La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, anunció la semana pasada que su coalición presentaría este martes "el dictamen acerca del encaje de la amnistía en la Constitución" elaborado por "los juristas de nuestro espacio político". Pero, a 24 horas de que se produzca esa presentación, la formación comienza a distanciarse de las conclusiones del documento. Fuentes de Sumar aseguran que su contenido únicamente vinculará a sus autores, es decir, al grupo de 20 juristas elegidos por Díaz para elaborarlo, y sostienen, además, que su propuesta definitiva para una ley de amnistía no se conocerá este martes y que es posible que no incluya algunas de las medidas que planteará el dictamen.
Este lunes, el portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, marcó distancias con un documento que, afirmó, tiene como misión únicamente "ayudar en la elaboración de la propuesta legislativa" y aportar "pautas", "claves" e "ideas" a los partidos, no ser un modelo de texto legal para la amnistía. "Una cosa es el dictamen y otra son las negociaciones que tenemos con el PSOE, Junts y el resto de actores sobre la propuesta legislativa que tenemos que sacar adelante", señaló Urtasun en rueda de prensa. Y fuentes de Sumar resaltan que el texto que se presentará este martes es únicamente un "trabajo académico" —aunque de expertos elegidos por el partido— y no una propuesta política avalada por Díaz.
La rebaja de las expectativas con respecto al informe se produce después de que, el pasado viernes, varios medios de comunicación publicaran algunas de las medidas que han barajado los expertos. A raíz de esa filtración, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó para dejar claro que el de Sumar no es su "posicionamiento" y, sobre todo, que lo que planteen los de Díaz está al nivel de lo que hagan "otros partidos". Es decir: que la vicepresidenta tiene todo el derecho a realizar las propuestas que considere, pero que las medidas que son realmente importantes a la hora de trasladarse a una ley de amnistía son únicamente las que pacten PSOE y Junts.
Tras ese correctivo verbal, durante dos días Sumar no hizo ninguna declaración al respecto de unas informaciones que explicaban, por ejemplo, que la formación plantea que la amnistía incluya a los encausados y condenados por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, además de a los imputados por la de 2017, así como que apuesta por amnistiar también a los policías imputados por las cargas de ese último referéndum ilegal. Fue el domingo cuando el negociador jefe de Sumar con los independentistas catalanes, Jaume Asens, advirtió a través de un mensaje en Twitter que el documento que se presentará este martes "no es el dictamen cuyo contenido se ha publicado en algún periódico".
Buena muestra de que Sumar no quiere atarse a este informe jurídico es que Yolanda Díaz únicamente asistirá como público a su presentación en Barcelona, pero no intervendrá en la misma. Quien expondrá las claves del texto será Asens, acompañado de los juristas Mercè Claramunt, Javier Pérez Royo, Joaquín Urías, Nicolás Garcia Rivas y Mercedes García Arán, así como de la historiadora Rosa Lluch. Fuentes de Sumar explican que el texto básicamente apoyará con argumentos jurídicos la idea de que la amnistía es constitucional y, además, de que se trata de un instrumento utilizado con anterioridad en varios países europeos.
Las líneas maestras de la amnistía
Pese a que este martes no se conocerá la propuesta de Sumar para poner en marcha una ley de amnistía, fuentes de Sumar explicaban hace unos días que una norma de estas características, a su juicio, debe suponer un borrón y cuenta nueva de los posibles delitos cometidos. Y la idea no es solo que de ella pueden beneficiarse los grandes dirigentes del procés, sino también ciudadanos que pudieran haber cometido faltas de mucha menor entidad que permitieron que se celebrara el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Para que la medida sea lo suficientemente amplia, fuentes de Sumar explican que debería plantearse la despenalización de ciertas "conductas" llevadas a cabo en un periodo de tiempo determinado. Con esa formulación, podrán incluirse en la amnistía una gran variedad de delitos y faltas de carácter penal, civil o administrativo. Y eso implica que las personas encausadas no serían juzgadas, en el caso de que aún no se hubieran sentado en el banquillo, o el procedimiento se sobreseería, en el caso de quienes estuvieran en mitad de un juicio.
La inclusión en la ley de amnistía de los policías encausados por las cargas del 1-O es uno de los puntos más controvertidos de la eventual norma. Fuentes de Sumar explican que, a su juicio, los agentes también tendrían que ver olvidados los posibles delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones, si bien son partidarias de establecer un apartado separado y exclusivamente destinado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la norma para evitar que estos funcionarios puedan sentirse señalados como delincuentes. En concreto, las fuentes consultadas plantean la posibilidad de que la ley establezca la renuncia expresa del Estado a iniciar o continuar procesos penales contra los agentes.
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