Pedro Sánchez sigue el camino para su investidura -aún sin fecha-. Esta semana ha cerrado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios en los que pretende basar también la estabilidad de la legislatura. Como lleva ocurriendo desde que se cerraron las urnas el pasado 23 de julio, la amnistía a los encausados por el procés sigue siendo el elefante en la habitación. No obstante, el presidente del Gobierno en funciones quiere que los acuerdos que termine cerrando con los grupos tengan un gran componente social con el que poder amortiguar el efecto electoral que podría tener la amnistía entre los votantes socialistas. No es una técnica nueva del jefe del Ejecutivo, que ya justificó en campaña sus pactos con Bildu remarcando que todos fueron para aprobar avances sociales, como los escudos sociales antiguerra.

Fue meridiano el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, el pasado miércoles. "Parece que el Gobierno progresista va a girar solo en torno a una cosa, pero queremos que este Gobierno tenga una amplia agenda social", lanzó López, que puso negro sobre blanco los objetivos de la coalición: "Que siga subiendo las pensiones con el IPC; el salario mínimo interprofesional (SMI); reforzando los servicios públicos, especialmente la Sanidad; que siga manteniendo una fiscalidad progresiva; que redistribuya los fondos europeos; que combata el cambio climático…".

El viernes, tras reunirse el presidente en funciones por primera vez con EH Bildu y Junts, no compareció López ante los medios y el PSOE optó por mandar un comunicado en el que dejaban claro una idea similar. "El objetivo es llegar a los acuerdos necesarios para que España cuente con un gobierno progresista que haga políticas de ampliación de derechos para trabajadores, jóvenes, mujeres y la mayoría social de este país". Solo después de ese párrafo hablaban los socialistas de su apuesta por "el diálogo, la convivencia y la pluralidad".

Junts dice que siguen "lejos" del acuerdo con el PSOE mientras Sánchez amarra el apoyo de Bildu a su investidura

Bajo este marco, el secretario general de los socialistas no solo se ha reunido en días pasados con los partidos políticos representados en el Congreso -salvo Vox-, sino que también ha querido verse con entidades sociales y sindicatos. Otra vez con una consigna similar acerca del potente carácter social que pretende impregnar al que sería su tercer mandato consecutivo. El lunes pasado se vio en Ferraz, sede del PSOE, con los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, con quienes trató medidas como incluir en la ley la subida del SMI para que sea siempre el 60% del salario medio -una propuesta prometida por el propio Sánchez en campaña electoral- o endurecer las condiciones del despido.

Asimismo, el martes se reunió con representantes del Tercer Sector, CEPES y la Economía Social, ante las que insistió en la idea de la legislatura de lo social. Según fuentes del partido, manifestó que "la justicia social es una política de país" e hizo hincapié en que en los últimos Presupuestos "se destinan seis de cada diez euros a gasto social".

Con todo, no es la única intención de Sánchez, que también pretende que el acuerdo que debe cerrar con Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG (178 votos, dos más que la mayoría absoluta) vaya más allá de la investidura. Lo anunció el mismo día que el rey Felipe VI le designó para la tarea de formar gobierno tras la sesión de investidura fallida del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Esta petición, no obstante, está teniendo un recibimiento diferente entre el resto de partidos. Parece claro que lo logrará con Sumar, que se integrará en la coalición, o con el PNV, una formación a la que las fuentes socialistas alaban por "favorecer siempre la gobernabilidad". También con EH Bildu, que tras la reunión mantenida el viernes además de publicitar su apoyo -y ser la primera formación en oficializarlo- ya hablaba de "una legislatura de continuidad".

No obstante, ERC y Junts no parecen estar por la labor. "Quien le pida un pacto de legislatura a ERC es que no nos conoce", exclamó Rufián el miércoles. Desde la formación de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat ahora fugado de la Justicia en Bélgica, ni se lo plantean. Al menos, de cara al público, puesto que todavía mantienen que el acuerdo "está lejos". A estos últimos el propio presidente también les pide "gestos" para que rebajen sus posiciones de máximos, que no solo pasan por la medida de gracia, sino también por la celebración de un referéndum de autodeterminación que los socialistas rechazan de plano.