El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) proporciona una serie de prestaciones a aquellos trabajadores que quedan en situación de desempleo para cubrir sus necesidades al quedar sin una fuente de ingresos. De estas ayudas, la más popular es la prestación contributiva por desempleo, aunque también existen otras como el subsidio por cotizaciones insuficientes, por cargas familiares o para mayores de 52 años en desempleo.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cobertura del subsidio de paro y del resto de ayudas del SEPE están sujetas al cumplimiento de una serie de condiciones. En caso de incumplimiento de las mismas, existe un listado de infracciones que, dependiendo del caso, pueden ser privativas de la prestación que se esté percibiendo.
Estas son las obligaciones de los trabajadores en paro
Entre estas sanciones destacan algunos requisitos que son de obligado cumplimiento para recibir una prestación del SEPE. Por ejemplo, para percibir el paro, es imprescindible:
- Suscribir el acuerdo de actividad, un acuerdo entre los servicios públicos de empleo y el trabajador que busca empleo y percibe la prestación, para incrementar la empleabilidad del segundo.
- Inscribirse como demandante de empleo
- Negarse a participar en programas de empleo, formación o reconversión industrial, o en en acciones de orientación e información profesional ofrecidas por las agencias de colocación (cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquellos).
El incumplimiento de estas obligaciones constituye una infracción leve o grave según el reglamento del SEPE, lo que conlleva, en base al número de infracciones cometidas, las siguientes sanciones:
- Para infracciones leves: pérdida de 1,3 y 6 meses de la prestación en caso de la primera, segunda y tercera infracción respectivamente. La cuarta infracción implica la extinción de la prestación.
- Para infracciones graves: pérdida de 3 y 6 meses de la prestación en caso de la primera y segunda infracción respectivamente. La tercera infracción implica la extinción de la prestación.
Las infracciones muy graves implican la inmediata extinción del derecho a la prestación.
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