La Comisión Europea ha aprobado este lunes la adenda al plan de recuperación, la extensión del plan original con el que España podrá acceder a 93.500 millones de euros adicionales de fondos europeos, el 90% de ellos en forma de préstamos con condiciones favorables. A cambio, el Gobierno español se ha comprometido a acometer 18 nuevas reformas y ha pactado 52 modificaciones del plan, entre ellas una muy sonada: el compromiso de introducir peajes en las autovías españolas. De esta forma, los conductores españoles no tendrán que pagar por utilizar las autovías a partir del año que viene, como se establecía en el plan original aprobado en 2021.

La aprobación preliminar de la adenda, que debe ratificar el Consejo de la UE en un plazo máximo de cuatro semanas, supone el pistoletazo de salida de la segunda fase del plan de recuperación. En ella, España podrá acceder a 83.200 millones en préstamos en condiciones ventajosas (se pueden devolver en 30 años y los primeros diez solo hay que pagar intereses), 7.700 millones de euros en ayudas a fondo perdido y otros 2.600 millones para financiar el plan REPowerEU, con el que Bruselas pretende acelerar la desconexión energética de Rusia. 

Estos 93.500 millones adicionales se suman a los 69.500 millones en transferencias no reembolsables que ya se desbloquearon en la primera fase iniciada en 2021 hasta sumar un total de 163.000 millones. De ellos, España ha recibido hasta el momento 37.000 millones en tres desembolsos, es decir, un 23% de todos los fondos disponibles hasta 2026.

La adenda al plan introduce 18 nuevas reformas e introduce enmiendas que afectan hasta 52 medidas en total. Las nuevas reformas ya eran conocidas. Muchas de ellas desarrollan normas ya aprobadas, pero cuya tramitación parlamentaria se vio interrumpida por la convocatoria de elecciones. Otras, en cambio, desarrollan planes y estrategias generales sobre materias como la desertificación, la inteligencia artificial o la gestión de los recursos hídricos.

Las 18 reformas de la adenda de los fondos europeos: del impulso de la vivienda social a la modificación de la tarifa regulada eléctrica

La modificación incluida en el plan de recuperación se desarrolla a través de 52 enmiendas basadas en "circunstancias objetivas" que justifican los cambios y que en su mayor parte buscan prorrogar los plazos. Entre esas circunstancias, se citan las alteraciones en las cadenas de suministro, la elevada inflación, la falta de demanda en algunas medidas o la aparición de dificultades legales y administrativas no previstas. Además, las modificaciones no afectan a reformas clave como la de las pensiones o la fiscal, como ya había señalado el Gobierno cuando presentó el proyecto de adenda el pasado junio. 

La Comisión Europea señala que en la adenda "España no elimina ni reduce significativamente ninguna inversión o reforma, sino que añade inversiones y reformas adicionales". "Entendemos que casi todos los Estados miembros deberán retocar su plan porque las prioridades van cambiando, no es algo que nos preocupe. España no es un caso aislado", señalan, en este sentido, fuentes comunitarias consultadas por 20minutos.

Tras recibir el visto bueno de la Comisión Europea, la modificación del plan de recuperación español debe ser aprobada ahora por el Consejo de la UE, que puede demorarse un máximo de cuatro semanas. Si el Consejo da luz verde, España podrá acceder a otros 1.400 millones de euros en concepto de prefinanciación por el REPowerEU. Asimismo, el Gobierno en funciones podrá solicitar el cuarto desembolso de los fondos a partir de este lunes, algo que en el Ministerio de Asuntos Económicos prevén que suceda pronto. 

Sin peajes en las autovías en 2024

El plan de recuperación original aprobado en 2021 incluía en su primer componente el compromiso de aprobar una Ley de Movilidad y Financiación del Transporte que incluyera "un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad" para cubrir los costes de mantenimiento y las externalidades medioambientales negativas con vistas a implementarla en 2024.

Este compromiso, que ahora desaparece a petición del Gobierno español, se planteó antes de que los precios de la energía se dispararan tras la invasión rusa de Ucrania y su aplicación había quedado en entredicho tras los fuertes aumentos en los costes del transporte por carretera. La Comisión era consciente de las dificultades para implantar esta medida en un contexto como el actual y ha aceptado sustituirla por un compromiso de promover el transporte de mercancías por ferrocarril. Un planteamiento que va en la línea de las recomendaciones que Bruselas planteó a España el pasado mes de mayo.

En la decisión de Bruselas de aceptar la supresión de los peajes ha pesado mucho el hecho de que la UE comenzará a cobrar por las emisiones de CO2 también al transporte por carretera a partir de 2027. A partir de esa fecha, el sector tendrá que comprar derechos de emisión de CO2 para poder contaminar, como ya ocurre con la industria de gran consumo de energía, la aviación comercial o las empresas generadoras de electricidad y generación de calor.

Respecto a la supresión de los peajes del texto, la Comisión señala que la ambición del plan español permanece inalterada y que la nueva propuesta "contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del transporte por carretera, a la vez que aborda las recomendaciones específicas por país".