ó 20.
Hasta ahora, los grupos parlamentarios podían registrar iniciativas con normalidad, pero que no se hubieran constituido las comisiones legislativas impedía que prosperasen las peticiones de comparecencia de algunos ministros -hay tres registradas-. Esta era la denuncia principal del Partido Popular, que llegó a acusar a Francina Armengol, presidenta de la Cámara, de haber "cerrado a cal y canto" la Cámara Baja. Otra de las exigencias de los populares pasa por que comiencen a celebrarse los Plenos semanales de control al Gobierno, en los que se pueden hacer preguntas orales a los miembros del Ejecutivo.
Con todo, es un imposible averiguar si la constitución de las comisiones significa algo de cara a la investidura. Y es que hasta ahora los de Armengol rechazaban acceder a constituir las comisiones permanentes legislativas argumentando que no tendría sentido que se constituyeran antes de la formación del Gobierno porque, aseguraban, estos órganos sirven para analizar, debatir, enmendar y votar las iniciativas legislativas relacionadas con cada una de las áreas ministeriales. Por ejemplo: no sería "lógico" —afirmaban estas fuentes— constituir una comisión de Derechos Sociales en el Congreso sin conocer si el Ministerio de Derechos Sociales seguirá existiendo o sus competencias las asumirá otro departamento.
No obstante, ha habido un cambio de opinión pese a que ahora la investidura del presidente en funciones no parezca ser tan inminente como parecía. De hecho, estaba previsto que este viernes Armengol desvelase la fecha elegida para la que sería la tercera reelección del socialista. Era lo esperado tras cerrar los socialistas ayer su acuerdo con ERC. Sin embargo, las negociaciones con Junts -cuyos siete diputados son igual de necesarios que los de los republicanos- han entrado en punto muerto por diferencias en los flecos de la futura ley de amnistía.
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