La Guardia Civil responde al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que abrió investigación a un brigada por presuntamente colocar balizas de seguimiento sin autorización judicial, que no puede facilitar los nombres de los compañeros del agente investigado y que pertenecen a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid (UOPJ) porque esas identidades están clasificadas como secreto.
El jefe de la UOPJ ha explicado al juez en un oficio que, si cumple su mandato y confirma que los nombres señalados corresponden a alguno de los agentes de esa unidad, "podría causar un perjuicio irreparable para la seguridad personal de los agentes destinados a la lucha contra el crimen organizado".
El capitán también recuerda al juez en ese oficio que todos los integrantes de la Guardia Civil disponen de la tarjeta de identidad profesional (TIP) que es un documento "oficial, personal e intransferible" que acredita su condición de agente de la autoridad. Apunta que con este número se garantiza la privacidad de los datos personales en actuaciones profesionales, y más "cuando se trata de asuntos de gravedad relacionados con el terrorismo o el crimen organizado".
Recuerda además que ha de tenerse en cuenta que en 2014 el Consejo de Ministros acordó otorgar la clasificación de secreto a "la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados (...) en la lucha contra la delincuencia organizada así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas".
Entiende que el nombre de pila de los agentes que le reclama el juez también están incluidos en esa protección jurídica y por tanto "informar de ellos podría vulnerar la legislación en materia de Secretos Oficiales".
Y apunta que desde que se produjeron las detenciones de los encausados en mayo de 2021, la fuerza instructora ha sido sometida por la defensa de los investigados a nueve actuaciones judiciales y administrativas por hechos relacionados con el procedimiento sin que prospere ninguna de ellas.
Por otro lado, recuerda que la investigación abierta al agente que habría confesado a su supuesta amante, mientras ella le grababa, esos balizamientos ilegales y la presentación de informes sobre vigilancias que nunca se produjeron, se enmarca en una causa de la Audiencia Nacional relativa a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.
Una "casualidad inesperada"
En la transcripción que la defensa hacía de una de esas conversaciones, el agente imputado contaba a su amiga que una baliza que había colocado era "ilegal". "Yo soy el más ilegal de los ilegales", reconocía para luego apuntar que, incluso, llegaron a grabar interrogatorios a detenidos en los traslados en el propio coche policial.
La defensa explicaba que el origen de los audios captados al sargento se encuentra en las grabaciones de la mujer que, "por una casualidad inesperada", resultó ser amiga también de uno de los investigados en la AN.
Al ver que las ilegalidades que le contaba el sargento afectaban a su amigo, y puesto que le había grabado y guardaba conversaciones de Wahtsapp, lo puso en conocimiento de este último y le manifestó que estaba dispuesta a colaraborar en la investigación.
Considera así que se da una estrategia de "hostigamiento hacia los investigadores" para "menoscabar su estado de ánimo y ralentizar o enturbiar el procedimiento judicial". En este sentido, apunta que han tenido conocimiento de amenazas veladas de investigados contra la seguridad de los agentes: "Entendemos que la finalidad no es otra que amedrentarlos".
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