El Gobierno trabaja ya entre bambalinas para presentar a Bruselas la solicitud del cuarto pago de los fondos europeos de recuperación lo antes posible. Un desembolso de 10.000 millones para el que España se ha comprometido a cumplir alrededor de 60 hitos y objetivos, de los cuales la mayoría ya se han cumplido —como la reforma de las pensiones o la ley de vivienda—, pero no todos. El Ejecutivo es sabedor de que Bruselas es muy exigente a la hora de documentar que se ha cumplido con lo pactado. Por ello trabaja ya mano a mano con la Comisión Europea para tenerlo todo listo cuanto antes, ya sea estando en funciones o con un nuevo Ejecutivo ya conformado. 

Así lo transmiten fuentes gubernamentales, que recuerdan que un Ejecutivo en funciones está igualmente facultado para presentar una petición de cobro. La aprobación de la adenda al plan de recuperación —una especie de ampliación del texto original con modificaciones para ajustarlo a la nueva realidad tras la invasión rusa de Ucrania— por parte de la Comisión ha puesto en marcha la cuenta atrás. En cuatro semanas, el Consejo de la UE dará —previsiblemente— el visto bueno definitivo a la adenda y España podrá solicitar el cuarto pago.

Fuentes del Ejecutivo señalan que para este cuarto pago ya se han aprobado 12 leyes que desarrollan reformas y que hay otras tantas muy avanzadas, pero que finalmente no pudieron ver la luz al convocarse elecciones anticipadas y disolverse las Cortes. "Estamos trabajando ya para solicitarlo cuanto antes, pero antes se tiene que aprobar la adenda formalmente. Después, el Gobierno estará en condiciones de hacerlo a la mayor brevedad posible", añaden las citadas fuentes.

Reforma fiscal: "Los objetivos hay que cumplirlos"

La aprobación de la adenda al plan de recuperación por parte de la Comisión ha vuelto a poner en el foco la reforma fiscal que el Gobierno le prometió a Bruselas. El estallido de la guerra en Ucrania coincidió en el tiempo con la presentación del informe del comité de sabios designado por el Ejecutivo para elaborarla y la propuesta fue a parar automáticamente a un cajón.

A finales del año pasado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio por ventilada la reforma con las medidas adoptadas en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y los tres impuestos de solidaridad.  "La parte de la reforma fiscal está incorporada dentro del paquete de la ley de los presupuestos y el que está en tramitación, como el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas", dijo Montero exactamente hace un año.

La UE desbloquea otros 94.000 millones de fondos europeos para España y acepta suprimir la implantación de peajes

Sin embargo, el hecho de que se haya revisado todo el plan de recuperación y no se haya tocado la parte que atañe a esta reforma fiscal —a diferencia de lo que ha ocurrido con otros compromisos como el de los peajes— indica que Bruselas exigirá que se cumpla tal y como se formuló al principio. Es decir, siguiendo el informe de los expertos, que ponía el foco en los impuestos medioambientales, la tributación de las sociedades, la armonización de impuestos al patrimonio o a la imposición a la economía digital.

"No se ha tratado este tema y no ha habido modificaciones en los hitos", señalan fuentes gubernamentales en referencia a la reforma fiscal. "Los hitos y objetivos son transparentes, tal y como aparecen, los nuevos y los antiguos hay que cumplirlos", agregan. Está por ver ahora si Hacienda mantiene su posición de que la reforma ya está resuelta o, por el contrario, presente nuevas medidas. La reforma fiscal corresponde al quinto desembolso, que ahora se ha retrasado al primer semestre de 2025, por lo que aún hay margen para adoptar nuevas medidas.

Los peajes desaparecen del plan de recuperación

El contenido más mediático de la adenda al plan de recuperación en los últimos meses ha sido, indiscutiblemente, los peajes, un asunto que tuvo cierto protagonismo durante la pasada campaña electoral. En el plan original de recuperación, el Gobierno se comprometía a establecer un mecanismo de pago por uso de las carreteras, que con la aprobación de la adenda se ha sustituido por incentivos para fomentar el transporte ferroviario de mercancías.

Sin embargo, los peajes aparecen también en otro componente del plan: el 390, en el que España se compromete a analizar los impuestos vinculados al tráfico con la posibilidad de establecer peajes. No obstante, fuentes del Gobierno señalan que ese hito ya se cumplió y quedó descartada la introducción del pago por uso. "Los peajes están fuera. No hay ningún otro hito donde se nos exijan", zanjan.

Renuncia a financiar los nuevos ERTE o el IMV

Otra de las sorpresas que ha traído la aprobación de la adenda es que el Gobierno ha optado finalmente por no financiar el Mecanismo RED (los nuevos ERTE) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) con préstamos de los fondos europeos, como se preveía en el proyecto inicial. La adenda desbloqueará un total de 83.200 millones de euros en préstamos en condiciones ventajosas para financiar inversiones transformadoras. De ellos, el Ejecutivo pretende movilizar 66.500 millones a través de fondos dedicados a temáticas específicas. 

En un primer momento, el Ejecutivo planteó destinar 3.000 millones a un fondo para financiar el mecanismo RED y otros 2.530 millones a otro fondo consagrado al IMV. Sin embargo, el Gobierno parece haberse encontrado con la oposición de Bruselas, aunque la versión oficial es que se han reorientado los recursos. "Hemos considerado que preferíamos concentrar esos recursos en inversiones productivas", zanjan fuentes gubernamentales.

Esos 5.530 millones se destinarán finalmente a reforzar las líneas de financiación verde del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a las que podrán acceder empresas y hogares para la realización de inversiones que favorezcan la transición verde. En total, el ICO gestionará líneas de financiación por un total de 40.000 millones de euros.