El PSOE ata el apoyo ERC para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El precio por el cual los siete diputados republicanos darán el sí en la investidura es la ley de amnistía, en cuya negociación también está Junts -que está retrasando el anuncio de su registro en el Congreso-; el traspaso de la gestión de Rodalies; la condonación de 15.000 millones de euros de deuda de Cataluña; y la creación de una nueva mesa de diálogo, que en esta ocasión estará compuesta por ambos partidos políticos.
"Son acuerdos que tienen una característica común: son mejoras, tanto en la convivencia como en la prestación de los servicios públicos", ha anunciado el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños. En una comparecencia desde Barcelona en la también ha participado Salvador Illa, líder de los socialistas catalanes, uno de los miembros del equipo negociador de Sánchez se ha felicitado por avanzar, con esta firma, rumbo a la investidura. Pero no solo, sino que el titular de Presidencia también ha asegurado que el acuerdo "garantiza la estabilidad de la legislatura", pese a que ERC negó hace semanas que fueran a comprometerse a algo más que no fuera la investidura. En el documento, los de Junqueras se comprometen a "dar estabilidad" a la legislatura a través de "una negociación de buena fe y de la voluntad de aprobar los principales hitos legislativos". Es decir, Presupuestos, proyectos de ley y decretos-ley.
En cuanto al acuerdo sobre la ley de amnistía, Bolaños ha negado dar detalles hasta que no se cierre al acuerdo con el resto de formaciones con las que el PSOE quiere registrarla en el Parlamento. Los socialistas han seguido negociando en la tarde de este jueves con el expresident huido de la Justicia, Carles Puigdemont, que ha llegado a desconvocar una rueda de prensa retrasando un anuncio que se daba por hecho para este jueves. "Todavía se está ultimando con otras fuerzas políticas", ha reconocido el ministro, que ha pospuesto los detalles del texto "a cuanto se cierre el acuerdo". Eso sí, ha insistido en que "esa ley hará nuestra sociedad más habitable dentro de la Constitución Española".
El ministro sí ha sido más preciso al explicar las otras carpetas. Para "profundizar en el diálogo político" ya desarrollado en la Mesa de Diálogo, creada en 2020 -meses después de la segunda investidura de Pedro Sánchez-, el PSOE y ERC han acordado crear una nueva mesa entre partidos, "donde se facilitará ese diálogo". Su función será la de "acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue, con el fin de que las propuestas que lleguen a la Mesa de Diálogo cuenten con un ritmo de trabajo constante", reza el documento, que también aprueba la figura de un 'mediador' sin llamarlo así: "Se designará de común acuerdo a una persona de reconocido prestigio para realizar dichas labores".
Asimismo, también se delega en la Generalitat de Cataluña la gestión de Rodalies, los Cercanías catalanes. Para ello se creará una nueva empresa cuyo consejo de administración estará participada por igual por el Gobierno y por el Govern, que sí tendrá potestad para nombrar al presidente de la compañía y que tendrá voto de calidad en caso de empate. "Pero los acuerdos estratégicos tendrán que contar con una mayoría reforzada", ha apuntado Bolaños. Además, se condonará otra deuda de la administración catalana con Renfe, cifrada en 123 millones.
Además, el Gobierno perdonará una parte de la deuda autonómica. Según Oriol Junqueras, firmante del pacto, el Estado condonará 15.000 millones de euros, más otros 1.300 millones de euros que Cataluña debería pagar en forma de intereses por esa deuda. "Aseguramos que Cataluña pueda volver a financiarse por asumir el Estado parte de su deuda", ha lanzado Bolaños, que ha hecho extensible este movimiento "al resto de las comunidades autónomas". También se dará dinero a la Generalitat para "competencias singulares" de Cataluña, como los Mossos d’Esquadra o los órganos judiciales, y se permitirá al Govern ejecutar las nuevas inversiones "siempre que no sean estratégicas para el Estado".
Por su parte, Illa ha justificado el acuerdo para "hacer posible un gobierno de izquierdas" para "no dar ninguna opción a la derecha y a la ultraderecha". Para el primer secretario de los socialistas catalanes, las firmas que acercan aún más la investidura del presidente en funciones también suponen "una oportunidad de seguir avanzando en el camino de la convivencia y la normalización política en Cataluña". En definitiva, ha dicho, "abrir una nueva etapa para dejar atrás una ruptura política con consecuencias muy dolorosas, años de resentimiento y de ausencia de diálogo". "No será fácil, pero merecerá la pena", ha concluido.
El reconocimiento "nacional" de Cataluña
El documento del acuerdo entre PSOE y ERC cuenta con 14 hojas, en las que además de concretar las medidas también hace un relato conjunto del "conflicto político" acaecido en Cataluña. Sobre el mismo, el acuerdo señala la "necesidad de desjucializarlo" con soluciones "con un amplio consenso social y parlamentario en el ámbito de Cataluña" que también deriven en la "legitimidad de todas las posiciones políticas democráticas, de los derechos y garantías de las personas que las defienden".
El relato compartido entre socialistas y republicanos no entra en un debate "con profundas raíces históricas", pero sí señala como un punto de partida del procés la suspensión de varios artículos del Estatut de Cataluña por parte del Tribunal Constitucional en 2010. "Esto llevó el debate a una situación de conflicto en el que convivían distintas legitimidades: una parlamentaria y popular con una voluntad manifiesta concretada en ese texto y una legitimidad institucional y constitucional, ambas imprescindibles en una democracia avanzada y en un Estado de Derecho", apuntan.
Como "problemas" para la "nueva etapa" identifican "el debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña" y la forma de vincular esto "a través de la política, del ordenamiento jurídico y de las instituciones"; los "recursos" de los que debe disponer la Generalitat para asegurar la "prosperidad" de los catalanes; y "la necesidad de que los acuerdos alcanzados como resultado político del diálogo sean refrendados por la ciudadanía". Esto no es nuevo, pues en la Mesa de Diálogo ya se acordó una votación sobre los pactos alcanzados.
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